La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales que plantea unilateralmente Yolanda Díaz, en connivencia con los sindicatos, está provocando una crisis sin precedentes entre el Ministerio de Trabajo y la patronal. El diálogo social está roto. La inamovible postura de Díaz, que ha pasado de dar un ultimátum a la CEOE a adelantar que el próximo lunes presentará su nueva oferta, ha provocado que incluso el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, trate de que la vicepresidenta sea más flexible, posicionándose a favor de algunas de las premisas que defienden los empresarios. 

Tras el contundente comunicado lanzado por Cepyme esta semana, en el que acusaba al Ejecutivo de intervencionista y le señalaba por aplicar constantemente el rodillo en las diferentes negociaciones que se han llevado a cabo en materia laboral, Cuerpo salía al paso para insistir en la necesidad de que la reducción de la jornada laboral atienda a las particularidades de empresas y sectores, abogando por que la aplicación de esta medida tengo un período mayor de transición para su aplicación -más allá de 2025- y por incrementar la bolsa de horas extraordinarios para la agricultura, la construcción, el comercio o la hostelería. Varios estudios señalan la necesidad de que la reducción tenga más margen para su entrada en vigor y los empresarios, que denuncian que la propuesta de Yolanda Díaz significaría un desembolso cercano a los 42.000 millones de euros, de los que algo más de una cuarta parte llegaría de la subida salarial encubierta por la reducción del horario, consideran que la mejor opción es ir aplicándola según se vayan caducando los convenios colectivos.    

La postura de Cuerpo sirve para presionar al Ministerio de Trabajo a tener más cintura y deja en evidencia que Díaz quería impulsar la medida sin una reflexión sosegada y necesaria sobre la realidad del tejido productivo español. La vicepresidenta, que ya llevó a cabo de manera unilateral la subida del SMI, no puede actuar sin tener en cuenta las inquietudes de empresarios y autónomos, rompiendo una vez más el diálogo social, que es el instrumento clave para avanzar y blindar los derechos de los asalariados. Esto no va de ideologías, como se ha llegado a deslizar desde Trabajo, sino de sentido común. Si se aprueba, sin un acuerdo previo entre las partes, una normativa que perjudica la viabilidad de empresas de determinados sectores, quienes lo acabarán pagando serán los integrantes de sus plantillas. 

Trabajo debe reflexionar y la propuesta que presente a la patronal este lunes debe recoger buena parte de las demandas de los empresarios, recuperando un diálogo social que es la base para aprobar una medida que ha de entrar en vigor en tiempo y forma.