La oposición parlamentaria, representada por los grupos Socialista, Podemos, Ciudadanos e IU-Equo, apuesta por recuperar para la gestión pública, aunque «no a cualquier precio», el Hospital Universitario de Burgos (HUBU), promovido por un modelo concesional, que incluye la construcción y la gestión de 14 servicios no asistenciales. Ésta es una de las 46 conclusiones pactadas por la oposición, tras finalizar los trabajos de la comisión de investigación sobre los repetidos sobrecostes, el estado actual de su infraestructura, las modificaciones de las adjudicaciones y el presupuesto final del Hospital Universitario de Burgos, que se constituyó el 6 de noviembre de 2015 y que escuchó el testimonio de unas 60 personas, entre ellas, el presidente de la Junta y el portavoz socialista.
Los socialistas Mercedes Martín y Luis Briones; Laura Domínguez, de Podemos; Manuel Mitadiel, de Ciudadanos, y José Sarrión, de IU-Equo, presentaron el documento conjunto. De momento, no han decidido si elevan a la Fiscalía alguna cuestión de las que denuncian en sus conclusiones, si bien insistieron en que se siguió un proceso plagado de irregularidades, aunque todavía no han podido analizar si puede existir «ilícito penal».
Igualmente, la oposición sentencia que el PP, que ostenta la presidencia de la comisión y que presentó sus conclusiones el jueves en Burgos, se ha quedado solo en defensa del modelo de colaboración público privado. Además, expresó sus dudas sobre la posibilidad de otro «rescate» de la concesionaria del centro respecto del equipamiento.
En concreto, los cuatro grupos admiten diversas vías para la recuperación pública del HUBU, como es la rescisión del contrato de forma unilateral, si bien debería aplicarse una «fórmula no lesiva», aunque admiten que las consecuencias serían «muy duras y muy costosas».
También proponen la renegociación parcial del contrato en aspectos más perjudiciales -retribución, canon anual, régimen sancionador o explotación de servicios-; la compra de capital social o el análisis del cumplimiento a través de una auditoría del edificio, el equipamiento y la fiscalización por parte del Consejo de Cuentas, de forma que se pueda rescindir el contrato de forma «beneficiosa», según informa Ical.