Los extranjeros que llegan a España de países como Marruecos, Colombia, Honduras, Perú, Venezuela, Argentina, Senegal, Pakistán... y se encuentran en situación irregular (sin permiso de residencia durante más de 90 días en el año natural o más de 90 días en el plazo de 180 en este país o en otros del Espacio Schengen) tienen cinco opciones excepcionales para obtener la documentación, cumpliendo una serie de condiciones, como estar empadronados y carecer de antecedentes penales, entre otras. Se trata del arraigo social, el arraigo laboral, el arraigo para la formación (desde 2022), el arraigo familiar y la variante por familiar de un ciudadano de la UE (matrimonio o pareja de hecho). Cada mecanismo cuenta con unos requisitos de terminados y se autoriza la residencia por un año, con la posibilidad de modificar después el permiso. Cuando a los extranjeros se les deniega la Protección Internacional o el Asilo, también deben recurrir a este proceso. Solicitar el Número de Identidad Extranjero (NIE) es uno de los primeros trámites que deben realizar, y pedir la tarjeta de Sacyl.

Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a finales de 2023 había en Soria 281 personas con autorización de residencia inicial por arraigo en vigor (la cifra más baja de España junto a 360 en Zamora y 372 en Teruel), frente a  39.983 en Madrid y 31.334 en Barcelona) y el tiempo medio en la irregularidad se situaba en 3,3 años (la media de España es de 2,9 años). El informe del ministerio destaca que en Soria hay menos de 70 personas con autorización de arraigo familiar.

Según los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno en Soria, donde se ubica la Oficina de Extranjería, el número de autorizaciones en la provincia por arraigo (residencia temporal por vías ordinarias en base a circunstancias excepcionales) es de 787 desde 2019 hasta mediados de 2024, con un crecimiento del 87,8% en los cuatro últimos años.

Del total de personas que se han acogido a este proceso de regularización en Soria, 564 son por arraigo social (65,3%), 146 por arraigo familiar (18,5%), 92 por arraigo laboral (11,6%) y 35 por arraigo para la formación (4,4%).  Los permisos por arraigo laboral han aumentado un 96% en cuatro años (aunque hubo un descenso en 2023), los de arraigo social un 86,4% (de 22 a 162), los de arraigo familiar un 81% (de 8 a 44 y en el presente ejercicio ya hay 34 autorizaciones) y los de arraigo para la formación un 50%, al pasar de 8 a 16 de 2022 a 2023 y ya son 11 en lo que va de 2024. Este año ya se han aprobado 73 autorizaciones: 34 por arraigo familiar, 20 por arraigo social, 11 por arraigo para la formación y 8 por arraigo laboral.

NOVEDADES

La inmigración es noticia de continuo y la normativa se va actualizando. El Gobierno trabaja en la reforma del Reglamento de Extranjería para adaptarlo al Pacto Europeo de Migraciones y Asilos y el 20 de junio entra en vigor la nueva Directiva Europea de Permiso Único, simplificando el procedimiento de permisos de residencia y trabajo.

Por otro lado, el Congreso ha admitido a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización de más de 500.000 personas extranjeras (deben vivir en España desde antes del 1 de noviembre de 2021), solicitada por ONGs, sindicatos, patronales, Conferencia Episcopal... Se aboga por defender los derechos fundamentales de la población migrante, combatir la economía sumergida, elevar los ingresos del Estado con cotizaciones laborales y paliar la creciente falta de mano de obra en diversos sectores. En la Cámara Baja lo apoyaron todos los grupos, excepto Vox. En base a esta estimación de indocumentados y a la proporción de habitantes nacidos en el extranjero, en Soria se estimaría que unas 120-150 personas podrían ser regularizadas, aunque sin ser un dato oficial.

En España se han aprobado nueve regularizaciones, las dos primeras con Felipe González (PSOE) como presidente del Gobierno, con 38.294 permisos en 1996 y 114.423 en 1991-1992. Con José María Aznar (PP) al frente del Gobierno, en 1996 se concedieron  21.294 permisos y en 2000 otros 264.153. En 2001, de nuevo el PP puso en marcha la regularización por arraigo, con 239.174 permisos. El último proceso fue en 2005, con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente (PSOE), denominado 'normalización de trabajadores extranjeros' y con el que se regularizó a 576.506 (83,35% de las solicitudes). En la UE se han realizado 43 programas de regularización en 17 países, Portugal e Italia en plena pandemia.

MERCADO LABORAL

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones indica que en 2023 el 72% de las personas en Soria con autorización inicial de residencia por arraigo estaban afiliadas a la Seguridad Social, con un tiempo medio de irregularidad de 3,6 años. Es el porcentaje más alto del país, con Huelva (71%) y Teruel, Madrid y Segovia (todas 70%), frente a Melilla (23%) y Ceuta (26%).
La secretaria de Migraciones de CC. OO. en Castilla y León, reconoce que el número de personas extranjeras sin permiso es difícil de calcular. Aunque sí que se hacen estimaciones según el padrón o la Estadísticas Continua de Población (como la de la ILP), también suele haber movilidad entre países. Como principales problemas, denuncia la demora en las citas en la Oficina de Extranjería, por ejemplo, y la dificultad de poder hacer los trámites online, porque muchas personas no tienen competencias digitales o dispositivos. El sindicato contaba hasta hace dos años con el Centro de Información al Trabajador Extranjero (CITE), que suprimió la Junta de Castilla y León, por lo que esta secretaría atiende consultas pero sin técnicos en cada provincia. «Si ya es complicado acceder a una regularización, más si no tienen un apoyo», denuncia. Aunque hay otras entidades que trabajan en este tema, el centro atendía a un elevado número de personas.

A la hora de buscar trabajo, «hay abusos y explotaciones laborales» de estas personas «que se ven en prensa cada dos por tres». Suelen colocarse en el sector agrícola como peones y el servicio doméstico, porque suelen pasar más desapercibidas y es más difícil de detectar; además de hostelería y comercio. «Son personas que están expuestas a esta situación porque desconocen sus derechos laborales, que también ocurre con ciudadanos europeos, como rumanos o búlgaros, con permiso de trabajo», denuncia. La mayoría de los empleadores son formales, «pero hay un porcentaje que quiere aprovecharse del trabajo ajeno». «La consecuencia es que son explotados y hay que recordar que cualquier trabajador tiene los mismos derechos, da igual de donde venga», indice subrayando que los sindicatos están atentos a estas circunstancias para denunciarlas y procurarles «un futuro decente». El nuevo pacto europeo «es otra forma de reforzar las fronteras», sin facilitar los movimientos. Y sobre el proceso de regularización surgido de la ciudadanía, CC. OO. lo apoya como un mecanismo para dar una solución a todas las personas que están en situación irregular. «Será una solución para las personas que hayan llegado a España hasta noviembre de 2021, pero desde esa fecha ha habido una gran afluencia de extranjeros en España y también de entradas irregulares», con 51.000 en 2023. «Los sistemas de arraigo sí que han regularizado a muchas personas de forma individual, con determinados requisitos de estancia, y en 2022 se ha instaurado el de formación, una buena medida con dudas en su aplicación, pero parece que soluciona», comenta reclamando más mecanismos para regularizar a las personas que quieran venir a trabajar a España.

ASISTENCIA A INMIGRANTES

Además de Apip Acam y Cepaim, enfocadas también a los refugiados, Cruz Roja y Cáritas Diocesana se vuelcan en la atención a estas personas y han dado la voz de alarma en numerosas ocasiones sobre la desprotección de personas sin regularizar y a las que se les deniega la protección internacional o el asilo. Alberto Martín, director de Cáritas Diocesana en Soria, explica que se les ofrece ayuda en el alquiler de pisos y para obtener la tarjeta de alimentos, pero que desde septiembre se ofrecerá formación sobre subvenciones, economía social, habilidades domésticas... A los cursos subvencionados con fondos públicos no pueden acceder al no contar con documentación. La organización aboga por acelerar la regularización, porque para el arraigo laboral se establecen dos años y tres para el social.

Gemma Martínez, del Programa de Atención a Personas en Extrema Vulnerabilidad Cruz Roja (financiado por la Junta a través del IRPF), indica que el número de personas en situación irregular que se atiende no es muy alto. Son casos en los que pasan tres meses como turistas y después quedan en situación irregular, aunque las citas para trámites en Extranjería se demoran. Muchas personas quieren solicitar la Protección Internacional en esos tres meses y no pueden por lo que pasan a situación irregular a nivel legislativo y al pasar este tiempo ya no tienen derecho a ayuda de otros servicios. Así, atienden, sobre todo, a familias con niños, pero también a personas jóvenes. Se les ofrece orientación jurídica, de derechos y deberes, sanitaria y laboral... y en algunos casos optan a los recursos generales y de extrema vulnerabilidad.