La Junta mantiene sus descuentos pese al fin de los estatales

David Alonso
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La bonificación autonómica será del 25% en alta velocidad y 20% en bus interurbano y Carriedo urge al Gobierno a que tramite, de forma independiente, recuperar las rebajas y las pensiones

Un grupo de personas espera en la estación de tren de Palencia. - Foto: Sara Muniosguren

La Junta de Castilla y León mantendrá los descuentos que venía aplicando en el transporte ferroviario y de autobús interurbano con cargo a las arcas de la Comunidad tras el fin de la parte que ponía el Estado vinculada al fallido decreto Ómnibus. Una bonificación autonómica que el pasado año ascendió a los ocho millones de euros y ya casi roza los 20 millones desde la puesta en marcha de estas ayudas en el año 2022. «Reaccionamos de manera inmediata y mantenemos nuestro compromiso con los usuarios del transporte público de la Comunidad», sentenció el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en el que se aprobó el mantenimiento del descuento autonómico, que hasta este miércoles se sumaba al Estatal. «Nosotros hemos cumplido con nuestra parte».

De esta forma, los usuarios de transporte público de Castilla y León mantendrán los descuentos del 20% en los abonos para viajeros recurrentes de las líneas de autobús interurbanas –antes era del 50%–, así como el 25% que financia en los títulos multiviaje de la alta velocidad ferroviaria de media distancia –hasta el miércoles alcanzaba el 75%–. A estos se le suma la gratuidad del Bono Rural para el Transporte a la Demanda. Sobre la vigencia que tendrán, se limitó a asegurar que tienen «vocación de permanencia en el tiempo».

En un tono mucho más duro del habitual, Fernández Carriedo cargó duramente contra el Gobierno central por «mezclar» dentro del macrodecreto Ómnibus «80 cosas diferentes» y acusó directamente a Pedro Sánchez de utilizar «como moneda de cambio» a los pensionistas y usuarios de transporte público por incluir ambas ayudas en este decreto. «Creo que no se puede usar ni a los pensionistas ni a las personas que usan al transporte público como moneda de cambio para dar un palacete al Partido Nacionalista Vasco, ni para apoyar a los okupas, ni para subir impuestos».

En los mismos términos se había expresado antes el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que defendió la política «de hechos, realidades y soluciones» del Gobierno de Castilla y León frente «al caos, la deriva y la ineficacia» de Sánchez, al tiempo que tachó de «inadmisible» que «utilice a las personas mayores y las familias para pagar a sus socios separatistas».

El portavoz de la Junta aprovechó su intervención para reclamar al Gobierno central premura para que lleve al Congreso, de forma separada, Decretos Ley específicos e individuales con algunos de los asuntos incluidos dentro del Ómnibus que no sirvan para «pagar un precio político a sus socios», como las pensiones o las ayudas al transporte, y que «son compartidas por la mayoría del Parlamento». «Estamos a tiempo», señaló Fernández Carriedo que también deslizó la posibilidad de que el PSOE apoye la tramitación por la vía de urgencia de las proposiciones de ley presentadas por el PP –al que no nombró directamente– para «resolver este problema».

Cuestionado el portavoz de la Junta si la ciudadanía entenderá el voto en contra del PP al decreto que ha tumbado las ayudas al transporte, la revalorización de las pensiones y las entregas a cuenta, Fernández Carriedo pasó a la ofensiva total contra un Pedro Sánchez «sin acción de Gobierno» y que ahora «simplemente un estar y sobrevivir». «El presidente del Gobierno ha decidido perjudicar a los pensionistas y a los usuarios del transporte público antes de someterse a la cuestión de confianza».

Así quedan los precios sin la ayuda estatal

Castilla y León pasará de tener un descuento del 75% en los Abonos Avant de Renfe, a un 25% por la financiación de la Junta de Castilla y León para los empadronados en la Comunidad. Y esto, ¿cómo se traduce en el coste que tendrán ahora los abonos de tren? De media, los distintos modelos triplicarán su coste al quedarse sin el 50% que aportaba el Estado. Así, la Tarjeta Plus 30-50 viajes con la que puedes escoger entre 30 y 50 de ida o vuelta indistintamente pasará de costar 142,5 euros para la población de Castilla y León a un total de 427,8 euros (570,4 en el caso de no estar empadronado en la Comunidad). 

Por otro lado, la Tarjeta Plus 10, con la que se pueden realizar diez viajes de ida o vuelta con una validez de dos meses, tendrá un precio de 96 euros para los empadronados en Castilla y León (128 euros para el resto de España) frente a los 32 que valía hasta ahora. Por último, la Tarjeta Plus 10-45 que consta de los mismos diez viajes pero con un periodo de uso y validez de 45 días desde la fecha de la compra, se pueden adquirir en la actualidad con un precio de 151,65 euros para los castellanos y leoneses, ante los 50,55 euros que valía hasta este miércoles.

Tudanca culpa al PP del fin de las ayudas

El portavoz socialista en las Cortes, Luis Tudanca, acusó al Partido Popular de «atacar» a los pensionistas, a los vulnerables, a los usuarios de las ayudas al transporte, y en su conjunto a Castilla y León con el rechazo del decreto ómnibus. «Por culpa de PP y Vox», subrayó que Castilla y León deja de recibir 600 millones de entregas a cuenta, que podrían ir a reforzar los servicios públicos, que 629.000 pensionistas pierdan 518 euros al año con el rechazo de la subida propuesta o que los perceptores del Ingreso Mínimo Vital se queden en 475 euros y no en los 516 que podrían cobrar. 

El PP tacha a Sánchez de «tramposo y trilero»

El popular Miguel Ángel García Nieto calificó de «tramposo y trilero» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por enviar al Congreso un Decreto-ley como «un saco en el que cabe todo», con «algunas cosas buenas» pero para que la oposición «vote lo que no quiere». «No se puede tragar con todo», expresó en apoyo al voto emitido por el Grupo Popular, a la vez que recordó que sí están dispuestos a respaldar la subida de las pensiones o la bonificación del transporte público, pero a través de normas específicas y no en una ómnibus.