Su uso se prohibió totalmente en el año 2002, pero el amianto arrastra tras de sí una «epidemia silenciosa» que ha terminado con cientos de vidas en Europa y ha causado numerosas enfermedades respiratorias a otros tantos. Y pese a todo lo que se conoce hoy en día sobre los efectos que la exposición a este material, entre otras cosas cancerígeno, producen, el amianto sigue presente en la uralita de los tejados, las canalizaciones de los edificios, las salas de caldera o las tuberías de abastecimiento, incluso cerca de los más pequeños en los colegios de muchas ciudades y pueblos.

Su toxicidad se debe a la inhalación de fibras de este mineral que flotan en el aire cuando se manipula, o cerca de los focos emisores del interior de viviendas y locales construidos o revestidos con materiales que lo contengan, en caso de encontrarse en mal estado. Cuando está en deterioro, en descomposición, es cuando libera esas fibras suficientemente pequeñas para inhalarlas, pero demasiado grandes para exhalarlas. Se acumulan en los pulmones por una sobreexposición prolongada cuyas consecuencias se manifiestan entre 20 y 40 años después: un tipo concreto de cáncer llamado mesotelioma, cáncer de pulmón, asbestosis (fibrosis pulmonar o pleural)…

En Castilla y León, la Consejería de Sanidad hace seguimiento en la actualidad de 4.737 personas con exposición laboral al amianto, tal y como aparece recogido en el registro TEAM, a fecha 30 de junio de este año. Este es el censo epidemiológico que la Junta comenzó a elaborar unos años después de su prohibición. En concreto, el registro desvela que actualmente vigila a 3.181 trabajadores activos expuestos a los efectos de este material, cuyo seguimiento es realizado por los servicios de prevención de riesgos laborales de la empresa. A estos se suman las 1.556 personas –ya estén jubilados o parados– que tuvieron exposición al amianto y cuyo seguimiento se realiza en el sistema público de salud por especialistas en neumología.

Este plan de actuaciones se inició en el año 2007 en Castilla y León. En una primera aproximación realizada por la Dirección General de Salud Pública y Consumo durante el año 2006, basada en la consulta sobre registros disponibles y en la búsqueda activa sobre nuevas fuentes de información, estima en más de 1.500 el número de personas con historia de exposición laboral a amianto en la Comunidad, de las que aproximadamente un 45% se consideran post-ocupacionales y un 55% corresponden a trabajadores que permanecen en activo en sus empresas. Estas cifras pasaron a 2.036 personas en el año 2011, mientras que en 2017 ya eran 3.969.

Unos números que avalan que los problemas de salud del amianto han dado la cara muchos años después de la inactividad de las empresas que utilizaban este material, en la Comunidad mayormente en la industria del fibrocemento, aunque también fue para la reparación de zapatas de embrague y frenos, demolición de construcciones, tintorería industrial o recubrimiento de tuberías y calderas, entre otras.

Reivindicación histórica

El pasado 19 de octubre, el BOE publicaba una decisión histórica para las víctimas del amianto: un fondo público para los afectados por el amianto que consiguió la aprobación casi por unanimidad. Se trata de una reivindicación histórica tanto de los enfermos como de los sindicatos por la que llevaban luchando quince años, ya que hay personas que se han quedado sin ninguna indemnización al desaparecer las empresas.

Sin embargo, tras su aprobación ahora queda el desarrollo del reglamento, para lo que se han dado un plazo de tres meses pero que de momento no ha concretado nada. Desde la Asociación de Afectados por el Amianto de Valladolid tienen claras su principales reivindicaciones para su desarrollo. Por un lado, la cuantía de las indemnizaciones que de momento no se han establecido; por otro, las repercusiones fiscales que puede tener el cobro de dichas cuantías, ya que como ocurre en el caso de las víctimas de terrorismo deberían estar exentas fiscalmente; y por último, cómo se va a gestionar este fondo, ya que desde el colectivo vallisoletano apuestan porque sea a nivel estatal.

Un mapa con los espacios contaminados, asignatura pendiente

El amianto está todavía repartido en muchos espacios de toda la Comunidad: edificios antiguos, depósitos de agua, tuberías, naves industriales y viviendas principalmente de la segunda mitad del siglo XX. Este material, que se prohibió en España en el año 2002 por su alto nivel de toxicidad, no es peligroso mientras se mantenga estable, pero sí cuando se manipula, por eso debe retirarse por equipos especializados para evitar que las personas inhalen o respiren sus fibras.

Sin embargo, veinte años después de su prohibición, Castilla y León no cuenta con un mapa de los puntos donde todavía existe amianto y pueden resultar peligrosos para la población. Fuentes sindicales denuncian la ralentización de un proceso que permitiría el desamiantado de la Comunidad y pondría fin a un material que no solo produce problemas de salud, sino que también está causando accidentes laborales por el mal estado de muchos tejados.

Fernando Fraile, el secretario de Salud Laboral de Comisiones Obreras en Castilla y León, recordó que en la Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad, Corresponsabilidad y Juventud en el Empleo, 2021-2024, firmada el año pasado entre la Junta y los representantes del Diálogo Social se recogía el impulso de un grupo de trabajo sobre el amianto, que incluía un proceso de formación de personal técnico de riesgos laborales.

En el mismo sentido se pronunció Mª Fe Muñiz Queipo, secretaria de Salud Laboral de UGT Castilla y León: «Es muy complicado hacer un control por nuestra parte. El amianto está totalmente prohibido desde 2002, pero la bomba de relojería es la que subyace en todos los edificios y trabajadores que estuvieron en su momento expuestos a este tipo de riesgos».