El Juzgado Contencioso Administrativo de Soria declaró que las obras ejecutadas en el edificio Pajaritos II, con una planta más de las autorizadas -la quinta-, son "ilegales e incompatibles con el ordenamiento urbanístico" y encomendó al Ayuntamiento a demoler los áticos de forma "pronta e inmediata" -en un plazo de dos meses-a excepción de las infraestructuras de comunicación.

El Grupo Municipal del PP, que interpuso la demanda, señaló que el juez "tira de las orejas" al Ayuntamiento y en especial alcalde de la ciudad, Carlos Martínez, por permitir, a sabiendas, la ejecución de una planta más de lo autorizado y no tener en cuenta ni las fotografías aportadas por el policía municipal de la infracción ni tampoco hasta cinco informes técnicos municipales, que advirtieron de que las obras realizadas en exceso no se ajustaban ni al proyecto de ejecución ni tampoco al planeamiento urbanístico vigente.

La portavoz del PP del Ayuntamiento de Soria, Belén Izquierdo y el concejal, Saturnino de Gregorio, compareciendo hoy para dar a conocer la sentencia contra la que cabe recurso contra el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Al respecto señalaron que no entenderían que el Ayuntamiento recurriera la sentencia porque volvería a incurrir en la defensa del interés privado de una empresa. 

"Hemos tenido que esperar un año para conocer una sentencia de 29 folios y un arduo estudio por parte del juez, que concluye que la actuación es irregular por parte de la promotora y del Ayuntamiento por permitirla. La sentencia dice al Ayuntamiento que ha intentado legalizar algo que es ilegal", lamentó la portavoz.

La sentencia recoge, además, que promotora inició las obras un año antes de que se aprobará el proyecto de ejecución, que, además, solo contemplaba cuatro plantas, y recalca que es "una infracción urbanística y que la burla al ordenamiento jurídico es palmaria e inexplicable".

Asimismo, según Izquierdo, también relata como un funcionario del área de Urbanismo inspeccionó las obras y realizó fotografías y a los pocos días, el equipo de Gobierno aprobó el proyecto de ejecución de las obras que incluían cuatro plantas.

El alcalde de la ciudad y el concejal de Urbanismo, Luis Rey, se agarraron a un informe de un técnico para anular la resolución inicial sobre la infracción urbanística, frente a los cinco que le dijeron lo contrario. 

Tras este proceso, según el concejal Saturnino de Gregorio, una funcionaria del área de Urbanismo abandonó su puesto de trabajo para ocupar otra plaza pública en la Junta de Castilla y León. "La infracción urbanística está viva y no puede seguir estando un día más por lo que el Ayuntamiento de Soria  está obligado a restaurar la legalidad urbanística con todos los medios a su alcance", resaltó la portavoz. 

Por su parte, Saturnino de Gregorio destacó que mientras en la sentencia prevalece el interés público en el procedimiento municipal prevaleció el interés privado con cinco intentos de legalizar con diferentes proyectos  y con estudios de detalle que incluían una modificación puntual aprobada inicialmente.

Asimismo, subrayó que sobre el informe del técnico municipal que venía a decir que la obra se ajustaba a la ley señaló que donde se sitúan los áticos se iban a colocar placas solares, pero es "palmario", agregó que todos los servicios de agua, comunicación, luz y gas llegan hasta la misma y el ascensor tiene un botón que indica que el edificio tiene cinco plantas.   

"No hay nada que ampare eso de que la empresa iba a colocar en la quinta plata placas solares. La técnico de Urbanismo ha dejado este Ayuntamiento y ya dijo que la actuación no era amparable . Si lo apela lo empresa promotora lo entendería, pero si lo hace el Ayuntamiento no sería entendible porque prevalecería los intereses privados y no públicos", aseveró.

Izquierdo avanzó que el PP se personará en el TSJCyL en el caso de que el Ayuntamiento o la empresa presenten recurso de apelación, y añadió que lo harán para "defender los intereses de la ciudad", ya que sino la actuación sentaría precedentes, además, en otros constructores. 

Asimismo, indicó que el equipo de Gobierno intenta legalizar la obra con una modificación puntual a la que presentaron 32 alegaciones que todavía no han sido resueltas.

De Gregorio mostró sus dudas sobre si los compradores de estas viviendas tienen vigente la licencia de ocupación, y aseguró que su pretensión no es ir contra terceros, ya que son personas que "han sido engañadas".

Por último recordó que la obra llegó a ser paralizada por la sección de urbanismo y la empresa siguió trabajando en ella. "Todavía falta mucho para que se acabe el proceso. Pero es muy crítica la sentencia de burla que alude a que  la infracción urbanística estaba viva y que se restaure la legalidad por todos los medios a su alcance", concluyó para afirmar que todavía queda tiempo para que se produzca la demolición de la quinta planta, ya que el TSJCyL tardará aproximadamente un año en dictar sentencia.