Pedro Sánchez ha dado un paso más. Va a poner en marcha el indulto preventivo y con efecto retroactivo. Eso es lo que pretende con esta nueva ley. Un indulto familiar, tanto para su hermano y su mujer como para la familia política, el PSOE y sus aliados que le mantienen en Moncloa, y en particular y para empezar "su" Fiscal General. Este, una vez indultado preventivamente y amnistiado a perpetuidad, será él y sólo él quien decida a quién se puede encausar. Los jueces estorban y por tanto han de ser apartados. De hecho esa es la prioridad ahora del Gobierno.

Y descuiden, aunque sea una aberración tan descomunal que todas las asociaciones judiciales, hasta la más afín que siempre le había dicho amén, hayan puesto el grito en el cielo ante el atropello del Estado de Derecho y de la Constitución, eso le importa un pimiento. Para eso tiene a Conde Pumpido y sus acólitos, muy bien escogidos, dispuestos a proclamar que no hay nada más constitucional que la dinamitación de la propia Constitución. Lo tiene atado y bien atado, que diría aquel que va a cumplir 50 años muerto y nos van a sacar 100 veces en procesión.

Sin embargo, si logra poner en marcha el engendro, hay algo que quizás no haya contemplado. Estos indultos preventivos, esta imposibilidad de que sean llevados a juicio lo que también significa es que se asume su culpabilidad. Les librará de toda posible pena pero los dejará por siempre manchados. Impunes sí, pero marcados también.

El sanchismo ha ido borrando todas la líneas que ellos mismos consideraron rojas. Ahora con esto ya entra en una nueva fase, pues directamente destruye uno de los pilares esenciales de la democracia. Esta Ley de salir adelante significa que entramos en algo que ya nos asimila a lo que ninguno creímos que nos podía suceder. Pero lo cierto es que está empezando a suceder ya. Sánchez es en origen un presidente legítimo pero lo que está haciendo, y lo que ahora pretende hacer, ya no lo es.