La Junta de Castilla y León se prepara para abrir un nuevo frente judicial contra el Gobierno de España si finalmente la condonación de la deuda se aprueba en el Congreso de los Diputados en forma de Ley. «Daremos con contundencia la batalla política y judicial», anunció el presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, que, como ya hizo en el caso de la Ley de Amnistía, vuelve a poner en alerta a los servicios jurídicos de la Comunidad ante el posible alumbramiento de la normativa que de luz verde a la quita de más de 83.000 millones de euros de deuda pública. Una ofensiva judicial que volvería a tener como terreno de juego el Tribunal Constitucional y cuyo anuncio se produce la jornada después de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera diera el visto bueno, solo con los votos del Ministerio y las tres regiones del PSOE, a la propuesta de Hacienda suscrita con ERC.
El presidente de la Junta, durante un acto del Partido Popular, recuperó el triple argumento que ya esgrimió este martes en el Pleno de las Cortes contra un acuerdo que calificó de «inmoral» por «fomentar la cultura del manirroto que no paga las deudas»; de «injusto» por no tratar igual a las comunidades, que cifró en el caso de Castilla y León de 1.000 euros más de lo que se ofrece; y de «desleal» por hacerse «de tapadillo» con ERC y antes de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. En definitiva, dijo, contra un pacto que «atenta contra la Constitución y la igualdad de los españoles».
«En Castilla y León pagamos nuestras deudas, y lo que no vamos a hacer es pagar los despilfarros de los separatistas», continuó Fernández Mañueco, que insistió en denunciar el «truco de trileros» de la propuesta de quita que no resuelve el problema de la financiación de las Comunidades Autónomas. «Al CPFF teníamos que haber acudido a debatir un nuevo modelo de financiación autonómica, que es desfasado e insuficiente y que es fundamental para financiar servicios públicos como la sanidad, la educación, la atención a los dependientes».
Durante su alocución, el dirigente autonómico denunció que la condonación de la deuda supone que «Sánchez premia el despilfarro y castiga la buena gestión»: «Perjudica a quienes han sido responsables y han hecho los deberes, y se premia a quienes se han endeudado con el despilfarro del procés», según informa Ical.
«No rotundo»
La ofensiva de la Junta de Castilla y León contra esta propuesta ministerial se completó con la frontal oposición verbalizada también por el portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Un «no rotundo» del Ejecutivo autonómico avanzó Fernández Carriedo, que no quiso extrapolarlo al PP, aunque consideró que «no es cuestión de partidos». En este punto señaló que los inspectores de Hacienda, la Airef, Fedea o Standard and Poor's –instituciones que se han mostrado críticas con la quita– «no son partidos políticos»: «Lo que se puede dar por hecho es la oposición radical de la Junta de Castilla y León y nuestra determinación de, por todos los medios disponibles, trabajar para que esa ley no llegue a aplicarse».
El portavoz de la Junta argumentó la oposición autonómica desde la base de que Castilla y León «no le debe nada a Oriol Junqueras». «Nosotros nos debemos a las personas de Castilla y León, y no queremos que tenga que pagar las deudas de otros». Fernández Carriedo también manifestó su «preocupación» por el temor de que en la reforma de la financiación autonómica ocurra lo mismo:«No nos gustaría que un día el Gobierno alcanzara un acuerdo sobre financiación con los partidos separatistas y nos lo quiera imponer a los demás». Por su parte, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, agradeció que las comunidades gobernadas por su partido hayan «plantado cara» ante «el timo separatista» para condonar la deuda a todas las autonomías, en una posición de «dignidad política» frente a «los paripés» de Pedro Sánchez.