Por enésima vez, los socios de investidura de Pedro Sánchez dejan en evidencia al presidente del Gobierno y le dibujan como un dirigente cuya palabra es falaz por condición. Ayer, en el transcurso del primer debate parlamentario sobre la ley de amnistía que el PSOE, instrumentalizando la presidencia del Congreso, quiere aprobar por la vía más rápida posible para saciar el hambre de impunidad sus apoyos parlamentarios, los portavoces de Junts, el partido comandado por el fugado Carles Puigdemont, advirtieron al menos dos hechos que desmienten a Sánchez y echan por tierra toda su obsesión por imponer un relato que alivie el peso de la verdad.

El primero es que la ley de amnistía no obedece a ningún principio de convivencia, sino a una imposición para que el presidente del Gobierno admita la condición de (falsos) mártires de los procesados por delitos políticos, de corrupción y de terrorismo. El secesionismo catalán no quiere perdón, quiere que se diga a todos los españoles y al resto del mundo que España es un estado opresor que pisotea a los disidentes. Quiere que el discurso xenófobo e iracundo que llevan años abonando cale más hondo en más generaciones de catalanes sometidas a la lobotomización social, educativa y mediática que el radicalismo lleva décadas imponiendo en Cataluña. Quiere seguir erosionando los cimientos de la convivencia para hacer más débil toda la estructura que sostiene al país. Es, por tanto, radicalmente falso que esta ley vaya a mejorar la convivencia, y así se lo dijeron ayer al PSOE de Sánchez los propios beneficiados.

El segundo hecho es que el secesionismo no quiere la ley de amnistía. O no sólo la ley de amnistía. La maniobra es, y así se confirmó ayer, un paso más hacia un referéndum para dividir España. Todos los partidos anticonstitucionalistas han apoyado a Pedro Sánchez compartiendo un principio de razón: están convencidos de que el ansia de poder del presidente está muy por encima de cualquier límite y, en consecuencia, obtendrán de él aquello que ni soñaban.

El problema no necesita candil. Una vez aprobada la ley, los prófugos y los condenados volverán a las calles para ser paseados como héroes de la falsa república. Volverán a espolear a la ciudadanía para cometer toda suerte de tropelías -hoy parece algo menor que se colapsara el aeropuerto de El Prat y se pretendiera interferir en su funcionamiento, por citar un ejemplo-, y si necesitan financiar esas actuaciones con dinero público, lo tomarán. No es difícil preverlo porque ya lo hicieron cuando no tenían la fuerza que les da un presidente rendido y capaz de todo al que desmienten día sí, día también sus propios socios.