La policía local Raquel Gago, condenada por encubrimiento y tenencia ilícita de armas en el asesinato de la dirigente del PP Isabel Carrasco, ya ha presentado la documentación que le fue requerida para garantizar la fianza de 30.000 euros que se le impuso para evitar su ingreso en prisión. La sección tercera de la Audiencia de León emitió una providencia el lunes de la pasada semana en la que le daba de plazo hasta ayer para hacer frente a la fianza de forma «ejecutable». Ahora el tribunal que preside el magistrado Carlos Javier Álvarez deberá examinar la documentación presentada y resolver si se ajusta a lo solicitado, según han informado a EFE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Dicha providencia respondía al requerimiento de las acusaciones particulares, que exigieron el inmediato ingreso en prisión de Gago, condenada por encubrimiento en el juicio por el asesinato de Isabel Carrasco, mientras que las otras dos condenadas, Montserrat González, autora confesa del crimen, y su hija, Triana Martínez, se enfrentan a penas de 22 y 20 años, respectivamente.
Gago había presentado para satisfacer la fianza un certificado del préstamo bancario de su vivienda, lo que las acusaciones consideraron que no es suficiente garantía.
Los letrados Beatriz Llamas y Carlos Rivera, que representan a la hija y la pareja de la víctima, respectivamente, presentaron el pasado 15 de marzo un auto reclamando su ingreso en prisión toda vez que se había superado el plazo de ocho días hábiles para hacer frente al pago de la fianza. Ambos letrados rechazaron que se tratara de hacer frente a la fianza con un certificado de una entidad bancaria en el que constaba el importe del préstamo hipotecario que le concedió y el saldo vivo al considerar que no ofrecía garantía alguna.
Libertad provisional. La sección tercera de la Audiencia Provincial de León había resuelto el pasado 26 de febrero que Raquel Gago podía seguir en libertad provisional bajo fianza de 30.000 euros. En su escrito, el magistrado exigía que se presentase «escritura pública notarial en el que se constituya la hipoteca ofrecida».
Además, precisó que se debía proceder de inmediato a su inscripción en el registro de la propiedad, lo que deberá posteriormente acreditar. Por otra parte, la letrada Beatriz Llamas presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia en el que solicita que se ajuste la sentencia al veredicto del jurado por el que Gago sea declarada coautora y cómplice de un delito de asesinato.
En su recurso, la letrada que representa a la hija de la víctima subraya que Raquel sGago fue «el impulso necesario para dar fuerza y coraje a Montserrat para que cometiera el asesinato ese día a plena luz del día».