La futura Ley de Concordia de Castilla y León emanará finalmente de las Cortes autonómicas después de que Partido Popular y Vox presentaran este martes la proposición de ley para impulsar una normativa largamente perseguida por los de Santiago Abascal. Ambos grupos parlamentarios apuestan así por elevar a rango de ley el actual decreto de Memoria Histórica del año 2018, que decaerá una vez aprobada la nueva norma, escapando de «visiones sesgadas de la historia» y con el objetivo de «honrar y proteger» a todas las víctimas de persecución o violencia por motivos ideológicos, religiosos y sociales entre 1931 y 1978. Es en este punto donde surge una de las primeras novedades, y es que la ley propuesta por PP y Vox amplía la memoria histórica a las víctimas de la II Segunda República, ya que el actual decreto solo abarcaba desde 1936. No obstante, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, reiteró en varias ocasiones que la norma no equipara «en ningún caso» la II República con la Dictadura: «No estamos en absoluto equiparando momentos históricos. No estamos homologando situaciones políticas ni sociales. Y, ni mucho menos estamos equiparando la Segunda República con la dictadura».
«Las víctimas son víctimas, con independencia del cómo, cuándo y quién», continúo De la Hoz, que, cuestionado sobre la ausencia de una condena expresa a la dictadura franquista, aseguró que «va implícita en el texto» y abundó en que «llegados a este momento de la historia, sería absurdo pensar que no condenamos la dictadura». El portavoz parlamentario quiso defender la decisión de que finalmente sean las Cortes quienes aprueben esta Ley de Concordia, cuando inicialmente fue la Junta la que inició los trámites, en que así fortalece las medidas a través de una ley y porque «tiene más sentido» en relación con el contenido del acuerdo suscrito entre ambos partidos.
A renglón seguido explicó que la normativa presentada «no tiene una visión sesgada de la historia» como si achacó a la Ley de Memoria Histórica aprobada por el Gobierno en 2022: «Nos corresponde honrar a todos los que recibieron violencia por motivos ideológicos, sexuales o sociales durante ese periodo para afianzar la reconciliación».
Junto al portavoz popular compareció su homólogo de Vox, Carlos Menéndez, que insistió en que se trata de una normativa «buena» que amplía las víctimas hasta 1931 porque, a su juicio, «están interrelacionados historiográficamente». «Es un texto sin ideologías, que no divide y que respeta a todas las víctimas políticas sin diferenciar a las víctimas por sus victimarios, de tal manera que se da el mismo trato a todas las víctimas, y esto es algo que queremos remarcar». Menéndez también quiso dejar claro que la nueva ley «no hace ninguna interpretación de la historia», como sí acusó a la normativa estatal, y que servirá para «terminar con una visión sesgada y sectaria de una parte de la historia, eliminando imposiciones ideológicas». Algo que, expuso, sirve para «volver a la concordia y reconciliación que todos los españoles fijamos en 1978».
Comisión de exhumaciones
Una de las principales novedades de la proposición de ley presentada por Partido Popular y Vox es la creación de una comisión de exhumaciones que aglutina a las dos comisiones que existían hasta ahora y tendrá capacidad resolutiva. Este órgano será quien se encargue de resolver las peticiones de exhumaciones, y no contará, como hasta ahora, con la presencia de asociaciones memorialistas. Un extremo que De la Hoz explicó en que al contar ahora con capacidad ejecutiva, «no se puede ser juez y parte». La nueva normativa mantiene la cooperación con las asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro a los efectos de las autorizaciones para las exhumaciones, que contarán, como hasta ahora, con ayudas de la Junta.
Otra de las novedades es que «por primera vez» se reconoce el derecho subjetivo de todas las víctimas a la «investigación, localización, exhumación e identificación de sus restos». «Toda víctima tiene derecho a la investigación, localización, exhumación e identificación de sus restos». Una ley que, según De la Hoz, esperan que esté aprobada por las Cortes antes del verano.
«Iguala a víctimas y verdugos»
La proposición de ley presentada por PartidoPopular y Vox fue frontalmente rechazada por el PSOE de Castilla y León, cuyo secretario general, Luis Tudanca, criticó que «resucita» al franquismo» con una norma que «iguala a víctimas y verdugos». «No se puede igualar a quienes dieron un golpe de estado y a quienes defendían la democracia», criticó el líder socialista, que comparó con «como si en Alemania promovieran hoy la defensa del nazismo y el holocausto o como si en Italia defendieran a Mussolini y el fascismo». Arremetió contra una proposición de ley «intolerable» y aseguró que su formación solicitará a la Mesa de las Cortes «que pida un informe al Consejo Consultivo» para que dictamine si la proposición legislativa «vulnera la legislación».
En la misma línea, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) calificó de «gran operación de blanqueamiento del fascismo» la propuesta y criticaron que hacen un «uso fraudulento» de la palabra concordia a modo de «patraña para embellecer la historia del fascismo en la Comunidad».