El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSD), Josep María Serena, aseguró este lunes que quedan “pocos meses” para que este organismo regulador emita su informe sobre la construcción de una planta de fabricación de concentrados de uranio en Retortillo (Salamanca), después de denunciar presiones ”impropias” de directivos y accionistas de la multinacional Berkeley.

Se da la circunstancia de que la decisión del CSN podría producirse después de que se apruebe la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, cuya tramitación se encuentra ahora en el Senado y en cuya fase en el Congreso se incluyó una enmienda que prohíbe la minería de uranio.

Serena hizo esa consideración tras comparecer ante la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados, donde informó sobre las cinco cartas recibidas por el CSN entre julio de 2019 y enero de 2019 con presiones “impropias” que obligaron a este organismo regulador a ponerlas en conocimiento de este órgano parlamentario y de la Abogacía del Estado.

Esas misivas fueron enviadas por el director general de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, el presidente ejecutivo de Berkeley Minera España, el socio director de Herbert Smith Freehills Spain (despacho de abogados contratado por la multinacional), la World Federation of Investors (WFI) y la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec).

Serena indicó que esas cartas incluyen “insinuaciones” que considera “improcedentes” en relación al informe que el CSN debe emitir sobre si autoriza la construcción de una planta de concentrados de uranio en Retortillo, cuyo titular es Berkeley Minera España.

El proyecto de esa mina de uranio a cielo abierto comenzó en 2010 y, tras recibir el visto bueno para su emplazamiento, aún tiene pendiente su autorización de construcción y explotación, algo que se alarga, según Serena, por tratarse de algo “completamente novedoso en el ámbito de la protección radiológica” en España y que encierra una “gran envergadura y complejidad”.

En la solicitud de construcción de la mina intervienen 11 áreas y unos 50 técnicos del CSN y, según Serena, aún queda la evaluación de tres áreas, antes de que la Dirección Técnica de Protección Radiológica remita un dictamen al secretario general del organismo, que, a su vez, lo remitirá para su veredicto ante el Pleno. “Estamos en la fase final”, comentó Serena, antes de añadir: “Faltan pocos meses, no es cuestión de años”.

Cinco cartas

Por otro lado, Serena denunció que en las cinco cartas recibidas se insinúe que “el CSN pueda llegar a tomar sus decisiones atendiendo a consideraciones políticas o ideológicas, y no exclusivamente técnicas"; que los representantes legales de Berkeley señalaran que reclamarán “cuantas responsabilidades les ampare el Estado de derecho” y que la enmienda a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética es “inconstitucional”.

“La misión legalmente encomendada al Consejo es la de garantizar la protección de los ciudadanos, los trabajadores y el medio ambiente frente a los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes, asegurando que las instalaciones nucleares y radiactivas operen de forma segura en lo relativo a su diseño, emplazamiento, construcción y explotación, sin entrar a valorar otros aspectos de las instalaciones y actividades conexas más allá de la seguridad nuclear y la protección radiológica", aseveró Serena.

El presidente del CSN añadió que "corresponde exclusivamente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la competencia de autorizar o no la construcción de una planta de procesados de uranio en Salamanca" y "es competencia del CSN emitir su informe preceptivo, evaluando la seguridad nuclear y radiológica de la planta, nada más", y que ese documento sólo resulta vinculante cuando es negativo.

Serena apuntó que en noviembre de 2016 comunicó al entonces Ministerio de Energía que decidiría sobre la construcción de la mina de uranio en un plazo de dos años, pero aclaró que éste no se computa en el “plano lineal ni cronológico” porque ese departamento ministerial suspendió el procedimiento de autorización de construcción en enero de 2017.

No obstante, indicó que la tardanza en decidir por parte del CSN se debe a que la documentación adicional que este organismo ha pedido varias veces a Berkeley es “insuficiente” o bien llega “con deficiente calidad” y señaló que técnicos del órgano regulador ya han celebrado hasta 40 reuniones con representantes de la multinacional.

Crítica socialista

La portavoz de Cambio Climático en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico en el Congreso de los Diputados y diputada socialista por Valladolid, Helena Caballero, denunció este lunes que la Junta de Castilla y León, en su opinión, “haya ejercido de portavoz” de la empresa minera Berkeley al presionar al presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que acelerara los permisos de construcción de la mina de uranio que la empresa australiana pretende abrir en Retortillo (Salamanca).

Para Caballero, es “intolerable” que la Junta de Castilla y León “presionara al CSN, usando los mismos argumentos y las mismas frases” que los abogados de la minera, a través de una carta “con los logos de la Junta de Castilla y León”.

La diputada socialista apuntó al “interés desmedido” de la Junta por que Berkeley abriera su explotación. Expresó, sin duda, “el papel muy activo” de la Junta para la puesta en marcha de esta explotación desde el momento en que el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, tomó posesión de su cargo como comisario de Acción por el Clima y la Energía.

En su intervención ante la Comisión, el presidente del CSN también extendió sus críticas a la Junta por reclamar el pronunciamiento “urgente” del Pleno del CSN ya que “el retraso afecta al desarrollo económico y el empleo” de la provincia de Salamanca.

También se mostró duro con la propia empresa por considerar “impropias las insinuaciones de que había tintes políticos o ideológicos” en las decisiones del CSN, un organismo que, según recordó, “tiene como objetivo la protección nuclear y la seguridad radiológica en nuestro país”.

Asimismo, defendió el “rigor del CSN y sus técnicos” al sostener que la solicitud de numerosa documentación a la empresa se debía a la “insuficiente y deficiente calidad” de información facilitada para continuar con los trámites. Por eso, rechazó de manera “enérgica” que hubiera “falta de profesionalidad o retrasos intencionados”.