Una ley de espera máxima para la atención sanitaria, programas específicos de salud mental, empastes e implantes dentales a cargo de la Sanidad pública en mayores, ayudas para las personas celíacas o la objeción de conciencia médica para no participar en abortos. Estas son algunas de las pocas concreciones que ofrecen los programas de los principales partidos políticos de cara a las elecciones del 23-J, las primeras generales de la era pospandemia. 

No es ningún secreto que la irrupción del coronavirus supuso un antes y un después en todos los ámbitos, desde el económico al educativo, pero si hubo un sector que quedó profundamente herido, ese fue el de la salud. Y es que, la COVID-19 puso de relieve muchas de las carencias y debilidades existentes en España, evidenciando la importancia de fortalecer un sistema saturado ante futuras pandemias.

Sanitarios y pacientes se echaron en más de una ocasión a las calles de las ciudades para protestar por problemas que el país llevaba tiempo arrastrando: la precaria situación laboral de muchos especialistas, el abandono de la Atención Primaria, el descuido en las enfermedades crónicas o la existencia de un problema que, hasta la llegada del confinamiento, había sido invisible para casi todos: la salud mental.

Ahora que ya se ha superado la crisis provocada por la enfermedad del SARS-CoV-2, la Sanidad ha vuelto a pasar a un segundo plano -según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), es la cuarta preocupación de los españoles por detrás de los problemas económicos o políticos-, pero es un asunto que todavía puede definir el voto de los indecisos.

En medio de las generalidades que buscan dar solución a las grandes necesidades de los ciudadanos, las formaciones han hecho llegar a lo largo de la campaña electoral algunas de sus medidas más concretas en este campo, que van desde ayudas para comprar gafas o lentillas a los menores de 18 años de las familias más desfavorecidas (PSOE), pasando por fisioterapia para todos (Sumar), hasta suprimir y retocar las controvertidas leyes del aborto y eutanasia, como proponen desde el Partido Popular y Vox. Tampoco está exenta de polémica la propuesta de Santiago Abascal de recentralizar en el Estado las competencias «para españoles y residentes legales», concertado con el sector privado y que suprima «intervenciones quirúrgicas u hormonales ajenas a la salud» o relacionadas con el aborto, la eutanasia o el cambio de sexo.

Pese a sus marcadas diferencias, los cuatro principales partidos coinciden en al menos tres grandes asuntos: reducir las listas de espera, priorizar la atención a la salud mental -principalmente en infancia y adolescencia- y reformar el estatuto del personal sanitario contra la precariedad.

PSOE/Pedro Sánchez - Espera máxima de 120 días para operaciones y refuerzo de la salud mental de los jóvenes

Los españoles esperan de media 120 días para ser operados. Ese es precisamente el límite que quiere fijar por legislación el Partido Socialista después de que la pandemia del coronavirus haya puesto en evidencia la saturación del sistema.

En concreto, el programa electoral del partido que lidera Pedro Sánchez plantea una ley de «unos tiempos máximos de espera» para acabar con esta situación: 120 días para intervenciones quirúrgicas, 60 para consultas externas especializadas y 30 para pruebas complementarias.

Además, el bloque progresista propone una espera límite de 15 días para la atención a la salud mental en los menores de 21 años y aumentar en un 30 por ciento las plazas en este segmento.

Luchar contra la soledad, principalmente en aquellas personas con edades más avanzadas, a través de grupos y redes de apoyo e impulsar la atención psicológica a los pacientes con cáncer y enfermedades raras, son otras de las apuestas del PSOE para el 23-J. Además, la formación busca desarrollar el derecho al olvido oncológico contra la discriminación a la hora de contratar productos y servicios.

Algunas medidas más concretas pasan por incorporar progresivamente a la salud bucodental y visual las obturaciones (empastes) o implantes dentales, comenzando por las personas mayores de 75 años, así como un programa específico de ayuda directa para adquirir gafas y lentillas a los menores de 18 que formen parte de familias que tengan menos recursos.

Consciente de que el encarecimiento de la cesta de la compra ha complicado aún más la situación de las personas celíacas, Sánchez propone para ellas ayudas económicas y fijar el IVA superreducido para los alimentos sin gluten, ya de por sí más caros que el resto de productos.

La pandemia del tabaquismo también se cuela en la campaña, si bien el PSOE es el único grupo que se acerca tímidamente en su programa electoral al objetivo de «una generación libre de humo» apostando por regular el uso de vapeadores y derivados.

Ya en clave laboral, los socialistas quieren reformar el estatuto de los médicos contra la precariedad y la jubilación activa mejorada en las especialidades deficitarias para los mayores de 72, así como dotar de más competencias y especialización a los enfermeros para reducir la complejidad asistencial. 

PP/Alberto Núñez Feijóo - Modificar la Ley del Aborto en los menores y asegurar la objeción de conciencia médica

El Partido Popular lleva tiempo avisando que si Alberto Núñez Feijóo llega finalmente a la Moncloa -tal y como auguran casi todas las encuestas-, varios proyectos culminados por el PSOE durante la legislatura serán modificados. 

Es el caso de la reforma de la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que no ha estado exenta de polémica en los últimos meses. Después de que el Gobierno aprobara que las jóvenes de 16 en adelante puedan abortar sin necesidad de contar con el permiso paterno, los populares quieren impulsar una norma que recoja «el consentimiento de los titulares de la patria potestad previo a la realización» del mismo en las menores de edad. Además, uno de sus objetivos será garantizar la objeción de conciencia médica, si bien el partido no especifica en qué supuestos. Otra ley que revisará será la de la eutanasia, en vigor desde hace dos años, «tomando en consideración la opinión del Comité de Bioética».

Más allá de estas diferencias, Feijóo coincide con el resto de grupos en la importancia de reforzar la atención psicológica, la otra pandemia evidenciada por la COVID. Priorizar la salud mental de la infancia y adolescencia con programas de detección precoz en el ámbito educativo y de las conductas adictivas por sustancias o tecnologías son algunas de las medidas de Génova, que sugiere también un Plan Nacional de Prevención del Suicidio ante las altas cifras en España. De cara al futuro, impulsará una Estrategia Nacional de Atención a la Soledad no Deseada, con una red participativa que incluya a ciudadanos y aumente los servicios de apoyo en mayores.

Respecto a la Atención Primaria, el PP propone un plan de choque inmediato contra el déficit de personal (1.000 plazas más para la oferta de 2024) en un programa que también contempla mejorar las condiciones de la jubilación activa en sanitarios mayores de 72 años y acelerar la convalidación de títulos a extranjeros. Asimismo, desarrollará una ley general de Sanidad que integre los sistemas sanitarios y sociosanitarios y que siga «las recomendaciones de órganos consultivos y judiciales» cuando haya amenazas para la salud pública como una pandemia.

Por último, los populares quieren impulsar un norma específica de apoyo a familiares y enfermos de ELA, junto con un centro de investigación dedicado a la enfermedad.

Vox/Santiago Abascal - Un único Sistema Nacional que prime la atención a españoles y residentes legales

«La Sanidad española debe dar preferencia sanitaria a todo español y residente legal y a los trabajadores españoles que regresen del extranjero». Esta es una de las principales apuestas del programa electoral de Santiago Abascal para la cita en las urnas. Con ella, Vox busca acabar con el acceso gratuito a la sanidad para los inmigrantes ilegales, salvo en el caso de que se trate de una urgencia de carácter vital.

En este sentido, la formación propone la creación de un único Sistema Nacional de Salud que recupere las competencias sanitarias y con el que poner fin a la existencia de 17 sistemas dispares. Una situación que, en su opinión, ha provocado la desprotección de todos los españoles, además de una pérdida de la calidad y accesibilidad.

Asimismo, el partido derechista quiere incluir en la cartera de servicios las prestaciones de salud bucodental y oftalmológica, así como asegurar la libertad de elección de médico y centro para los pacientes.

Pero si hay un objetivo estrella para Vox, presente desde el arranque de la campaña, es la derogación de varias de las reformas impulsadas en los últimos cuatro años por el Ejecutivo en materia de salud.

Tal y como explican en su programa electoral, la formación de Abascal propone una legislación sanitaria «respetuosa con el derecho a la vida» y «la integridad física y moral». 

Así, su principal meta será poner fin a las leyes de la Eutanasia y el Aborto y, en su lugar, impulsarán una relativa al derecho a la vida y a la integridad física y moral con medidas para el cuidado de las personas en fases críticas y terminales, así como normativas de apoyo a la natalidad y la familia.

En este sentido, también suprimirán las intervenciones quirúrgicas y hormonales «ajenas a la salud». Es decir, el cambio de sexo, la interrupción del embarazo y la eutanasia.

Conscientes de la fuga de talento que hay en el país, Vox quiere reformar el estatuto médico para acabar con la precariedad, retener a los sanitarios, incentivar la creación de plazas y que se aborde la conciliación familiar de los profesionales.

Igualmente, quiere impulsar desde España una reforma de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y oponerse al pasaporte verde o a cuestiones que pongan al país «en manos de organizaciones supranacionales» como un tratado de pandemias.

Sumar/Yolanda Díaz - Más fisioterapia, servicio bucodental y menos comida ultraprocesada

Para la iniciativa de Yolanda Díaz resulta fundamental blindar la universalidad y equidad de la Sanidad en España. Por eso, la hoja de ruta de Sumar para el 23-J contempla ampliar las prestaciones a todos los ciudadanos, apostando por más fisioterapia, salud bucodental, nutrición, salud óptica, audioprótesis, psicoterapia o terapia ocupacional, áreas que suelen quedar en un segundo plano siempre que se habla de salud y bienestar. En este sentido, propone eliminar gradualmente la prestación proporcionada por mutuas privadas e integrar a los funcionarios en la red pública.

La formación que aglutina una quincena de grupos de la izquierda ha puesto a la población más joven en el centro de su diana, por lo que uno de sus objetivos será impulsar un Pacto de Estado por la salud mental con una red especializada que incluya más psicólogos durante la infancia y adolescencia, así como planes en centros escolares que estén enfocados en la prevención del suicidio, una conducta que parece haberse disparado de forma alarmante en los últimos meses entre este colectivo.

En ellos se enfoca también Díaz con su planteamiento de crear un impuesto específico a las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados, además de desarrollar «mecanismos» para controlar la publicidad de productos no saludables, especialmente aquella que va dirigida al público infantil.

Sumar tampoco se olvida de los estragos de la pandemia en el sistema y aboga por fijar por ley tiempos máximos de espera, aunque no especifica plazo alguno en su programa.

Acabar con la temporalidad y la precariedad del personal sanitario con una reforma del Estatuto Marco y el resto de legislaciones y suprimir las guardias médicas de 24 horas de matronas y enfermeras son otras de sus propuestas en materia laboral. En este contexto, la ministra de Trabajo quiere promover la semana de 32 horas en el sector público, incluido el sanitario.

En cuanto al gasto en Sanidad, Díaz promete destinar al año medio punto del PIB hasta «igualar el porcentaje promedio» de los 10 países europeos que más invierten.

Además de eso, quiere incrementar el abanico de anticonceptivos financiados por el Sistema Nacional de Salud, al tiempo que defiende una empresa farmacéutica pública que investigue, fabrique y comercialice medicamentos.