De todos los vuelos comerciales que aterrizan mensualmente en Canarias, algo más de 18.000, apenas 20 hubiera tenido capacidad para transportar a las 320 personas que llegaron a El Hierro un sábado de noviembre del pasado año en un solo cayuco, el mayor de las decenas que aquellos días pusieron rumbo a La Restinga desde Senegal con miles de emigrantes a bordo, muchos de ellos niños.

El pasaje de la embarcación más grande que ha conocido la Ruta Canaria desde su apertura en 1994 (precedido y seguido de otros muchos por encima de los 200 ocupantes) permite aproximarse al calado de lo ocurrido en cuatro semanas que pasarán a la historia, porque nunca antes habían llegado casi 16.000 personas en patera a España en solo un mes.

A comienzos de verano, la Ruta Atlántica parecía haberse estabilizado; de hecho, llevaba meses dando signos de cierta contención con 12.192 llegadas a 30 de junio después de tres años en los que había servido de vía de entrada en Europa a 61.265 personas (23.271 en 2020, 22.316 en 2021 y 15.678 en 2022).

Tanto el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como el de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, venían atribuyendo ese descenso al mayor esfuerzo de Marruecos por controlar las salidas de barcas con emigrantes irregulares desde que Madrid y Rabat normalizaron sus relaciones el pasado mes de febrero. Pero en la política migratoria, suele funcionar el principio de que «cuando una ruta se tapona, otra se abre». Y generalmente más larga y arriesgada. Así, a finales de mayo volvieron a verse en Tenerife y El Hierro las embarcaciones de pesca artesanal típicas de Senegal y Mauritania, que llevaban cerca de dos años inéditas en Canarias.

Fueron nada más que 12 entre mayo y junio, con menos de un millar de personas. Desde que empezó 2023 y hasta ese momento, El Hierro solo había recibido una patera con nueve inmigrantes, porque hacía tiempo que la presión estaba volcada sobre Lanzarote y Fuerteventura, las islas más próximas a África, pero los miembros de los equipos de emergencia ya se lo tomaron como un serio aviso de que algo estaba cambiando, sobre todo los veteranos de la crisis de 2006.

No solo porque un cayuco equivale, grosso modo, a cuatro o cinco pateras (desde años atrás solía tomarse la cifra de 200 personas como el tope de capacidad de ese tipo de embarcaciones, algo que luego la realidad desbordó de largo), sino también por los puntos de salida: Saint-Louis, Kayar, Joal, Kafountine o Dakar.

Es decir, Senegal: el país que en la crisis de 2006 provocó un récord de llegadas a Canarias, 31.678, en un éxodo masivo de sus jóvenes hacia España difícilmente repetible (o eso se pensaba entonces), pero que de nuevo daba signos de inestabilidad, con tensiones sociales y políticas añadidas a los efectos de la crisis económica y el hundimiento de la pesca tradicional.

Más que vecinos

Las últimas cifras oficiales de entradas de migrantes por costa a Canarias, 36.640 (a 12 de diciembre del 2023), desbordan con creces el listón de la crisis de los cayucos de 2006 y anuncian que, con toda seguridad, España va a superar las 50.000 llegadas en el año por primera vez desde 2018, cuando se estableció el máximo histórico aún vigente: 57.498 personas llegadas en patera a España, en su mayoría cruzando el Estrecho de Gibraltar y el Mar de Alborán. Ya son 49.376.

Esos números ocultan algunas realidades apabullantes, como esta: El Hierro recibió más personas en dos meses que las 11.280 que residen en la isla. O esta otra: en las 14 semanas transcurridas desde el 1 de septiembre han sido rescatados en Canarias 25.201 desplazados, más que en cualquiera de los 28 años previos que abarca el histórico de la Ruta Canaria, con la sola excepción de 2006, ejercicio en el que arribaron 31.678 subsaharianos. 

A pesar de que mantiene buena parte de los recursos de acogida que se abrieron con carácter de emergencia en 2020, al Gobierno de las islas le hubiera sido imposible asumir sola ese enorme volumen de llegadas.

Sin embargo, y a diferencia de lo ocurrido hace tres años, cuando el colapso humanitario del muelle de Arguineguín, esta vez el Ministerio de Inclusión y Migraciones ha apostado por derivar en muy pocos días a los recién llegados a plazas repartidas por buena parte de la península, con protestas puntuales de algunos gobiernos autonómicos y ayuntamientos, que se han ido diluyendo con el tiempo.

El mecanismo ha servido para aliviar los recursos de Canarias, ahora destinados a primera acogida. Con una excepción, los menores de edad.

Canarias tutela ya a unos 4.700 niños y adolescentes africanos no acompañados, más del doble de los que tenía a su cuidado antes del verano. Y lleva años pidiendo una reforma legal que obligue al Estado y al resto de autonomías a compartir esa responsabilidad, porque los mecanismos voluntarios de solidaridad no han funcionado.