Los subdirectores y secretarios provinciales del Instituto de la Seguridad Social (INSS) han convocado movilizaciones y estos puestos de Soria se han sumado a los paros indefinidos, que serán de 11 a 13 horas. A partir del uno de abril habrá paros indefinidos durante tres días a la semana ante la falta de respuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a la situación de colapso de la gestión de este organismo que vienen denunciando los directivos, quienes exigen "soluciones estructurales para revertir la situación de caos de una entidad gestora que, con una estructura del siglo pasado y unas plantillas envejecidas y mermadas, pretende hacer frente a los colosales retos de la protección social del siglo XXI".
"Somos una entidad modélica en gestión y atención al ciudadano y lo que se está viviendo es muy preocupante y está repercutiendo en los equipos de valoración de incapacidad", también en Soria, donde no está habiendo sesiones. Los directivos de Soria convocados al parón -subdirecciones de pensiones y secretaría provincial- son puestos técnicos con un alto grado de compromiso con el ciudadano, pero se ven en obligados a reivindicar mejoras en los servicios.
REIVINDICACIONES
Esta situación, denuncian, agrava el deterioro de la gestión en prestaciones sociales de una relevancia vital para el conjunto de los ciudadanos y empresas. La huelga convocada ha supuesto la suspensión de la actividad regular de los tribunales médicos (equipos de valoración de incapacidades), de los que la mayoría de estos directivos son sus presidentes, con más de 80.000 expedientes de incapacidad permanente pendientes de calificación y miles de expedientes paralizados. Además, denuncian que 130.000 trabajadores tienen una baja médica que dura más de un año, casi el doble que hace dos años, y 50.000 trabajadores más cada año alcanza este umbral de duración máxima de las bajas laborales, un 80% más. En los últimos cinco años, eliminando el efecto de la pandemia de 2020, "las cifras son escalofriantes, habiéndose triplicado, con 100.000 trabajadores más con bajas de duración superiores a los 365 días". Aportan más datos como que "casi 50.000 trabajadores alcanzan con enorme facilidad el plazo máximo legal de 545 días, con un incremento del 30% y 10.000 trabajadores en el último año", al tiempo que se duplica el número de trabajadores que superan todos los plazos máximos legalmente previstos más allá de los 735 días, con más de 7.000 trabajadores en esta situación.
Los directivos recuerdan que la ley no contempla, salvo supuestos muy excepcionales, que la baja médica de un trabajador se prolongue más allá de los 735 días y, sin embargo, este número se duplica y crece en 4.000 trabajadores en poco más de un año. "Las consecuencias para las empresas y las mutuas y en general para todo el sistema de la Seguridad Social son nefastas, con trabajadores sin un pronunciamiento sobre su situación médico-laboral, que se alejan cada vez más de sus empresas o negocios, con una generación de falsas expectativas de prestaciones y desconexión del mundo laboral y dificultades para su reinserción", inciden.
INGRESO MÍNIMO VITAL
Apuntan, igualmente, que más de 100.00 familias en situación de desamparo esperan una respuesta de su solicitud de Ingreso Mínimo Vital (IMV), ya que esta nueva prestación "se ha tenido que asumir por unidades de gestión que no estaban preparadas ni formadas y que carecían de recursos humanos y materiales para gestionar una avalancha de tres millones y medio de expedientes". "Cuatro años después, una prestación tan importante para las familias se gestiona prácticamente en exclusiva por funcionarios interinos, con decenas de miles de expedientes sin resolver y con cambios continuos de criterio de los requisitos de acceso, que han generado inseguridad jurídica con miles de reclamaciones y deudas a estas familias en situaciones de vulnerabilidad", añaden.
"Las oficinas de atención al ciudadano de la Seguridad Social están desbordadas por la creación de nuevas prestaciones, el descontrol de las incapacidades laborales, el aumento de las solicitudes de jubilación por los cambios normativos y la llegada de la edad legal de la generación del baby boom, la dilatación de los tiempos de tramitación, el incremento de las reclamaciones y revisiones... están colapsando las oficinas del INSS, con dificultades para la obtención de cita previa e incrementando la conflictividad y empeorando las condiciones de trabajo", denuncian alertando de que se disparan las quejas de los ciudadanos, multiplicándose por seis en tres años, de 2.000 al año a 17.000. Así que manifiesta que los paros continuarán hasta que sean atendidas las peticiones, tendiendo la mano a los responsables políticos del ministerio para evitar el deterioro de la situación y los perjuicios para familias y trabajadores.