La ley del perdón al procés lleva casi un mes en vigor, un período durante el que ya se han beneficiado de ella al menos 86 personas, entre condenados que han sido exonerados y absueltos que han visto cancelados sus antecedentes, incluidos los policiales.
La Fiscalía General del Estado cifra en 486 el número de individuos que podrían quedar amparados por la norma, que afectaría «aproximadamente» a 82 procedimientos penales que están actualmente en tramitación, según el Ministerio Público. Dichos casos se reparten entre el Supremo, la Audiencia Nacional y juzgados y tribunales de Cataluña, si bien todas las amnistías concedidas desde el pasado 10 de junio, cuando se puso en marcha, fueron acordadas en las audiencias autonómicas.
Cabe destacar que es posible que no se pueda aplicar la ley en todas las causas pendientes porque hay procesos con delitos que no están incluidos en el texto legal -como por ejemplo, los de odio-. Es más, la semana pasada, el Alto Tribunal rechazó el perdón de la malversación al procés y señaló que, aunque ve amnistiable la desobediencia, tiene dudas sobre la constitucionalidad de la norma.
Los más recientes
El pasado viernes, la Audiencia de Barcelona amnistió a ocho procesados: cuatro eran manifestantes imputados por desórdenes públicos, y los otros, Mossos acusados de delitos contra la integridad moral y lesiones.
Por su parte, el Juzgado Penal Número 2 de Figueras indultó el jueves a la exalcaldesa de este municipio, Marta Felip, a la espera de juicio por su participación en los actos del referéndum independentista del 1-O.
Un día antes, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña aplicó la ley a un exsecretario del Ayuntamiento de Hostalric (Gerona), condenado por prevaricación a nueve años de inhabilitación especial para empleo de cargo público por «exagerar» la actuación de un grupo de personas que acudieron al pueblo para retirar lazos amarillos y pancartas en apoyo al procés.
46 policías
Al margen de eso, el Juzgado de Instrucción Número 7 de Barcelona absolvió la semana pasada a 46 agentes de la Policía Nacional que estaban siendo investigados por las cargas del 1-O en colegios electorales de Barcelona. El juez consideró que la norma debía ser aplicada porque «las actuaciones a analizar fueron de escasa duración individual» y estuvieron «enmarcadas en un objetivo policial definido» que no se prolongó «más allá de la propia maniobra policial de entrada y salida de los distintos colegios electorales».
El instructor explicó, además, que los hechos no fueron lo suficientemente graves como para excluirlos de la amnistía.
Buch y el escolta de Puigdemont
A ellos se suman otras 27 personas que fueron amnistiadas el pasado 25 de junio por el TSJ de Cataluña. Dos de ellas fueron el exconseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, y el escolta del expresident Carles Puigdemont, Lluís Escolà. El primero había sido imputado por malversación a cuatro años y medio de prisión por designar al mosso d'Esquadra como cargo de confianza para que escoltara en el extranjero al prófugo de la Justicia cuando huyó tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Atentados contra la autoridad y lesiones
Las otras personas que se han visto beneficiadas este mes por la norma fueron condenadas, entre otros, por delitos de atentado contra la autoridad o delitos leves de lesiones, en el marco de varias protestas que tuvieron lugar en Cataluña entre 2018 y 2019 a favor del proceso independentista.