Agotar la legislatura y ofrecer "estabilidad y "confianza" a los castellanos y leoneses es la "voluntad" del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en el inicio de este nuevo año. "Esta es la intención de todos en el Ejecutivo", asegura en sus respuestas a las preguntas formuladas por Ical cuando su gobierno de coalición con Vox, gabinete del que valora la "lealtad interna" y que sea "útil" y "eficaz", se aproxima al ecuador del mandato. De hecho, prevé aprobar "en las próximas semanas" el proyecto de presupuestos de 2024, con cifras "récord" y la cuarta rebaja de impuestos, a la que seguirá en el futuro una "quinta" si la situación económica lo permite. Tampoco renuncia a retomar el entendimiento con la oposición socialista, aunque ve a Luis Tudanca "maniatado" por las órdenes de Ferraz. "Respaldado" por la mayoría de los ciudadanos, según considera tras las últimas citas electorales, su propósito para 2024 es trabajar con "más fuerza" para reducir las listas del desempleo y mejorar los servicios públicos.

Terminado 2023, primer año completo de esta legislatura en coalición con Vox, ¿se siente satisfecho de la labor realizada?

Nunca uno puede darse totalmente por satisfecho con la labor que realiza, ya que eso es lo que precisamente le ayuda a mejorar, pero sin duda, desde la Junta de Castilla y León hemos impulsado proyectos e iniciativas importantes, para que los castellanos y leoneses sigan teniendo estabilidad y confianza y para dotarles de más y mejores servicios públicos.

¿De qué está más orgulloso y qué proyecto le ha faltado para ser un año redondo?

De muchas cosas, especialmente, del sistema educativo que tenemos. Un sistema que, como recoge el informe PISA es el mejor de España y uno de los mejores del mundo. También lo estoy de la gran calidad de los servicios públicos de la Comunidad, que está contrastada y avalada por informes independientes, como por ejemplo de no tener lista de espera en Dependencia. Hemos dado grandes pasos en la modernización de la sanidad y estamos haciendo un gran esfuerzo para disponer de las mejores instalaciones y tecnología, sin olvidar la humanización en la atención. También me siento orgulloso de que tengamos los impuestos más bajos de la historia y no puedo olvidarme del gran paso que hemos dado para aprovechar el potencial de Castilla y León en energías renovables y convertirlo en fuente de riqueza y empleo. En lo que creo que tenemos que seguir trabajando con más fuerza es en reducir el número de personas que buscan empleo en nuestra Comunidad. Los datos de 2023 son positivos con 32 meses consecutivos de descensos, aun así no podemos sentirnos totalmente satisfechos mientras haya una sola persona que quiera trabajar y no pueda.

La tensión política y la crispación están en cotas máximas en España, pero también en Castilla y León. ¿A qué lo vincula? ¿Qué puede ofrecer para superar esta dinámica en la Comunidad y qué le pide a los demás?

Ahora mismo tenemos el Gobierno de España más radical de la historia. En reiteradas ocasiones le he pedido a (Pedro) Sánchez y a sus ministros que abandonen el tono agresivo y ofensivo contra Castilla y León y contra otras Comunidades. Desde la Junta de Castilla y León apostamos por el diálogo y la moderación como las únicas vías posibles para llegar a los acuerdos que necesitan los ciudadanos. De hecho, durante el Debate de Política General tendí la mano a todas las fuerzas políticas, económicas y sociales para alcanzar los tres grandes pactos de Comunidad en materia de sanidad, financiación autonómica y Corredor Atlántico.

¿Está contento con la labor de Vox en el Gobierno?

Hemos demostrado que el Gobierno de Castilla y León es útil, que hace políticas que resultan eficaces y mejoran la vida de las personas. De hecho, hemos aprobado muchas iniciativas y estamos cumpliendo nuestros compromisos. Antes he hablado de algunos ejemplos en sanidad y educación, pero puedo decirle alguno más, como el incremento de las ayudas para acceder a la vivienda, el transporte y la conciliación. Además y pese a informaciones falsas e interesadas, hemos reforzado y lo vamos a seguir haciendo, las medidas de prevención, detección y lucha contra la violencia machista. Son solo algunos ejemplos. Lo importante es que este Gobierno, aunque está formado por partidos políticos diferentes, trabaja desde la lealtad interna y aporta estabilidad y resultados que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos.

¿Y está cómodo con la labor del vicepresidente?

En el Ejecutivo de Castilla y León estamos centrados en resolver los problemas de los ciudadanos. Cada uno puede expresar libremente sus opiniones desde su libertad individual o las de su partido. En este sentido, conviene distinguir qué se dice y qué se hace en el ámbito institucional, a través de los cauces oficiales de la Junta, de aquello que se expresa por otras vías.

En clave interna del PP, hasta hace unos meses era Castilla y León la única comunidad con gobierno en coalición con Vox. Tras las elecciones de mayo son cinco. ¿Se siente más acompañado y comprendido ahora?

Con las elecciones autonómicas y municipales celebradas este año se ha podido constatar el apoyo mayoritario de los ciudadanos al proyecto moderado, moderno y transformador del Partido Popular. Ese es el modelo que aplicamos en todas las administraciones que gobernamos y que aplicamos desde la Junta de Castilla y León, por el que me siento respaldado por una gran mayoría de los castellanos y leoneses.

Ha señalado que los presupuestos de 2024 se están ya tramitando. ¿Puede anticipar cuándo tiene previsto el Gobierno aprobar el proyecto y remitirlo a las Cortes?

Ya hemos remitido al Consejo Económico y Social el anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas. Es el paso previo para presentar los presupuestos en las Cortes. Por tanto, en las próximas semanas tendremos aprobadas las nuevas cuentas. Lo que le puedo asegurar es que van a ser unas cuentas con cifras récord y que Castilla y León seguirá creciendo y creando empleo y riqueza.

Con la rebaja fiscal que se incluye en la ley de acompañamiento de 2024, ¿se ha tocado techo? ¿De qué depende continuar en esta estrategia?

En Castilla y León tenemos los impuestos más bajos de la historia, eliminamos el de Sucesiones y Donaciones, y el tramo autonómico del IRPF es de los más bajos de nuestro país. Hemos planteado en ese proyecto de ley la cuarta rebaja fiscal y en el futuro veremos una quinta rebaja fiscal que dependerá de la situación económica, de que mantengamos el crecimiento económico y contengamos el gasto. Todas estas medidas están orientadas como he dicho anteriormente, a favorecer a las familias, a los autónomos y a las pymes, pero también a prestar servicios públicos de calidad.

¿Cuáles serán las líneas maestras de estas cuentas?

Hemos demostrado que bajar los impuestos se puede compatibilizar con impulsar servicios públicos de calidad, generar actividad económica y tener menos endeudamiento, y en los nuevos presupuestos seguiremos en esa línea. De este modo, como he comentado, vamos a mantener la apuesta de la Junta de los últimos años por reducir la carga fiscal a familias, jóvenes, autónomos y empresas. Insisto, será la cuarta rebaja tributaria que el Gobierno autonómico lleva a cabo en los últimos tres años.

La oposición utiliza el retraso en la presentación de los presupuestos para advertir de un nuevo adelanto electoral, ¿es un escenario que se pueda contemplar?

La Junta de Castilla y León trabaja con la voluntad de completar toda la legislatura. Esta es la intención de todos en el Ejecutivo autonómico. Nuestra vocación es ofrecer estabilidad y confianza a la sociedad de Castilla y León y es en lo que estamos.

Las relaciones con la oposición socialista atraviesan uno de sus peores momentos, ¿tiene esperanza en que se puedan reconducir o las da por perdidas en esta legislatura?

Mientras el señor Tudanca continúe maniatado por las órdenes que recibe desde Ferraz, en Castilla y León estaremos expuestos a ese radicalismo y bloqueo. Dicho esto, no renuncio a la esperanza de que el Partido Socialista cambie de actitud y entren en la senda del diálogo. Yo confío en que sea así.

¿Una vez que el PSOE ha anunciado que no participará en los pactos que ofreció en el debate de política general, qué resultados espera de su propuesta y cuándo podrán fructificar?

Estamos trabajamos para impulsar las tres mesas con las que abordar los pactos planteados a los grupos parlamentarios, un foro al que también está citado el señor Tudanca, pese a su autoexclusión. El fruto de estas mesas no es algo que dependa solo del Ejecutivo autonómico, sino también del resto de fuerzas políticas implicadas en la oferta de pactos. Por mi parte, ojalá que fructifiquen lo antes posible.

¿Qué ocurre con la renovación de las instituciones propias? ¿Por qué no se ha producido su renovación? ¿Espera que haya un acuerdo en breve?

La renovación de las instituciones propias, más allá de cuestiones técnicas, implica directamente a las Cortes autonómicas. Debido a la importancia que tienen estos órganos para el conjunto de la Comunidad, desde el Grupo Popular deseamos que su renovación pase por el acuerdo de todos los grupos con representación en la cámara. Me consta que el Grupo Popular está trabajando con fuerza en esta dirección; en la de encontrar el adecuado consenso parlamentario para el nombramiento de todos sus integrantes. Mientras tanto y no es la primera vez que ocurre, las instituciones propias siguen en funciones, una situación que no afecta a su adecuado funcionamiento.

El Consejo de Cuentas fijó en 395 millones el déficit anual del actual modelo para financiar los servicios públicos. ¿Es la cifra mínima para empezar a negociar?

Todas las comunidades tenemos un problema de financiación de los servicios públicos, que se han encarecido y por tanto tenemos un gasto consolidado que debemos abordar de forma conjunta. Hablar de financiación es conocer, en definitiva, cuántos recursos tenemos y cómo los podemos repartir entre todos, por eso no es razonable hablar de financiación singular de una comunidad concreta y luego aplicárselo a los demás. Ese dinero hay que repartirlo con igualdad y justicia a los territorios para poder ofrecer los mejores servicios públicos a los ciudadanos. Está claro que Castilla y León está infrafinanciada. Por eso pedimos un sistema de financiación suficiente y justo para poder así costear los servicios públicos, que como le decía, aquí cuestan más debido a nuestra dispersión territorial y al envejecimiento de la población. Por eso mismo, el perdón de la deuda de 15.000 millones que plantea el Gobierno de Sánchez, como exigencia impuesta por los partidos separatistas, no responde a nuestros intereses ni a nuestra realidad, responde a sus propios intereses para anclarse en el sillón de La Moncloa como hemos visto. No se trata de aplicar al conjunto de los españoles lo que solo viene bien y beneficia a unos pocos. Eso desde luego, no es justicia ni solidaridad y ahí nos tendrán enfrente, para defender los intereses de los ciudadanos de Castilla y León. Desde la serenidad y el respeto, pero con firmeza.

¿Qué estrategia va a seguir la Junta en la negociación? ¿Tiene previsto reforzar la posición común con otras comunidades con intereses similares a Castilla y León?

Esto es lo que estamos haciendo desde la Junta. He firmado un acuerdo de ocho comunidades planteando un modelo de financiación autonómica. Lo importante aquí es que la financiación se negocie en condiciones de igualdad entre todos. Que Pedro Sánchez haya planteado una financiación singular para una comunidad y quiera extender este modelo para el resto, supone la ruptura del principio de igualdad ente españoles. No podemos aceptar que lo que afecta a todos lo decidan solo unos pocos fuera de España y, además, como pago del precio político a la investidura del señor Sánchez.

En esta una nueva legislatura, usted ha anunciado una batalla judicial contra la ley de amnistía. ¿Es posible hacerlo dado que la medida no afecta a competencias de Castilla y León?

La Ley de Amnistía y los privilegios económicos anunciados por Sánchez para sus socios separatistas suponen un ataque frontal, directo y muy grave contra la igualdad de todos los españoles. Ante estos agravios, la Junta fue la primera comunidad en iniciar acciones judiciales ante el Tribunal Constitucional. De hecho, los servicios jurídicos ya han abierto el procedimiento administrativo interno para impugnar la amnistía, así como cualquier perdón injustificado de la deuda de los socios separatistas del PSOE y del nuevo modelo de financiación, si este se sustenta en la negociación bilateral y no en un consenso entre todas las comunidades autónomas que es lo que debe ser. Una vez se publique en el BOE, se someterá al Consejo Consultivo y después, con carácter inmediato, presentaremos el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Más allá de estas cuestiones y con dos ministros de la Comunidad, ¿espera más atención del nuevo Gobierno en esta legislatura?

Me gustaría dejar claro que nosotros, la Junta de Castilla y León, no hacemos oposición al Gobierno central. Esta es una tarea que corresponde a los partidos políticos. El trabajo del Gobierno autonómico es buscar el interés común para los ciudadanos a los que representamos y por los que trabajamos, para que tengan estabilidad, tranquilidad, garantía de futuro…y, en las presentes circunstancias, también para defender el principio de igualdad, para que los castellanos y leones no queden relegados. Desgraciadamente creo que en el nuevo Gobierno del señor Sánchez pesa poco el origen de sus ministros, porque sus principales decisiones se tomarán fuera de España, con sus socios separatistas.

¿Cree que el paisanaje de Óscar Puente puede acelerar infraestructuras pendientes en la Comunidad?

El ministro Puente ya conoce, también se lo reiteraba en la carta que le envié, los proyectos que su departamento tiene pendientes en Castilla y León. Además, he insistido en ello en la reunión que mantuve hace pocas semanas con el nuevo delegado del Gobierno. Son proyectos realizables y necesarios, que priman el interés general de Castilla y León y benefician al conjunto de los ciudadanos. Algunas de estas demandas ya las conoce de su anterior etapa como alcalde de Valladolid. Nosotros insistimos en que se potencien algunas infraestructuras, son solo un ejemplo, como el Corredor Atlántico, la finalización de la Autovía del Duero o la A-60, de León-Valladolid, o la conexión con Portugal, de la que tampoco sabemos nada o que se mejoren las frecuencias de los trenes en la Comunidad.

¿Espera que 2024 sea el año del pacto sanitario o el de la reforma del modelo de Atención Primaria?

Queremos seguir trazando la mejor asistencia sanitaria para los castellanos y leoneses, pero también consideramos que es fundamental la implicación del Gobierno central para hacer frente a la falta de médicos. No es un problema exclusivo de Castilla y León, es un problema nacional y así debe ser abordado, con medidas, como el incremento del número de plazas MIR o la agilización de la homologación de profesionales extracomunitarios. Por eso, propuse un gran pacto por la sanidad a todas las formaciones políticas de Castilla y León, que solo fue rechazado por el Partido Socialista y Podemos.

Finalmente, ¿cuáles son las prioridades normativas para el presidente?

Estamos tramitando importantes leyes en las Cortes de Castilla y León, entre las que destacaría el blindaje de los Servicios Públicos para mantener por ejemplo, los 247 centros de salud existentes y garantizar la ubicación de los centros rurales agrupados; el proyecto de ley de Residencias, que generaliza el modelo de atención centrada en la persona y apuesta porque sean lo más parecido al hogar de las personas mayores; el proyecto de ley de apoyo a las personas con discapacidad, que piensa en los 175.000 ciudadanos con discapacidad que hay en Castilla y León y en sus familias para que estén atendidos cuando ellas falten, o el proyecto de ley de Patrimonio Cultural, entre otros. Son solo algunos ejemplos, pero de lo que se trata en definitiva es de garantizar una mayor calidad de vida a los ciudadanos, de mejorar su bienestar. En eso es en lo que estamos, en seguir siendo un gobierno útil y eficaz para los castellanos y leoneses.