Los juzgados de Soria recibieron desde mediados de 2018 a marzo de 2020 tan solo 3 denuncias por ocupación ilegal de vivienda, todas ingresadas y resultas en 2019, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Es la provincia con menos denuncias junto a Segovia, también con 3; Zamora y Palencia, con 4 cada una; y Ávila, con 5. En el otro extremo estarían Valladolid, con 36; Burgos, con 25; León, con 22; y Salamanca, con 13. En Castilla y León hacen un total de 115 en este periodo, de las que 15 corresponden al primer trimestre de 2020. Pero las cifras de la comunidad quedan lejos de las 203 denuncias de Cataluña en los tres primeros meses del año (son el 22,6% del total), las 194 de Andalucía, las 87 de la Comunidad  Valenciana y las 69 de Madrid.

Las estadísticas se inician en 2018 porque es cuando se modificó la Ley de Enjuiciamiento Civil para agilizar los desalojos, pero la polémica está servida por la impunidad de muchos okupas y la impotencia de los propietarios que pierden las viviendas que quedan en sus manos, en muchos casos segundas residencias. La sociedad está polarizada respecto a este tema: los hay que la asocian a la delincuencia y los que defienden el derecho a vivir en un inmueble abandonado sin generar problemas, dado que la crisis de 2008 se enlaza con la actual y muchas personas se están quedando sin vivienda. Otra visión es la de ‘okupar’ una vivienda no habitada para fines sociales y culturales, habitualmente por ideología anticapitalista y antiespeculativa.

La Ley de Enjuiciamiento Civil, en la exposición de motivos, distingue modos de ocupación. Por un lado, la generada por la dura realidad socioeconómica y sus consecuencias ( familias en situación de vulnerabilidad); y, por otro, la  ocupación con finalidad lucrativa que, aprovechando de forma muy reprobable la situación de necesidad de personas y familias vulnerables, se ha amparado en la alta sensibilidad social sobre el problema para disfrazar actuaciones delictivas. Lo cierto es que se ha convertido en un grave problema social y las denuncias en España han aumentado un 40,9% en los últimos cuatro años y un 5% en el primer semestre de 2020, según datos del Ministerio de Interior.

Según reflejan las estadísticas, la ocupación de viviendas no debe ser aún un motivo de preocupación en Soria, pero no hay que bajar la guardia por el gran número de segundas residencias que hay. Las zonas con más casos de okupación son los grandes núcleos y las zonas de costa y turísticas, con más segundas viviendas. La colaboración vecinal es clave. 

Jesús Ángel Fernández, del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón y Soria y de Contasoria, indica que tanto en la capital como en la provincia «hay un gran volumen de viviendas que están casi todo el año cerradas» pero, en su caso, «afortunadamente, nunca nos ha surgido un problema de ‘okupación’». Sí es cierto que ha escuchado algún caso «puntual» de vez en cuando, pero «realmente nosotros no hemos tenido ningún caso de este tipo, de momento, en 25 años que llevamos».

Sin embargo, los propietarios de viviendas que las mantienen cerradas durante gran parte del año «sí tienen temor por lo que se escucha de otras provincias sobre la ‘okupación’». Además, hay personas que tienen miedo de poner en las ventanas de las casas el cartel de ‘Se vende’ o ‘Se alquila’, «pero no solo por si pudiera se ocupada, sino también por los robos, ya que de eso sí que ha habido más casos. Los robos son algo más real pero la ocupación delictiva tiene una incidencia mínima». «Lo cierto es que en Soria no existe de momento ese problema», apunta.      

Para evitar estos casos, también cree que es vital la colaboración ciudadana, tanto el pueblos como en bloques de edificios. «Es muy importante que los vecinos avisen a la propiedad en cuanto vean una cosa anómala», añade. Sí cree que la normativa respecto a un problema tan complejo debería revisarse teniendo en cuenta los tiempos que viviemos, ya que «cuando las circunstancias económicas se vuelven negativas la gente se las ingenia para intentar solucionarse la vida». «Pero yo creo que tu derecho termina donde empieza el de la otra persona y con eso hay que tener mucho ciudado de hacerlo bien con la legislación oportuna», opina Fernández.

regulación. Las Cortes de Castilla y León instaron este mes a la Junta, a propuesta de Ciudadanos, a «establecer medidas para luchar contra la ocupación ilegal de viviendas»; y pidieron al Gobierno mejorar la regulación jurídica de protección de los propietarios. La Proposición No de Ley (PNL) aprobada pretende «apoyar a las familias que, por su situación, no tienen donde vivir, ofreciendo más soluciones para compra o alquiler de vivienda», pero también para castigar con más dureza a las mafias que se introducen en viviendas. Se insta al Ejecutivo a la regulación jurídica de protección de los derechos de los propietarios y «legítimos poseedores de vivienda y la protección de la convivencia»; y a modificar la ley «para endurecer las penas en el delito de usurpación con hasta tres años de prisión», para que la inscripción en el padrón municipal de quienes ocupen de forma ilegal una vivienda «se considere nula y no constituya prueba de residencia o domicilio, ni atributiva de ningún derecho».

En concreto, esta PNL propone facilitar el domicilio usurpado gracias a la simplificación de la carga administrativa y el procedimiento civil; impulsar las competencias de los ayuntamientos y diputaciones y el papel de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, las Policías Municipales y la Administración de Justicia; y reclama al Gobierno y al Congreso endurecer el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para defender la propiedad privada, garantizar la convivencia y la seguridad ciudadanas y la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas. La iniciativa solicita agilizar los juicios relacionados con los desalojos de inmuebles ocupados ilegalmente, habitar a las juntas de propietarios para instar a los desalojos de inmuebles que afecten a la convivencia de la comunidad de vecinos, reforzar las competencias de los ayuntamientos y endurecer las sanciones penales. 

Ciudadanos alerta de que «es una problemática que, lejos de ser anecdótica o puntual, ha aumentado de forma considerable y, con ella, la aparición de problemas de orden social y económico» y «vulnera un derecho fundamental reconocido en la Constitución, provoca la inseguridad jurídica de los propietarios y sus familias, genera barreras en el acceso al mercado de la vivienda y altera la convivencia vecinal y compromete seguridad ciudadana».