Con las movilizaciones de los agricultores en territorio francés y las que se desarrollan o están previstas en otros estados miembros -incluida España-, el campo lleva a la calle y, en consecuencia, al resto de la sociedad, las amenazas y los retos pendientes que ha de afrontar hoy el sector; amenazas que van contra la viabilidad de su actividad, con los consiguientes efectos en forma de abandonos y el riesgo de una mayor dependencia externa en los suministros agroalimentarios en un momento de tensiones en los mercados. La nueva situación viene a a ser un paso atrás en el objetivo base de la PAC cuando se constituyó a finales de los cincuenta y que se concretaba, entre otros retos, en proporcionar una oferta alimentaria suficiente a precios asequibles a la vez que mantenía el territorio rural.

En este momento son muchas las razones por las que los agricultores se han lanzado a las calles. Unas son de carácter general, centradas sobre todo en la Política Agraria Común; pero a estas se suman otras de carácter nacional específicas de cada país.

Con carácter general, las reivindicaciones van desde las medidas presupuestarias a las relacionadas con los mercados, y muy especialmente las que afectan a las exigencias medioambientales o de bienestar animal que minan los rendimientos, aumentan los costes y afectan a la competitividad de las explotaciones hasta el abandono, lejos de una posición de equilibrio.

Al margen de las protestas de las organizaciones agrarias, la denuncia más reciente de esta situación ha venido de la mano del propio ministro Luis Planas en la reunión en el foro de Bruselas en el que se debatía la estrategia de diálogo sobre el futuro de la agricultura en la UE. El titular español destacaba varios asuntos candentes: que los presupuestos comunitarios para la PAC se han quedado cortos; que se debería dar más protagonismo a los agricultores y ganaderos, escuchando sus peticiones con más diálogo; que las exigencias medioambientales están bien, pero con más fondos y explicadas de forma más coherente; que la PAC sea una política más estable con la mirada en el medio y largo plazo; que haya una mayor innovación y desarrollo con las Nuevas Técnicas Genómicas para avanzar y mejorar producciones; y que se apoyen los mercados con más exportaciones y un mayor control de las importaciones mediante la aplicación de la cláusula espejo -exigir que lo que se importa se haya producido cumpliendo las mismas exigencias en materia de uso de productos fito o zoosanitarios que las que rigen en la UE-. El ministro apostó también por una PAC más estable y segura, con más políticas de formación y asesoramiento.

Al margen, o además, de los planteamientos del ministro en Bruselas, el sector agrario demanda unos presupuestos para la PAC superiores teniendo en cuenta que los fijados en el periodo anterior superaban los 400.000 millones frente a los 385.000 de este periodo, desajuste ampliado por la inflación en fondos reales. La PAC, señala el sector, ha perdido peso en las regulaciones de los mercados y no se han dado los avances suficientes en el desarrollo de mecanismos y organizaciones complementarios.

El sector sufre los incrementos de los costes de producción -más gastos para producir menos- frente a las importaciones masivas más baratas desde terceros países. Sobre el papel de los costes de producción el sector reclama la necesidad de que se aplique de verdad la Ley de la Cadena para garantizar rentas.

Todo el sector agrario sufre los efectos de las políticas verdes con las estrategias 'De la granja a la mesa' o 'Biodiversidad 2030', por las que se plantean elevadas exigencias en diversos ámbitos. Algunas de las más acuciantes son las referidas a la reducción en el uso de productos fito y zoosanitarios; el apoyo a la agricultura ecológica; la sostenibilidad de los suelos; más burocracia; la exigencia del Cuaderno Digital de Explotación a corto plazo; todo el nuevo entramado legislativo sobre el bienestar animal -más superficie con más gastos y menos producción-; e interrogantes sobre los precios en los mercados.

Demasiados requisitos.

Pero las más importantes -y las que despiertan los mayores temores- son las exigencias en materia de medio ambiente o la llamada condicionalidad reforzada: un conjunto de prácticas que debe llevar a cabo cualquier agricultor para cobrar las ayudas, entre las que se hallan la rotación de los cultivo, la obligación de dejar los pastos permanentes, la prohibición de quemar; la necesidad de dejar los márgenes suficientes junto a los ríos para evitar vertidos; la prohibición de labrar en pendiente; las superficies de abandono obligatorio; la protección de los humedales; o la no destrucción de elementos del paisaje como los setos. Desde el sector se pide una mayor flexibilidad y que las exigencias medioambientales contemplen un mayor equilibrio y tengan también en cuenta la rentabilidad de las explotaciones. Sostenibilidad medioambiental sí, pero también sostenibilidad económica porque, si esta no existe, tampoco habrá sostenibilidad medioambiental. Entre estas prácticas de condicionalidad reforzada no se hallan los llamados ecorregímenes (exigencias medioambientales de carácter voluntario por las que los agricultores pueden percibir unas ayudas complementarias y que globalmente se elevan a más de 1.000 millones de euros en España).

En conjunto, el sector agrario protesta además por el efecto que todo ello tenga en la actividad y en un territorio rural ya bastante castigado por los abandonos y además por la escasa incorporación de los jóvenes a la actividad. Esto se comprueba en la reducción en el número de pagos complementarios, que bajaron un 5% entre 2022 y 2023 hasta solo 22.700 perceptores. La baja rentabilidad es la principal causante de esta caída, pero a ella se añaden la ausencia de servicios en el medio rural, el aumento de la burocracia y los cada vez más estrictos controles, como si detrás de cada solicitante de ayuda hubiera un defraudador o un criminal en potencia.

En el caso de la política agraria en España, el ministro, frente a las movilizaciones y con carácter general, aboga por seguir con el diálogo, la transparencia y la cooperación con el sector, características que no comparten exactamente sus interlocutores. De cara a la actual legislatura, desde el responsable de Atocha, pocas novedades. Habrá una Estrategia Nacional Alimentaria anunciada por el presidente en su discurso de investidura de la que no se sabe nada. Se aprobará una Ley de Agricultura Familiar como base del sector frente al peso en ascenso de los la grandes corporaciones, además de otra de Prevención de Pérdidas y Contra el Desperdicio Alimentario en toda la cadena, desde el campo a los lineales. También se realizará un esfuerzo por parte de la Agencia para la Información y el Control Alimentarios (AICA) y hay intención de trabajar para reducir las tramitaciones administrativas y la burocracia. Por último, se pretende redactar un nuevo plan para el uso sostenible de los productos fitosanitarios y otro plan de digitalización para el medio rural, además de crear un foro para el diálogo sobre el futuro de la ganadería extensiva.