Ecuador y México viven un momento crítico en sus relaciones bilaterales. Asilo,  inviolabilidad de las embajadas, expulsiones de diplomáticos y ruptura de relaciones son elementos que se encuentran vinculados en este momento a la crisis por la que pasan estos dos países latinoamericanos.  

Tras la irrupción el pasado viernes de la Policía ecuatoriana en la legación del país azteca para detener a Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa y acusado de apropiación indebida, entre otros delitos, el Gobierno del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha puesto todo su empeño para convencer a sus aliados de que el cisma causado por el asalto a la Embajada fue un acto de compromiso en la lucha contra la corrupción, aunque dicha acción puede acarrearle graves sanciones económicas, según indican distintos analistas.

A pesar de ello, Ecuador sigue con la incertidumbre sobre las consecuencias que traerá para el país la entrada violenta a la oficina diplomática de México en Quito y la consecuente ruptura de relaciones bilaterales decretada por el presidente López Obrador.

Noboa justificó esa incursión porque debía detener a Jorge Glas, acusado de corrupción y quien se había refugiado en esa sede a la espera del asilo político.

Previamente, Quito había declarado persona non grata a la embajadora mexicana Raquel Serur, que este pasado domingo regresó a su país con todo el personal de la legación diplomática.

México, que recibió el respaldo unánime de la comunidad americana, pondrá una queja en el sistema internacional de justicia por el agravio causado por Ecuador, ahora vulnerable incluso a graves castigos de tipo financiero y comercial.

El Ejecutivo ecuatoriano identificó a Glas, alfil del expresidente  Correa, como la antorcha de su lucha anticorrupción y recordó que ya fue condenado por asociación ilícita y cohecho, además de estar siendo investigado en otro caso de malversación de fondo públicos.

Glas, que niega los cargos y dice ser víctima de persecución política y judicial, espera que la justicia local tramite una demanda de hábeas corpus presentada por su defensa, que considera ilegal su arresto en la oficina diplomática.