La amenaza se hizo realidad y Junts, tras el rechazo del Gobierno a todas sus enmiendas, votó ayer en contra de la Ley de Amnistía en el Congreso, condenando a la norma a volver a la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, pese a que ERC y el resto de los socios del Ejecutivo habían apremiado a la formación de Puigdemont a que sus siete diputados dieran el 'sí' a la controvertida normativa.
Las últimas decisiones judiciales, tanto del magistrado García-Castejón, que ha prorrogado otros seis meses la causa de 'Tsunami democratit' tras consolidar los delitos de terrorismo, así como la del juez Joaquín Aguirre, que apoya la tesis del apoyo económico y militar de Rusia al expresidente catalán, desataron incertidumbre entre las filas de Junts, hasta tal extremo que trataron, una vez más, de chantajear a Sánchez para que aceptara sus enmiendas que no habían sido negociadas. Sin embargo, en esta ocasión, el PSOE, ya fuese por las prisas o por las presiones que vienen directamente desde una UE que está siguiendo muy de cerca la tramitación de la ley, no cedió a las exigencias de los secesionistas, aunque ahora está por ver si en estas semanas deciden entrar por el aro y aceptan las demandas que satisfagan los deseos de Junts o, lo que hasta hace poco parecía una quimera, la legislatura acaba saltando por los aires. Lo que queda en evidencia de nuevo es que los independentistas marcan el paso al Ejecutivo, que no dieron su brazo a torcer y humillaron una vez más al presidente, que ahora se encuentra en un callejón de difícil salida.
La situación es límite, pero, si las conclusiones se extraen de lo que el Gobierno defendió desde la tribuna del Congreso, parece claro que Sánchez se alinea cada vez más con las tesis que señalan a los jueces como los responsables de poner palos en la rueda, pese a que ayer advirtió de manera tibia las consecuencias negativas que puede acarrear continuar señalando a los magistrados por "prevaricar". La gravedad de estas acusaciones choca frontalmente contra los principios básicos del Estado de derecho y pone de manifiesto el inquietante devenir de los socios de un Ejecutivo que rezuma debilidad y que está sustentado por aquellos partidos que son contrarios a los intereses de España.
El pulso entre Gobierno y Junts lo han ganado los secesionistas, llevando la Ley de Amnistía al punto donde Sánchez tendrá que decidir si ceder ante las demandas de los de Puigdemont o poner en duda la viabilidad de la legislatura y, teniendo en cuenta que la norma se ha creado para mantenerse en la Moncloa a cualquier precio, parece evidente que volverá a optar por lo primero.