Soria, provincia con menos población de España

Ical
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Supera los 90.000 habitantes

Soria, provincia con menos población de España

Las provincia de Soria supera los 90.000 habitantes y se mantiene como la provincia con menos ciudadanos de España, tras las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta. En concreto, el padrón marca que la provincia cuenta con 91.150 habitantes, según expuso el delegado del Instituto Nacional de Estadística en Soria, Antonio Delgado, en la Comisión de Asistencia al Subdelegado, quien añadió que aunque supone un incremento de población, es algo inferior al incremento que supuso 2023 con respecto a 2022 que fue del 1,25 por ciento.

El proceso de aprobación de las cifras oficiales de población de la provincia a 1 de enero de 2024 comenzó el pasado mes de marzo con la comunicación de la cifra inicial de población del INE a todos los ayuntamientos de la provincia.

En septiembre se aprobaron provisionalmente las cifras de población a 1 de enero de 2024 por la Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento una vez resueltas las alegaciones presentadas por los ayuntamientos que discrepaban con la cifra inicial del INE. Se emitió el informe correspondiente al Consejo de Empadronamiento, quien, tras analizarlo y votarlo, lo trasladará para su aprobación por el Gobierno este mes de diciembre.

Por otra parte, ya está en marcha el inicio del proyecto del Padrón on-line, auspiciado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y el INE. Se trata de llegar a un Padrón actualizado en tiempo real, que supone pasar de un sistema de intercambio mensual de información entre el INE y los ayuntamientos a un sistema basado en comunicaciones inmediatas, seguramente mediante servicios web, entre los padrones municipales y el INE.

La Diputación Provincial, con los fondos que ha recibido del Gobierno de España para tal cometido, fue la encargada de redactar el proyecto que permita a los ayuntamientos la adaptación al nuevo sistema. Están incluidos todos los municipios de la provincia.

En una primera fase (hasta mediados de 2025), deberán actualizar ficheros de viviendas que ha proporcionado el INE, según unas normas técnicas, sobre los que se cimentará una base de datos de territorio estructurada y con identificadores únicos para cada vivienda. La referencia catastral de las viviendas será determinante en esta fase.