Los sindicatos UGT, CCOO, CSIF y STE del ámbito de la Enseñanza en Castilla y León llaman a los trabajadores de las cuatro universidades públicas para que se concentren ante la Consejería de Educación el próximo 5 de mayo, a las 11 horas, para reivindicar unos mejores salarios, ya que son los que menos retribuciones perciben de España.

La convocatoria es para el personal docente e investigador, el personal técnico y de gestión y el administrativo de servicios que soportan una desigualdad salarial con otras universidades públicas, según destacó la secretaria autonómica de UGT-SP, Beatriz García.

La exigencia a la Junta pasa por  modificar la Ley de Universidades de Castilla y León, aprobada en 2003 y reformada por última vez en 2017, para adaptarse a la Ley Orgánica (LOSU). En Castilla y León están afectados unos 11.000 trabajadores entre personal técnico, de gestión y de administración y servicios y personal docente e investigador.

«Se necesita un nuevo marco jurídico de regulación y coordinación del sistema que estimule el dinamismo de la comunidad universitaria con el objetivo de alcanzar unas universidades modernas que mejoren su calidad y sirvan para generar bienestar y que, en función de unos mayores niveles de excelencia, influyan positivamente en todos los ámbitos de la sociedad», destacó para señalar que es fundamental dar una garantía jurídicas a las nuevas figuras del personal docente e investigador laboral, informa Ical.

En este sentido, el secretario autonómico de Enseñanza de CCOO, José Antonio Alegre, precisó que es necesario modificar el decreto sobre los complementos retributivos autonómicos para este personas de las universidades, ya que permanecen sin cambios desde hace 22 años, convirtiéndoles en obsoletos.

«Deben incrementar su cuantía y revisarse en función de la LOSU donde recoge entre las funciones a las que se pueden vincular las retribuciones adicionales las de transferencia e intercambio del conocimiento e innovación, que no están incluidas en este decreto», reseñó.

El vicepresidente autonómico de Educación de CSIF, Roberto Fernández, precisó que hace 15 años que los convenios colectivos del personal laboral (PDI y PTGAS, respectivamente) de las universidades de Castilla y León se encuentra en situación de ultraactividad (prórroga) sin avances en su negociación.  

«Estamos ante una regulación obsoleta que no recoge las condiciones de trabajo, los derechos y los deberes de cerca de 6.500 personas. Estos convenios están bloqueados por parte de las universidades con el argumento de que no tienen recursos económicos suficientes».

En este aspecto, exigió a la Junta que habilite una partida específica para poder financiar la mejora de las condiciones del personal laboral de las universidades y garantizarles condiciones «dignas y suficientes».

«Estamos por debajo del resto de universidades del país e incluso Salamanca y Burgos retribuyen por encima de otras como puede ser Valladolid y León», precisó.