El pasado martes el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció durante su intervención en el debate sobre el estado de la Comunidad su intención de blindar por ley los servicios públicos de Castilla y León «cuanto antes». Dicho y hecho. El Partido Popular inició ayer la tramitación del blindaje de esta iniciativa avanzada por el presidente con el registro en las Cortes autonómicas de una proposición de ley con seis artículos, que espera aprobarse en un plazo aproximado de dos meses, y que implicará una «reordenación» en el ámbito sanitario para cumplir con la norma ante la falta generalizada de médicos.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, defendió la «doble garantía» en la prestación de los servicios públicos en materia de sanidad, educación y servicios sociales que establece la elevación de la norma a rango de ley: por un lado, porque cualquier supresión de centros por descenso poblacional que establezcan las diferentes Consejerías tendrá que ser aprobado en las Cortes y, por otro, porque si se lleva a cabo esa supresión, la ley garantiza que tendrá que mantenerse el mismo volumen de prestación del servicio en la provincia correspondiente.
Este documento, que desde el PPCyL esperan aprobar en los próximos dos meses con el apoyo «unánime» de los grupos de las Cortes, da cumplimiento «al compromiso político del presidente de la Junta», Alfonso Fernández Mañueco, enarbolado tanto en la campaña electoral previa a las elecciones autonómicas de 2022 como en los discursos de investidura y del último debate de política general de la Comunidad.
«La joya de la corona de la Junta son estos servicios públicos», aseguró De la Hoz, que presumió de que la Comunidad cuenta con «la mejor educación, los mejores servicios sociales y uno de los mejores sistemas sanitarios del país». Cuestiones que ahora quedan «garantizadas» tal y como estén en el momento de aprobación de la ley, tanto por criterios de ubicación como de mantenimiento y «para garantizar igualdad de oportunidades en el acceso a estos servicios con independencia de lugar en el que radiquen».
En este sentido, Raúl de la Hoz indicó que la norma requerirá, una vez entre en vigor, «la reordenación y adaptación de profesionales sanitarios para dar cobertura a su cumplimiento». Se trata de una reordenación que, recordó, ya se está llevando a cabo por la Consejería de Sanidad de la Junta, y que aunque «no está dando todos los frutos» esperados por la falta generalizada de profesionales sanitarios que «no solo afecta a esta Comunidad, sino que es un grave problema en nuestro país», sí está obteniendo «algunos resultados que se reflejan en una mejor atención sanitaria en el medio rural».
Concordia e intrafamiliar
De la Hoz también aseguró que tanto el grupo parlamentario de su formación como el de Vox siguen trabajando en la elaboración del nuevo decreto de concordia y de la ley de violencia intrafamiliar pactadas al inicio de la legislatura: «No hay nada parado». «La respuesta sigue siendo la misma», advirtió, afirmando que están «trabajando en ambos ámbitos normativos».