El Consejo de Cuentas supera la treintena de informes en materia de ciberseguridad con el objetivo de servir de "guía y acicate" para las entidades auditadas hasta el momento, 13 de ellas en proceso y 18 ya finalizadas. Así lo anunció este lunes el presidente del órgano fiscalizador autonómico, Mario Amilivia, durante la inauguración del seminario de 'Gestión financiera y ciberseguridad de las universidades públicas', que tuvo hoy lugar en la Hospedería Fonseca de la Universidad de Salamanca.
En tal sentido, Amilivia señaló en declaraciones recogidas por Ical, durante su intervención que, en el ejercicio de sus funciones, "el Consejo de Cuentas debe poder confiar en los datos contenidos en los sistemas de las entidades fiscalizadas como único soporte existente de la información económica y financiera, y para ello es necesario que existan unos controles eficientes de ciberseguridad".
En esta línea, apuntó que "las recomendaciones que realiza el Consejo son claves a la hora de servir de impulso a las entidades auditadas, pudiendo ser tomadas como punto de partida por otras administraciones que quieran mejorar su seguridad informática". Además, recordó que el órgano amplió su actividad fiscalizadora desde 2020 al ámbito de las nuevas tecnologías, "siendo pionero, junto con la Sindicatura de Cuentas de Valencia, en la incorporación de la ciberseguridad al universo de la auditoría pública en España".
Entre los informes en marcha, figuran los del análisis de la seguridad informática de los ayuntamientos de Segovia, Soria y Zamora, que completarán la serie de capitales de provincia. En el ámbito autonómico se está realizando el análisis de la gobernanza en materia de ciberseguridad de la Gerencia Regional de Salud y de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. También está en marcha, en colaboración con el Tribunal de Cuentas, la fiscalización del programa para la digitalización del sistema educativo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
"Hemos encontrado un grandísimo afán de colaboración por parte de los funcionarios de las entidades locales públicas auditadas y también por parte de los responsable políticos", agradeció Amilivia, quien explicó que los contratos de mejora en ciberseguridad se van haciendo "simultáneamente" mientras se produce la fiscalización mediante personal especializada "muy cualificado" en esta materia.
"Nosotros no anunciamos las anomalías, sino que presentamos los informes parcialmente porque no queremos ser cómplices de aquel que quiera 'hackear 'un ayuntamiento. Cuando los llevamos a las Cortes, las entidades ya han tenido tiempo de mejorar aquellos aspectos necesarios. Es una materia sensible y actuamos con la mayor precaución", aclaró en su intervención.
Jornada en León
Por otra parte, Amilivia anunció que el Consejo de Cuentas ha elegido León para celebrar, el próximo 9 de octubre, una jornada en la que se abordarán los principales desafíos de la ciberseguridad en los gobiernos locales de la Comunidad, como, por ejemplo, la gestión de riesgos y las obligaciones que, en esta materia, conciernen al municipalismo conforme a la normativa europea.
Tal como avanzó, la jornada sobre el estado de la ciberseguridad en las entidades locales tendrá como marco la Universidad de León como institución colaboradora. Un foro que reunirá a expertos en seguridad informática, técnicos de la administración local, de las empresas tecnológicas y de las universidades que debatirán sobre los retos de la seguridad de la información electrónica en las entidades locales.
Al mismo tiempo, se pondrán en valor los informes de análisis de seguridad informática ya realizados y los que tiene en marcha el Consejo para abordar los diagnósticos de los controles observados en estas entidades y también los avances que se están logrando, tal y como se viene constatando.
Universidades públicas
En su intervención en el acto de apertura del seminario en Salamanca, Amilivia precisó que hasta la fecha el órgano de control externo ha realizado 18 auditorías a las universidades públicas. Durante el presente mandato, el Consejo ha fiscalizado la gestión económico-financiera de cada una de las cuatro universidades y de sus entes dependientes, y ha realizado otra auditoría sobre la implantación de la contabilidad analítica. En la actualidad, se elaboran otras dos, una sobre el posicionamiento de las cuatro universidades públicas de la Comunidad en los rankings internacionales y otra sobre la gestión del personal.
La última fiscalización específica a la Universidad salmantina reflejó una "buena situación económico-financiera" tras cancelar su deuda histórica y el cumplimiento de la recomendación de situar al Consejo Social como garante del control interno. En conjunto, la suma de los presupuestos iniciales de las cuatro universidades para el presente ejercicio asciende a 774 millones de euros, de los cuales 277,7 corresponden a la Usal, "la más relevante de la Comunidad y, desde una perspectiva histórica, la más importante de las españolas", 262 a la UVA, 137,6 a la ULE y 86,2 a la UBU.
En el apartado de colaboración, Amilivia recordó que la Universidad de Salamanca y el Consejo de Cuentas suscribieron en noviembre de 2020 un acuerdo marco para promover actividades de formación, enseñanzas de especialización, investigación y transferencia de conocimiento con la puesta en marcha de los oportunos convenios. Así, entre las actuaciones previstas figura la participación y celebración de jornadas especializadas. Y en esta línea, una de las medidas estratégicas del Consejo de Cuentas es la relativa a la promoción de actividades relacionadas con el ámbito de estudios del control externo en coordinación con las universidades públicas, como es el caso.