El Tribunal Constitucional no está bajo sospecha. Porque ya no hay duda sobre ello. Es un Tribunal al servicio exclusivo de Sánchez. Los siete miembros del mismo allí aupados por él lo que hacen es acatar sus órdenes y hacerle sentencias a la carta. Eso es lo que ha quedado demostrado en el caso de los ERES y que se disponen a hacer con la amnistía para los separatistas. Para ello, como han hecho en esta ocasión, retorcerán las leyes cuanto sea preciso y se extralimitarán en sus funciones asumiendo las que no les corresponden y suplantando al Tribunal Supremo.
Lo sucedido es de una gravedad y transcendencia de tal calibre que ha descoyuntado la columna vertebral del Sistema Judicial español. A partir de la atrocidad jurídica cometida para sacar de las cárceles y borrar delitos cometidos, juzgados con todas las garantías y con escrupuloso respeto al derecho a la defensa, se a abre un panorama tenebroso y temible, las leyes serán lo que ellos digan que dicen. Y, como han hecho en esta ocasión, la fórmula es tan obscena como eficaz: pasan a considerar que el delito cometido no es tal. Lo hizo ya Sánchez con la sedición, lo apunta también con respecto al terrorismo y ahora ya lo ha ejecutado por la puerta falsa y a través del Constitucional de Conde Pumpido con la malversación de los ERES.
Para que nos entendamos, la abstrusa sentencia lo que en realidad viene a decir es que sí, que hay malversación pero que malversadores no. Que sí, que esos cientos de millones de euros de las arcas publicas se malversaron y se hicieron llegar a donde no debían y dilapidar en ocasiones de la manera más procaz, pero se declara inocentes a quienes participaron y fueron responsable de la malversación porque ellos, dicen su correligionarios políticos del Tribunal, no se beneficiaron ni según parece tenían deber alguno de vigilar a donde ni de que manera tenían que llegar. Que era a los parados de verdad y no a quienes en algún destacado caso presumían de un billetaje como para poder asar con él una vaca o gastárselo en putas y en drogas, que suena muy duro decirlo y escribirlo aún más, pero que es la puñetera y miserable realidad.
Cierto que no fueron, los ahora exculpados quienes hicieron tales excesos, pero sí fueron ellos quienes los permitieron y no cumplieron con su deber de vigilar e impedirlo sino que, de manera contumaz y durante años, propiciaron el que se pudieran cometer. Eso es por lo que se les juzgó y desde los tribunales provinciales, las Audiencias y luego ya el Tribunal Supremo condenó, sentenció y se reafirmó en su decisión.
Sentencia final en la que ahora Conde Pumpido y sus seis compañeros de militancia política, con carné o sin él, han entrado sin tener que entrar, pues al hacerlo como lo han hecho han vulnerado y expropiado en sus favor lo que son atribuciones del Tribunal Supremo a quien han despojado de ellas y puesto patas arriba y de un plumazo el Código Penal. Han dado un indulto por la puerta de atrás pues quedaba muy feo el que lo diera quien quería darlo pero no se atrevía a ello por el escándalo que con toda razón suponía. Así que "los togas manchadas" le han hecho el trabajo sucio y ya está.
Han borrado el delito, ahora, además, quieren además lavar los cerebros y las memorias y, aún más, beatificar y glorificar como víctimas a quienes los cometieron. Cuentan, para ello con el proverbial olvido que tan bien saben aprovechar. Pero esta vez tengo dadas de que los andaluces se traguen esta desvergüenza final. Pues esto, al contrario, lo que puede hacer es echar sal en la herida y reavivar el recuerdo de aquel cortijo, que entendieron era su exclusiva propiedad, en que convirtieron a Andalucía y por lo que acabaron destrozados en las urnas y expulsados del poder. Me da a mí que querer tomar por tontos a los andaluces y tratarlos como tal no les va a dar ningún buen resultado.