Cambio climático, tensiones geopolíticas en diferentes partes del planeta, limitaciones en el uso de productos zoo o fitosanitarios, mayores exigencias por un producción sostenible que afectan a los rendimientos, incremento de la población mundial o la necesidad de una adaptación de las producciones en el campo y en la industria a las necesidades y a la demanda en aumento de las próximas décadas constituyen elementos que marcan el desarrollo de la futura política agroalimentaria. Una hoja de ruta con dos cabezas: una en España con la Estrategia Nacional de Alimentación (ENA) y otra en el conjunto de la Unión Europea (UE) con el documento 'Visión para la agricultura y la alimentación'; ambas con repercusiones directas en la actividad productiva en el campo.
En el caso solamente de la Administración española, el Ministerio de Agricultura ha iniciado la cuenta atrás para el desarrollo y la aplicación de la hoja de ruta con la puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Alimentación, cuyo objetivo se centra en articular un sistema alimentario integral, sostenible, competitivo y arraigado en el territorio para satisfacer la necesidades actuales y futuras de la población. La intención es conformar un sistema justo, orientado a la demanda de las nuevas generaciones, tanto desde la perspectiva de las exigencias de adaptación para las producciones de los agricultores y ganaderos como para los sectores que operan en el resto de la cadena hasta su distribución a los consumidores.
Gracias a la ENA se prevé la articulación de medidas para garantizar a toda la población, fuera y dentro de España, el abastecimiento estratégico de una alimentación saludable, un sistema alimentario integral adaptado al cambio climático y ligado al territorio, una información transparente a los consumidores, el fortalecimiento de la áreas rurales y el impulso a la innovación y la investigación como motores para la eficiencia y la competitividad.
A esta iniciativa se suma el reciente documento de la Comisión Europea (CE) 'Visión para la agricultura y la alimentación', con la mirada puesta en 2040, pero que ya contempla para 2025 una propuesta de la CE con un paquete de medidas encaminadas a la simplificación del actual marco legislativo agrario. Además Bruselas pretende poner en marcha una estrategia comunitaria para apoyar la transición hacia una agricultura dominada por la digitalización. En resumen, la Comisión pretende lograr un sector más atractivo, competitivo y resiliente, preparado para el futuro desde la competitividad, pero también a través de un mayor desarrollo del medio rural, sin olvidar otras cuestiones como el desperdicio alimentario o el bienestar de los animales desde la explotación a los sacrificios.
Para la consolidación de este nuevo sistema agroalimentario, Bruselas señala la necesidad de ofrecer respuestas también desde unos planteamientos políticos. Para ello apunta a la necesidad de construir un sector atractivo que garantice un nivel de vida justo para agricultores y ganaderos, a la vez que aprovecha nuevas oportunidades de ingresos. En ese sentido se abunda en el mejoramiento de la cadena alimentaria con un distribución justa de los beneficios. Asimismo, se rechaza todo tipo de prácticas que obliguen sistemáticamente a los agricultores a vender por debajo de costes.
La PAC con ayudas públicas se considera otra pieza clave para sostener la renta de los agricultores, sobre todo teniendo en cuenta que hoy supone el 23% de sus ingresos totales. Se aboga por una mayor simplificación de la misma y, a la vez, un enfoque más orientado a los que se dediquen a la actividad agraria de forma activa y principal. Bruselas estudia si es necesaria una mayor degresividad y modulación en pago de las ayudas o para limitar los fondos. En base a la experiencia de los Planes Estratégicos, se analizará si es necesario racionalizar más la forma de aplicar la PAC.
Desde el sector, COAG y ASAJA alaban la música de las propuestas, pero se preguntan donde se hallan los fondos para este proceso. Desde COAG se denuncia además que el campo se siga empleando como moneda de cambio en los acuerdos comerciales.
Jóvenes e innovación.
Desde la Unión Europea se plantea en el mismo documento la necesidad de una mayor apuesta por la innovación y más con el protagonismo de los jóvenes, así como la dinamización de nuevas actividades en el territorio como las prácticas de agricultura ecológica, la agroecología, la bioeconomía, la agricultura circular… lo que supone, en muchos casos, una valorización de los residuos y con ello la creación de nuevas oportunidades de empleo en el territorio rural.
Entre otras fuentes de ingresos se abunda igualmente en la agricultura del carbono y la reducción de emisiones, la inteligencia artificial, la agricultura de precisión, la producción de energías renovables o la digitalización para reducir costes y mejorar los ingresos. Todo lo cual requiere un plan de inversiones para el campo dedicado fundamentalmente al relevo generacional para evitar dejar el campo en manos de los fondos inversión.
Por otra parte, en los sectores agrario y agroalimentario juegan un papel clave los retos del comercio mundial. Desde el documento comunitario se señala la necesidad, por simple estrategia de seguridad, de diversificar la cadena de suministro, cada día más vulnerable por tensiones geopolíticas o geoeconómicas, para evitar dependencias, por ejemplo, en productos como fertilizantes, piensos o energía, que aumentan la vulnerabilidad del sistema. Bruselas se compromete a elaborar un plan global para hacer frente a esos riesgos, abarcando desde la política a la investigación, para lograr una UE más autosuficiente y sostenible, diversificando más el origen de las importaciones.
El interés de la Comisión Europea por apostar por esta estrategia de cara a las dos próximas décadas viene determinado por la existencia de un sector agrario potente y que debería seguir e interesar a futuras generaciones para lograr una soberanía alimentaria con productos de calidad a precios justos para 450 millones de personas. La importancia del sector agrario y alimentario de la UE va desde la forma de producción al disfrute de los alimentos por la población, pasando por la cultura alimentaria y por el propio paisaje. Ambos sectores, incluida la pesca, proporcionan alimentos para 450 millones de personas y juegan un papel básico en la seguridad alimentaria mundial. La PAC está en el centro de las políticas comunitarias y ahí la soberanía y la seguridad alimenta no son negociables.
Agricultura y agroindustria generan un valor añadido de más de 900.000 millones de euros y emplean a más de 30 millones de personas con un superávit en el comercio de más de 70.000 millones. Sin olvidar que ocupan un 75% del territorio en el que vive el 25% de la población, por lo que los agricultores y esa industria agroalimentaria pegada al campo son también guardianes de la naturaleza.