La Consejería de Movilidad y Transformación Digital conseguirá que la factura del nuevo sistema inteligente de transporte se quede en unos 25 millones de euros (IVA incluido), frente a los casi 32 que arrojaban los ocho contratos que se licitaron a finales de junio y que se han ido adjudicando, los últimos en la recta final de 2023. De ellos, siete ya están cerrados con una inversión de 24,06 millones, a los que se añadirá en los próximos meses el octavo, que ha vuelto a salir a concurso por 1,6 millones, tras declararse desierto.

Los equipos de contratación han avanzado en la selección de los adjudicatarios en las últimas semanas, de forma que salvo el expediente del Centro de Control del Transporte y un lote para la compra de materia informático para la inspección, todo está ya firmado por lo que las empresas, la mayoría uniones temporales de varias compañías, ya pueden iniciar en las próximas semanas su instalación.

El proceso de contratación, que arrancó a finales de junio como una carrera de obstáculos para las ocho licitaciones, con algunas rectificaciones y subsanaciones de errores en las ofertas, culminan ahora, seis meses después, pero con una factura sustancialmente inferior a lo previsto inicialmente. De los 31,9 millones (IVA incluido) de presupuesto conjunto, lo contratado arroja un total de 24,06 millones, a los que se unirá el último proyecto, que ha vuelto a salir a concurso por 1,6 millones.

Por tanto, Movilidad arranca 2024 con siete de los ocho contratos del nuevo sistema inteligente de transporte ya adjudicados y, en algunos casos, formalizados. Esto despeja el inicio de su despliegue en Castilla y León a falta de encargar el último para crear un centro de control, que se ubicará en la capital leonesa, y que ha tenido que volver a licitarse, de forma que las empresas presentarán sus ofertas hasta el 24 de enero, lo que retrasa los planes iniciales que era tener esta tramitación resuelta a principios de este ejercicio.

El primer tropiezo en este proceso lo protagonizó el contrato para la adquisición de tarjetas sin contacto, tarjetas SAM y Etiquetas NFC/QR, que tenía un presupuesto de 563.860 euros, con un plazo de ejecución de 20 meses. Fue declarado desierto el 20 de julio, si bien se volvió a licitar y se ha adjudicado por 368.989,5 euros.

También se contrató en 1,18 y 1,37 millones el proyecto del Gemelo Digital, una colaboración con el Ayuntamiento de León, extrapolable al resto de transporte público de la Comunidad, que permitirá la representación virtual de la movilidad y la simulación de escenarios. El plazo de ejecución es de 22 meses para un contratado que se licitó en 3,52 millones

Una unión de empresas, en la que está GMV, se encargará por 8,59 millones de montar en 22 meses el hardware embarcado y el software que gestione los servicios de información en tiempo real, monética y ticketing; conteo de pasajeros; ayuda a la conducción eficiente; videovigilancia y pantallas inteligentes.

Respecto al equipamiento no embarcado -marquesinas y paradas inteligentes de transporte público regular de viajeros y pantallas informativas en estaciones de autobuses-, la Consejería ha logrado contratarlo por 8,15 millones y tiene que ejecutarse en 22 meses.

En cuanto al Sistema Central de Gestión ITS, que tiene un plazo de ejecución de 22 meses, una UTE asumirá por 3,22 millones el desarrollo del servidor central en la nube del sistema de transporte público por carretera de la Comunidad. Se tendrán que conectar todos los operadores, que a su vez recibirán los datos de los autobuses (ubicación exacta por GPS, monética y ticketing, información en tiempo real, conteo de pasajeros o cámaras de seguridad).

Finalmente, Movilidad también encarga por 452.036,16 euros la instalación en 12 meses del sistema de monética que podrá aceptar tarjetas bancarias sin contacto, pagos con el móvil y tarjetas de transporte avanzadas 12 meses de ejecución. Además, se ha cerrado el suministro de básculas móviles electrónicas por 509.033,45 euros.

Débil tráfico y déficit

En Castilla y León, el sistema concesional actual está basado en 236 contratos titularidad de la Comunidad prestados por 152 empresas: 148 concesiones autonómicas, 76 especiales y 12 taxis vinculados a contratos concesionales. A éstos, se añaden 30 contratos titularidad de la Administración del Estado, que contienen tráficos autonómicos.

Este transporte se caracteriza, en Castilla y León, por tener un elevado número de rutas de débil tráfico con un bajo nivel de ocupación (diez viajeros por kilómetro) y con un bajo nivel de cobertura económica (valor medio del 58 por ciento). La Junta reconoce que muchas de las líneas regulares tienen unos resultados de explotación negativos y son, por tanto, deficitarios ya que atienden tráficos rurales que conectan localidades de escasa población con los principales núcleos urbanos.