El campo español ha logrado, en dos semanas de protestas, numerosas promesas y concesiones del Gobierno que dependen de Bruselas, de donde pueden salir medidas azuzadas por la cercanía de las elecciones y la movilización masiva de los agricultores.

En este escenario, el sector agrario español cumplirá mañana dos semanas de movilizaciones, durante las que el Gobierno ya ha prometido un conjunto de 18 medidas y la Comisión Europea (CE) ha anunciado cesiones, en reacción al arranque de un 2024 en el que el campo de la UE se ha echado a las calles y a las tractoradas.

Muchas de las concesiones que han conseguido los agricultores -y que ven insuficientes- están condicionadas a los resultados del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea que se celebrará el día 26, según explicará el titular del ramo, Luis Planas hoy, en una reunión que tiene prevista con los consejeros autonómicos.

El sector primario se queja del infierno burocrático que supone la Política Agraria Común (PAC), así como la orientación verde de la UE.

España defenderá varios planteamientos de simplificación como la derogación de la rotación de cultivos y la relativa a superficies no productivas en el regadío.

Por su parte, la Comisión Europea permitirá en la campaña 2024 flexibilizar la norma que obliga a los agricultores a mantener parte de sus explotaciones en barbecho.

Esto significa que en vez de tener que dejar yermo el 4% del terreno cultivable, podrán plantar cultivos fijadores de nitrógeno (lentejas, guisantes o alubias) o en un 7%, cultivos intermedios -los que crecen entre dos principales y pueden servir como forraje o abono verde-.

Otras concesiones españolas tienen que ver con el cómputo de los años de rotación, el suelo, el abono o un régimen simple para las explotaciones que perciban hasta 5.000 euros.

En cuanto a los ecorregímenes de la PAC, España ha ofrecido ampliar las modalidades teniendo en cuenta las zonas áridas.

 Otra de las concesiones más concretas es hacer voluntario el cuaderno digital de explotación. Fue una idea del Gobierno español, pero la CE la ve con muy buenos ojos para modernizar la gestión, obtener ventajas digitales.

Y entre las exigencias más importantes está la de garantizar precios justos y el reparto de márgenes en la cadena.

Y, finalmente, el sector reclama controlar las importaciones y aplicar «cláusulas espejo», que significan igualar los requisitos de los productos internos y de los importados, desde un punto de vista ambiental o ético.