La Junta se ofrece a las empresas de armas «sin prejuicios»

David Alonso
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El portavoz autonómico pide a los ministros de IU que «resuelvan sus dudas» sobre su presencia en el Gobierno, mientras Carlos Martínez tacha de «error» comprar armas a Israel

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. - Foto: Ical

«Es normal que la Unión Europea y los países occidentales inviertan en armamento». Castilla y León no quiere desaprovechar la oportunidad surgida ante el proceso de rearme europeo frente a las diferentes amenazas globales y el Ejecutivo autonómico ofrece al sector armamentístico la Comunidad como un lugar «muy adecuado» para instalar nuevas unidades de producción. «Nosotros no tenemos ningún prejuicio al respecto», reconoció el portavoz autonómico, Carlos Fernández Carriedo, que quiso contraponer el ofrecimiento de la Junta con la «crisis» abierta entre los socios del Gobierno central por el aumento del gasto en defensa. Una situación ante la que el también consejero de Economía quiso apretar al Ejecutivo nacional e instó a los ministros de Izquierda Unida a «resolver sus dudas cuanto antes» porque «los ciudadanos necesitan respuestas, no conocer las reflexiones de los ministros»: «Tenemos ministros en reflexión sobre si en este momento es más oportuno atender a sus principios y valores o atender a su voluntad y deseo de seguir permaneciendo en el Gobierno».

Críticas que intercaló con la oferta de suelo y oportunidades a las empresas fabricantes de armas, a las que valoró como «un sector productivo relevante». Además, y a pesar de tener ya «importantes empresas dedicadas a la fabricación de armamento o munición», la intención del Ejecutivo autonómico es lograr atraer nuevas empresas. «Tenemos experiencia y somos líderes en crecimiento del producto industrial», significó Fernández Carriedo, que recordó que Castilla y León tiene «un peso importante» en industrias como la automoción, las energías renovables, la agroalimentación o el químico-farmacéutico.

«Si hay un crecimiento de este tipo de industrias en un contexto europeo de demanda por la inversión importante de los gobiernos europeos, nuestra Comunidad es un lugar muy adecuado para instalarse», abundó el portavoz de la Junta durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno tras ser cuestionado por el plan nacional de 10.500 millones de euros.

«Un error»

Por su parte, y cuestionado por la crisis desatada en el Ejecutivo central por el contrato para la adquisición de balas de una empresa israelí, y ahora cancelado por el Ministerio del Interior, el líder autonómico del PSOE, Carlos Martínez, consideró que ha sido un «error» que el Gobierno de España compre armas a Israel. En este sentido, se limitó a precisar que es necesario buscar la senda de la paz dentro del derecho internacional, y rechazó el «genocidio y la barbarie» que se está produciendo sobre el pueblo palestino, acentuado desde el último ataque de Hamás, según informa la Agencia Ical.

Es por ello que Carlos Martínez precisó que es necesario buscar la paz y «presionar» al Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu, y reiteró que es necesario que la posición que se adopte «tenga de la contundencia necesaria» y el «respaldo de la Unión Europea» y el marco internacional.

Mucho más crítico se mostró en este sentido el secretario de Organización y procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, que lamentó que el Ejecutivo de España se haya convertido en un «gobierno de la guerra» y acusó a Pedro Sánchez de plegarse «a los dictámenes del fascista Donald Trump y de la OTAN». Para Fernández, resulta una «absoluta vergüenza» que se dediquen 10.500 millones al incremento armamentístico del país en lugar de utilizarlos en servicios públicos, la mejora del acceso a la vivienda o el aumento de las pensiones. «Pedro Sánchez mete a los españoles en un régimen de guerra», denunció el procurador, que aseguró que con esos 10.500 millones se podrían contratar 190.000 médicos en un año, 248.000 profesores para la educación pública o construir 75.000 viviendas protegidas de alquiler asequible.