Más de cinco años ha estado bloqueada la administración de la Justicia por falta de acuerdo entre el gobierno y el PP para proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, cuya presidencia lleva aparejada la presidencia del Tribunal Supremo.
Tras ese largo tiempo de acusaciones mutuas, finalmente en unas negociaciones entre Félix Bolaños y Esteban González Pons en Bruselas, con el comisario europeo de Justicia como mediador, se acordó una lista de 20 nombres, diez a propuesta del PP y 10 a propuesta del gobierno. Luego hubo polémica con la elección de la presidenta, y ante el temor de nuevo bloqueo el gobierno aceptó la sugerencia del PP: ampliar la lista de candidatos con dos o tres nombres más, para elegir a una magistrada de reconocido prestigio, Isabel Perelló, de tinte progresista pero sobrada solvencia profesional.
En la apertura del año judicial, sabían los participantes en ese acto solemne presidido por el Rey que el reto para quienes administran justicia es demostrar, y hacerlo con urgencia, que cada uno de ellos, desde sus puestos de responsabilidad, deben hacer valer que por encima de ideologías y compromisos personales y profesionales se deben al espíritu del oficio que han elegido. Para jueces y fiscales su máxima exigencia debe ser ejercerlo con respeto total a los principios de independencia y a las reglas básicas del Estado de Derecho.
El CGPJ presidido por Isabel Perelló con una veintena de vocales que Psoe y PP consideran adecuados para ejercer con rigor sus responsabilidades de garantizar la impecable administración de la Justicia, tiene como principal urgencia la elección de los altos cargos que el bloqueo ha impedido cubrir, más de cien presidentes de tribunales en los que se acumulan asuntos de relevancia. Desde la Audiencia Nacional, hasta el Supremo, audiencias y tribunales regionales y provinciales.
Infinidad de españoles consideran que la politización de la Justicia es uno de los asuntos más graves de la Administración española, y aunque la mayoría de los jueces y fiscales son inflexibles en la aplicación de la Ley, andamos sobrados de ejemplos que provocan preocupación, y que este gobierno se niega sistemáticamente a reconocer que existen.
Dos nombres han dado motivos para dudar de su obligada independencia frente al poder Ejecutivo; el presidente del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, y el Fiscal General Alvaro García Ortiz. Este lunes ha llegado al TC el recurso del PP sobre la ley de amnistía. El ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo ha solicitado que se le permita abstenerse por la vinculación que tuvo con la redacción de esa polémica ley. Un problema para el TC, porque no es el único miembro del alto tribunal que se encuentra en parecida situación.
Ojalá el nuevo clima que se abre paso tras el desbloqueo del CGPJ sirva para demostrar que jueces y fiscales no se casan con nadie, excepto con lo que dice la ley. Pero … hay razones para el escepticismo.