La negativa de Carles Puigdemont a negociar los presupuestos y su exigencia de una reunión con Pedro Sánchez en Suiza suenan hoy a órdago innecesario. Ya casi no haría falta ni que Junts insista en someter al presidente a una cuestión de confianza en el Congreso para así darle otro aviso. Ya queda oficialmente avisado. Junts no es de fiar, no lo fue antes y no lo será en el futuro. Al tumbar el decreto ómnibus, juntando sus votos a los de PP y Vox, infringen al Gobierno la derrota parlamentaria más dolorosa hasta ahora, complicando sobremanera cualquier intento de impulso legislativo. Caen un montón de medidas relevantes y de las que el Ejecutivo ha hecho bandera, como la prórroga de las ayudas al transporte y a los afectados por la dana, la revalorización de las pensiones, la ampliación del salario mínimo o la prohibición de algunos desahucios.
Por mucho que Bolaños y Montero, con su exagerada y furibunda reacción, traten de cargar sobre el PP la responsabilidad de la caída del decreto ley difícilmente ocultarán el fiasco. Obvian los socialistas que fue con el partido de Puigdemont y no con los populares con el que el han negociado, con escapada a Waterloo sobre la bocina, la convalidación del conocido como escudo social. Pero esta vez el prófugo no aflojó y los de Feijóo evaluaron daños y prefirieron acusar el desgaste de algo tan impopular como votar en contra de revalorizar las pensiones a costa de debilitar a Sánchez. Siempre podrán alegar, como están haciendo, que mezclar a pensionistas, valencianos y vulnerables en los chantajes de sus socios tiene consecuencias.
El Gobierno podrá recurrir a una prórroga presupuestaria para 2025 e intentar recuperar mediante otros vericuetos parlamentarios las medidas rechazadas. Pero ya no podrá evitar la constatación general de que el secesionismo ha llevado la legislatura a un estado de agónica e irremisible ingobernabilidad. Para sacar adelante, no ya los presupuestos, sino cualquier propuesta en materia de vivienda o reforma judicial, por ejemplo, el Gobierno precisa en el Congreso unos votos que no tiene. Y carecer de capacidad ejecutiva ni para subir las pensiones es difícilmente sostenible en el tiempo.
Ahora bien, pese al varapalo y la confirmación de la enclenque fragilidad parlamentaria, los antecedentes no auguran un inminente colapso de la legislatura, ni salen las cuentas de la lechera de Feijóo para una moción de censura, ni mucho menos el proverbial aferramiento de Sánchez a Moncloa pregona un adelanto electoral. Aunque la cuerda ya no dé para tensar más y España no se merezca tal sumisión, poco descabellado parece vaticinar nuevas e inexploradas vueltas de tuerca a su catálogo de trágalas en busca del apoyo del prófugo Puigdemont, que ayer volvió a mofarse de todos pidiendo imposibles y recordando a su manera que aún no ha sido amnistiado.