La Junta llevará al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que el Gobierno tendría que convocar a principios de este año según el compromiso adquirido por Pedro Sánchez en la Conferencia de Presidentes del pasado 13 de diciembre, la reforma de la financiación autonómica, cuando el Ministerio solo pretende abordar la quita de deuda a las autonomías.
«Lo pediremos, lo demandaremos», dijo el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, en Los Desayunos de Ical, donde recordó que también lograron incluir este asunto en el orden del día del último CPFF y de la Conferencia de Presidentes, gracias a la mayoría de autonomías gobernadas por el PP, pero «sin lograr información alguna».
Fernández Carriedo explicó que como la mayoría de las comunidades del PP les permite incorporar algunos asuntos para su debate, pero criticó que cuando lo llevaron en julio al CPFF, salieron de la reunión como entraron, lo mismo que sucedió en la Conferencia de Presidentes. «No sé si para enero nos va a dar alguna información, pero es una exigencia que tenemos encima de la mesa», dijo.
El consejero portavoz razonó que el modelo de financiación es lo que importa abordar «urgentemente» porque lleva once años caducado y puso el foco en que no se trata de las autonomías sino de cómo se prestan los servicios públicos a los ciudadanos. «Nosotros tenemos un problema de financiación, no de endeudamiento», dijo, para remarcar que el sistema se ha quedado «claramente antiguo» y las autonomías requieren recursos para financiar los servicios públicos esenciales, como sanidad, educación y servicios sociales, según informa Ical.
Carriedo recordó que el modelo concluyó su vigencia en 2014 y desde entonces «han cambiado mucho las cosas» ya que desde que se firmó en 2009, se ha pasado por una crisis económica, una pandemia y otra crisis de inflación y precios.
«El que se hable de quita de la deuda no es nuestra prioridad», repitió, para poner sobre la mesa que Castilla y León está entre las autonomías menos endeudadas. Eso sí, quiso dejar claro que no se puede olvidar que lo que pretende el Gobierno no es perdonar la deuda, sino que se quite por una exigencia de los partidos separatistas.
«Lo que quiere el Gobierno es que la deuda en la que han incurrido los partidos separatistas como consecuencia de un proceso separatista sea asumida por los españoles y, por tanto, también por las personas de Castilla y León», advirtió.
Una situación, prosiguió, que es «muy perjudicial para nosotros» porque «no se trata de perdonar deuda, se trata de que esa deuda la paguemos entre todos».
El consejero de Economía y Hacienda también criticó como otro punto negativo de la cita prevista que no saben «nada más» frente a unos partidos separatistas que «ya tienen asumido un compromiso por parte del Gobierno de 15.000 millones, una cifra que los demás desconocemos cómo se va a aplicar ni qué efecto va a tener».
Asimismo, lamentó que tres años después (a finales de 2021) de que Hacienda remitiera un borrador sobre la reforma del sistema para conocer la postura de las autonomías y que Castilla y León respondió en enero de 2022, aún «no se sepa nada». «Se nos dio un mes para responder al documento y llevamos tres años en que no se ha respondido formalmente», indicó.
Alquiler mensual.
Eso sí, insistió en lo que sí se sabe, y es que La Moncloa «tiene un precio de alquiler mensual» y «Pedro Sánchez lo está pagando religiosamente a los partidos separatistas». El problema, continuó, es que «esa cuota la paga con lo que es de todos».
«Un día la cuota del alquiler es la amnistía; otro día la cesión de las competencias en inmigración; otro subir impuestos a los españoles pero no en algunas comunidades; otro condonar la deuda; otro el cuponazo separatista y un modelo de financiación separado...», dibujó.
Carriedo también enmarcó en ese pago la decisión de reparto adoptada dentro de la reforma fiscal sobre la recaudación del impuesto a la banca, bajo criterios de PIB, por el que cobrará más el que más tiene.