«La última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre interinos obliga a la Administración a replantearse la normativa existente». Esta valoración es del presidente en funciones de la Sala Social del Tribunal Supremo, Antonio Sempere, en declaraciones a Economist & Jurist, tras conocerse el fallo dictado por el TJUE que apunta a que España está incumpliendo el Acuerdo Marco comunitario sobre el trabajo de duración determinada en la Administración. 

La tasa de temporalidad del sector público, impulsada por la alta eventualidad en comunidades autónomas y ayuntamientos, roza el 30%, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2023. Por lo tanto, si la provincia cuenta con 8.453 empleados públicos, tal y como figura en el último 'Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas' (Ministerio para la Transición Digital y de la Función Pública), uno de cada tres trabajadores es interino o temporal, es decir, unos 2.500 están en estas condiciones. Y si a 31 de diciembre de 2024 la tasa de temporalidad (Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público) tiene que bajar del 8%, la Administración debe estabilizar más de 1.800 plazas en Soria a lo largo del presente ejercicio.

En este contexto, hay que señalar que cada administración tiene unos tiempos y quedan patentes diferencias entre servicios públicos, refieren las organizaciones sindicales y la Plataforma de Interinos y Temporales de Castilla y León. Coinciden en que, en general, es complicado llegar a ese 8% de temporalidad en la fecha tope, cuando en muchos casos ni siquiera se ha activado la maquinaria para la estabilización de plazas. Cabe reseñar que hay ayuntamientos pequeños que ya han hecho los deberes o la propia Diputación Provincial tiene encauzadas las convocatorias, por lo que en estos casos es más viable llegar a la meta establecida.

Volviendo a las estadísticas, de los 8.453 empleados públicos de Soria, 1.460 trabajan para el Estado (609 para la Administración General; 711, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; y 140 en juzgados y tribunales); mientras 5.161 están empleados en los distintos servicios de la Administración autonómica, y 1.832 en entidades locales.

Los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno en Soria señalan que la Administración General del Estado cuenta con 39 trabajadores interinos. La mayoría fueron contratados después de la pandemia, en concreto 34, fueron destinados al Servicio Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) -nueve-, a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) -diez- y al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) -15-. Por lo tanto, si el Estado tiene 1.460 empleados públicos en la provincia, la tasa de temporalidad es del 2,5%, aunque se eleva al 5,5% si se aplica solo a los empleados de la Administración General (609).

Sin embargo, la Plataforma de Interinos y Temporales de Castilla y León maneja unos porcentajes muy superiores en lo que se refiere a la Administración regional. Así, asegura la presidenta de este colectivo, Dolores García, el 35,5% de los empleados públicos de la Administración General de Castilla y León, Docentes e Instituciones Sanitarias son temporales. En total, 32.817 personas. Si esa proporción se traslada a los 5.161 trabajadores en Soria, la eventualidad afecta a unos 1.800. 

Por otra parte, en el caso de los empleados públicos de los ayuntamientos, la tasa de temporalidad a nivel nacional, según la EPA del cuarto trimestre de 2023 referida al inicio, es de casi el 33%, un cálculo que si se aplica a los 1.832 empleados de entidades locales en Soria arroja una cifra de 604 trabajadores no fijos.

«Cuando empezamos con los procesos de estabilización éramos entre 2.000 y 3.000 temporales e interinos en Soria, pero ahora es más complicado concretar un cifra. Hay ayuntamientos que han consolidado a los trabajadores que estaban en abuso de temporalidad y han estabilizado plazas. Pero las administraciones grandes en la provincia no han solucionado el problema. El Ayuntamiento de Soria aún no ha convocado nada; la Diputación ha hecho convocatorias pero todavía no ha resuelto; y la Junta, igual. Además, la Diputación Provincial y la Junta han publicado menos plazas de las que deberían, porque hay más empleados en abuso de temporalidad que plazas a estabilizar», resume la presidenta de la Plataforma de Interinos y Temporales de Castilla y León, Dolores García.

En este sentido, advierte de que, por ejemplo, la Junta ha convocado «en torno al 70-80%» en la Administración General en el caso del personal laboral, mientras que en funcionarios considera que las 450 plazas para 1.200 interinos es una posibilidad «ridícula» para atender a  una rebaja de la temporalidad inferior al 8%. «Hay categorías como en agentes medioambientales o en ingenieros técnicos de obras públicas o industriales que no ha salido ni una plaza de estabilización», matiza.

ritmos «diferentes». Para el secretario general de Comisiones Obreras (CC. OO.) en Soria, Javier Moreno, el reto es «complicado» porque afecta a todas las administraciones y «cada una va a un ritmo diferente». Estima que, por volumen de plantilla, es «más fácil» de acometer para las entidades locales de menor tamaño, al igual que muestra sus «dudas» de que administraciones como la Junta de Castilla y León vayan a llegar a tiempo y consigan estabilizar todas las plazas a 31 de enero de 2024. «Mucho tienen que acelerar. Y han tenido tiempo, esto no ha sido de repente, han podido hacer una planificación para cumplir con ese objetivo del 8% que marca la Unión Europea, que es la que le da un toque a España por el abuso excesivo de la contratación temporal en las administraciones públicas. En el día a día, demuestran que son muy chapuceros y que incumplen la ley en materia de personal de forma sistemática. Ojalá me equivoque y lleguen a tiempo», significa Moreno.

El sindicalista pone el acento en que al inicio de los procesos de estabilización, la tasa de temporalidad se hallaba «en torno al 25-35%», es decir, «uno de cada tres empleados públicos», si bien asume que aquellas entidades que han acometido lo marcado por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, ya debería tener su reflejo en esa disminución de la eventualidad.

A su juicio, el «incumplimiento» de la ley «de forma recurrente» por las administraciones y la minimización de las ofertas de empleo público anuales han derivado en estas elevadas cifras de provisionalidad.

Por su parte, el secretario general de UGT Servicios Públicos de Soria, Alberto Lozano, es más optimista y  cree que «si hay voluntad política» se puede alcanzar el propósito del 8% al terminar esta anualidad. «Si se quiere, se puede cumplir con los plazos y las plazas. A partir de ahí, habrá que convocar ofertas públicas de empleo reales para que se cubran las plazas estructurales de cada administración», manifiesta.

Así las cosas, Lozano hace hincapié en que la Junta de Castilla y León «tiene los concursos y concurso-oposición más avanzados». En cualquier caso, es crítico con determinadas convocatorias que se realizan por grupos y no por categorías, por lo que un mismo aspirante no puede acceder a más de una categoría. A esto hay que añadir que los exámenes se realizan en Valladolid, lo que supone otro obstáculo para los candidatos del resto de provincias de la Comunidad. «Si, por ejemplo, se convoca solo una plaza de técnico en educación infantil o de ayudante de cocina para toda la Comunidad, no sabes ni dónde está esa plaza, tienes el examen a las 9.30 en Valladolid y 230 kilómetros de distancia, que casi te obliga a hacer noche, pues es lógico que haya gente que desista y no concurra. Lo normal es que se hagan exámenes en todas las capitales de provincia», considera.

Además, el representante de UGT apunta a la coincidencia de los procesos de estabilización con las convocatorias ordinarias de las ofertas públicas de empleo. «Alguien puede aprobar antes la plaza de estabilización que la fija», aduce.

En su opinión, el hecho de que tres de cada diez empleados públicos no ocupen una plaza fija obedece a «una burbuja» como consecuencia de la ausencia de convocatorias anuales. «Tiene que haber ofertas de empleo cada año para que no vuelva a ocurrir», insiste.

El secretario general de UGT Servicios Públicos de Soria avisa de que aunque la media de la temporalidad esté en el 30%, hay centros de trabajo, como en el caso de la residencia de Los Royales donde, por ejemplo, de 90 auxiliares de enfermería, solo cinco son fijas. «Creo que es un dato bastante gráfico», abunda.

reconducir la situación. En caso de que se consiga bajar del 8% de temporalidad, para mantener esa tasa la forma de proceder de la Administración tiene que cambiar rotundamente, según el secretario general de CC. OO. en Soria, Javier Moreno. «Lo tienen que hacer a través de concursos de traslados, para dar la posibilidad a los que ya están en las RPT y que puedan acceder a otros puestos en función de sus categorías profesionales; hay que abrir procesos de promoción interna para que los que tienen una fijeza puedan ascender; y hay que sacar oferta de empleo público para todos bajo los criterios de igualdad, méritos, capacidad y publicidad [...] Los procesos de estabilización no eran lo más deseables, pero había que acometerlos para dar una salida a la temporalidad. Pero esto no puede servir como norma general porque no se hagan procesos selectivos o no haya oferta», reflexiona.

Por último, los representantes de los trabajadores apuntan a otros dos factores que dibujan las plantillas de empleados públicos: la edad media, entre 50 y 55 años, y las vacantes que acumulan todas las administraciones en sus relaciones de puestos de trabajo, lo que redunda en la calidad de la prestación de los servicios.