La reciente ceremonia de jura de la Constitución por parte de la Princesa Leonor ha reavivado un debate latente en la sociedad española: ¿Por qué, en pleno siglo XXI, y bajo el principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución, persiste el sistema de monarquía hereditaria en España?
Es innegable que la Princesa Leonor es una joven con un futuro prometedor, pero su acceso a un puesto público de tal envergadura se basa exclusivamente en su linaje familiar. Mientras tanto, miles de ciudadanos, igualmente capaces y talentosos, se ven excluidos de la posibilidad de optar a la jefatura del Estado. Esto plantea una seria contradicción con el principio de igualdad ante la ley. Yo, como hijo de funcionario del estado, podría heredar su plaza si nos regimos por el mismo parámetro. Pero claro, en este caso todos entendemos que el acceso a esta plaza sea mediante una oposición pública.
Por eso, la monarquía hereditaria plantea interrogantes éticos. ¿Es justo que alguien adquiera un cargo público de tal relevancia sin haber demostrado méritos o haber pasado por un proceso de selección? En un contexto donde la meritocracia y la igualdad de oportunidades son valores fundamentales, la monarquía hereditaria parece estar en desacuerdo con estos principios.
Podemos estar de acuerdo que el rey Felipe VI o su sucesora, la Princesa Leonor, son personas altamente preparadas para el cargo, con sus vidas dedicadas a ello, por eso este tipo de sucesión no nos parece mal pero, ¿qué ocurriría si de repente tuviera que recaer la jefatura del estado en la tercera persona de la línea de sucesión, la Infanta Elena, como primogénita del Rey Juan Carlos y, posteriormente, en su hijo Froilán? ¿Seguiríamos pensando que son los representantes idóneos para nuestro país?