Tomando únicamente el primer cuatrimestre de 2024, podemos encontrar que, solo con los diez casos considerados como los más importantes en corrupción, existe una pérdida conjunta de 51.984 millones de euros. La presencia de nuevos y mayores casos en medios de comunicación cada vez son más constantes y, sobre todo, con mayores repercusiones.
La ocurrencia de estos casos recientes, con tanta fuerza de promulgación, podría ocasionar el efecto de olvidar otros tantos producidos con anterioridad. Incluso, podría quitar del foco a otra gran parte de casos de menor estela y cuya repercusión pueda ser más infravalorada, pero no por ello menos perjudicial. No resulta extraña tampoco la afirmación de que la población española ha perdido en gran medida su confianza en las instituciones públicas, más en específico en aquellas dentro de la esfera política.
En este sentido, España es uno de los países con menor confianza en sus políticos y en sus decisiones. El estudio formulado en este trabajo tiene la pretensión de no solo quedarse en una cifra, sino de plantear posibles escenarios en los que la economía española ha perdido rentas más productivas que dieran lugar a un desarrollo del PIB, una mayor competitividad en el ámbito internacional, una asignación y empleo de recursos más eficientes y, en definitiva, un mayor bienestar para el ciudadano, como para las empresas. Contar con un sistema jurídico que funcione sin desviaciones les permitiría actuar como agentes económicos sin menoscabo de sus posibilidades de inversión y crecimiento.
En todo caso, la finalidad buscada en este trabajo consiste en abordar el peso de la corrupción para todo ciudadano español y despertarlo de su pasividad ante esta, pues como veremos, llegamos a verla como una parte más del sistema jurídico y normativo del Estado español.
Esta apatía, cimentada por su reiteración y continuos escándalos, solo puede resquebrajarse concienciando de la magnitud del lastre que cada uno, de forma casi imperceptible, llevamos a nuestras espaldas.
¿Cómo medimos la corrupción? Debido a la naturaleza del objeto que estamos estudiando, que por su ilegalidad se oculta y esconde, es comprensible pensar que su estudio puede carecer de precisión. Para solventar estas carencias debido a su ocultación y a la existencia de casos todavía no detectados, resulta apropiado emplear indicadores basados en las percepciones de los ciudadanos.
indicadores. De cara a nuestro estudio, vamos a apoyarnos en los datos recabados de dos indicadores. El Worldwide Governance Indicators (WGI), un índice creado por creado por el Banco Mundial, recoge información de 200 países, proporcionando datos sobre su gobernanza y su respectiva calidad institucional. Se constituye mediante una extensa lista de subíndices específicos provenientes de 31 organizaciones públicas.
Dentro de este indicador se analizan diferentes variables como 'la voz y rendición de cuentas', 'estabilidad política y ausencia de violencia', 'efectividad gubernamental', 'calidad regulatoria', 'respeto a la ley y contratos' y 'control de la corrupción'. Exceptuando la 'estabilidad política y ausencia de violencia' debido a su dependencia a factores que tienen poca correlación con la materia tratada, se observa en todos estos aspectos una reducción paulatina en el tiempo que refleja un serio perjuicio de la calidad institucional española. Al compararse con otros países europeos, vemos que, en general, tomando como referencia a países como Alemania, Francia, Portugal, Grecia e Italia, nuestro país se encuentra por debajo de estos tres países y ligeramente por encima de Grecia e Italia en lo que respecta a calidad institucional.
El Índice de percepción de la corrupción resulta ser el más empleado, tratándose de un ranking de países en función de las percepciones de corrupción que se perciben en cada país. Se trata de un proyecto de la organización Transparency International, cuyos datos podemos ver presentes en los eurobarómetros realizados por la Comisión Europea.
Las puntuaciones obtenidas para cada país oscilan en una escala de 0 a 100, para la cual 0 refleja un alto grado de corrupción y 100 supondría la nula presencia de esta.
De forma análoga a este índice, surge el Índice de Tolerancia a la corrupción con la finalidad de complementar la información y mostrar la aceptación de la sociedad ante la corrupción. Ambos índices operan de la misma forma. Como se observa en el gráfico 1, ambos medidores han ido perdiendo puntuación, tanto en España, como para nuestro país vecino, reflejando que la ciudadanía, ante un nivel constante de crecimiento de la corrupción, no le queda otro remedio que aceptarla y relativizarla, dando lugar a este aumento de la tolerancia a la corrupción.
evolución de la corrupción. Como el lector bien conoce y sabe, la corrupción no es un fenómeno aislado, único de un momento o periodo determinado, sino que ha convivido a lo largo del desarrollo y crecimiento de toda civilización.Con esto presente, me parece destacable el repaso histórico de la corrupción en nuestro país y el pararnos en este apartado a analizarlo.
Para esta compleja tarea, me gustaría reconocer y apreciar la gran labor realizada por el economista José Abreu. Su obra, bajo el nombre La corrupción política en España: un análisis descriptivo (2000-2020), detalla con gran nivel de precisión la corrupción de la cual nuestro país ha sido doliente desde el 2000 hasta el 2020.
De este periodo se extrae la numerosa cantidad de 3.743 casos de corrupción, lo cual de por sí nos evidencia un grave problema de calidad institucional y una pésima imagen de la Administración Pública para la ciudadanía. Un 85,2% de estos casos sucedieron en municipios.
Este dato, de igual manera, refleja una escalofriante aproximación de la revelación de un caso de corrupción cada dos días, lo cual no tiene en cuenta los casos que hayan pasado inadvertidos.
Podemos ver su evolución de mejor manera en el gráfico sobre Casos de corrpución en España, pudiendo interpretarse que 2014 fue el año con mayor corrupción. No obstante, mi interpretación es que fue el año en el que mejor operaron los mecanismos de Justicia. Como vemos, desde el año 2000 hasta el 2014 existe una tendencia alcista de casos de corrupción en los cuales la revelación de casos es superior a la imputación.
A razón de esto, la sociedad ha podido manifestar su disgusto y rechazo, forzando a las autoridades a una mayor implicación y a aumentar la imputación de estos casos.
A partir del 2014 vemos que sucede justamente lo contrario, la tendencia disminuye y la revelación de casos suele ser menor que su imputación, como si de una manera deliberada se estuviesen ocultando ciertas causas anticorrupción y disminuyendo en la población el malestar que ocasione su protesta.
estudio macroeconómico. En este apartado vamos a efectuar un análisis macroeconómico sobre el impacto que tiene la corrupción en nuestro país. Siguiendo esta línea, existen diferentes postulados que relacionan, a través de sus teorías empíricas, la influencia negativa que tiene este cáncer de la calidad institucional sobre el crecimiento económico, así como el propio bienestar social.
Mauro (1995) afirma en su teoría que la corrupción supone un detrimento de la inversión sobre el PIB, ya que aumenta la incertidumbre y perjudica las posibilidades de obtener rentabilidad de estas. Esto se ve apoyado por Habib y Zurawicki (2001) y por Javorcik y Wei (2009) que muestran que la corrupción desincentiva la inversión, especialmente la externa, ya que la imagen de nuestro país se deteriora de cara al exterior y llega a funcionar como un impuesto adicional.
De forma complementaria, Mauro (1995), expone que el gasto público se desvía a otras áreas menos productivas obedeciendo a criterios arbitrarios y favoritismos políticos, perjudicando la capacidad productiva del país. Tanzi y Davoodi (2000) evidencian que la corrupción altera la estructura de los tipos impositivos, agravando la capacidad adquisitiva de los consumidores y, por ende, su consumo aminora.
Los efectos de estas teorías se plasman en la realidad, estableciéndose estimaciones, provenientes del FMI, de que nuestro país pierde en torno a 60.000 millones de euros al año, lo que supera con creces lo invertido en educación o en sanidad.
CONCLUSIÓN
Nuestro país lleva un lastre que no solo ha perjudicado a su productividad y relaciones comerciales, sino que ha significado la lapidación de nuestra integridad y valores como sociedad.
Tras la elaboración de este trabajo me atrevo a advertir que la famosa "Dama de la Justicia" no lleva una venda en los ojos para ser imparcialidad, sino para no ver la degeneración de lo que representa.
La percepción del aumento de la corrupción no sorprende, hallándonos ante una sociedad cuya enfermedad se ha expandido tanto que finalmente lo acepta como parte de sí mismo.
Así como un paciente que lleva un largo periodo de extenuación y sufrimiento por su enfermedad, nuestro país ya no sabe qué es contar con un sistema limpio que vele por su desarrollo como individuos y la constitución de una sociedad fuerte en valores.
Aunque la eliminación de la corrupción parece algo utópico, es una meta dentro de los ideales de Justicia que, como sociedad, debemos aspirar, reclamando la imparcialidad real del poder judicial, así como de todo mecanismo de control, una actuación focaliza en los municipios y la separación del Gobierno de los medios de comunicación.