El 8 de diciembre entra en vigor la nueva normativa sobre el etiquetado del vino en la Unión Europea. Según La Federación Española del Vino (FEV), se trata de un asunto que lleva dos años sobre la mesa y acerca del cual parecía estar todo atado y bien atado. El Reglamento (UE) 2021/2117, publicado el 6 de diciembre de 2021, exige, a partir de este 8 de diciembre, la obligatoriedad en el etiquetado de la lista de ingredientes y la declaración nutricional de los vinos y productos vitivinícolas aromatizados. Sin embargo, la legislación da a los productores la opción de ofrecer la declaración nutricional completa y la lista de ingredientes por medios electrónicos. Las bodegas acogieron este nuevo reglamento que proporcionaba una forma adaptada de informar a los consumidores y el sector estaban firmemente comprometido a implementarlo rápidamente.
Los datos podían aparecer directamente escritos o a través un código QR para que el consumidor pudiera acceder a ellos en su propio idioma. Ese código iba a ir acompañado de la típica «i» indicando la existencia de información para el comprador, un símbolo conocido a lo largo y ancho del mundo. El problema es que la Guía de Aplicación de la normativa editada por Bruselas hace unos días, que no es un texto legal pero sí conlleva implicaciones prácticas, dice que ese QR debe ir precedido de la palabra «ingredientes» en cualquiera de los idiomas oficiales de la UE.
Este detalle, que aparentemente es una nimiedad, puede ocasionar muchos problemas a algunas bodegas por varias razones. En primer lugar, desde la FEV explican que los elaboradores, después de dos años de tramitación, pensaban que estaba todo cerrado y han imprimido muchos miles, millones de etiquetas en las que no aparece la palabra «ingredientes», por lo que no saben si van a poder utilizarlas. En principio, la norma incumbe a los vinos elaborados después de su entrada en vigor, entendiéndose como fecha de elaboración la de la última fermentación. Benítez aclara que los vinos tranquilos de la vendimia de 2023 habrán fermentado para esa fecha en su inmensa mayoría, por lo que no se verán afectados. Pero los espumosos, con una segunda fermentación, probablemente se salgan de plazo, por lo que las etiquetas ya impresas no valdrán.
En segundo lugar, hay muchas empresas, normalmente pymes y micropymes, que exportan pequeños lotes a numerosos países del mundo. Pero nada se dice del idioma en el que tiene que aparecer la palabra «ingredientes», por lo que si cada cliente les pide uno diferente tendrán que hacer muchas tiradas cortas de etiquetas en vez de una larga para toda la producción, con el encarecimiento y las complicaciones que eso conlleva.
Desde la FEV aseguran que van a tratar de que la Comisión Europea se retracte de esta modificación y llegarán a la vía jurídica si hace falta. Su director general aclara, además, que se trata de una modificación sin sentido. Explica que con las aplicaciones existentes, el móvil del consumidor va a ofrecer la información del QR en la lengua del país en el que se encuentre o, en todo caso, le va a dar la opción de usar el idioma de su país de origen si ambos no son el mismo. De esta manera la información será siempre inteligible para el interesado y no existe la necesidad de jugar con los idiomas en la etiqueta.
Benítez lamenta que la Comisión Europea esté poniendo palos en las ruedas en este asunto y lo achaca a que parte de este órgano comunitario no apuesta por las etiquetas digitales y los códigos QR. Y añade que los miembros de la Comisión que son reacios aducen que se trata de una forma de ocultar información, cuando en realidad es lo contrario. De hecho, Benítez concluye que desde la Federación Española del Vino apuestan sin dudar por el etiquetado digital.
Fuera de España.
Las críticas a este movimiento de última hora de Unión Europea no han llegado solo de sector en España. El Comité Europeo de Compañías Vinícolas (del que forma parte la FEV) también ha advertido de que cientos de millones de etiquetas impresas, algunas de ellas ya presentes en los lineales, podrían ser destruidas. Lo cierto es que las que ya están en los comercios no tendrán problema, puesto que obviamente esos vinos han sido elaborados antes del 8 de diciembre. Pero eso no salva a las etiquetas que aguardan a vinos aún por terminar de fermentar, que tendrán que ser sustituidas. En consecuencia, la asociación europea ha reclamado una «urgente» modificación de las directrices publicadas por la Comisión en la Guía de Aplicación.
«Teniendo en cuenta los largos plazos necesarios para preparar la información, modificar el diseño de las etiquetas e imprimirlas, las empresas vitivinícolas de la UE comenzaron a prepararse hace muchos meses para cumplir la fecha límite. Calculamos que a día de hoy ya se han impreso varios cientos de millones de etiquetas, muchas de ellas ya presentes en los lineales», ha explicado el presidente del CEEV, Mauricio González Gordon. Las bodegas creen que la nueva interpretación de la Comisión socava «dramáticamente» el principio de seguridad jurídica y expectativa legítima de los operadores económicos e ignora la voluntad política expresada por los colegisladores en la adopción del Reglamento (UE) 2021/2117.
Además, la publicación de esta Guías de Aplicación apenas dos semanas antes de la entrada en vigor de la normativa, prevista para el 8 de diciembre, imposibilita la adaptación de los operadores económicos, ignora el principio de proporcionalidad entre la libre circulación de mercancías, la competitividad y la información al consumidor y podría suponer la destrucción de cientos de millones de etiquetas ya impresas. «No podemos aceptar una nueva interpretación, publicada 14 días antes de la fecha de solicitud, que implique, en el futuro, por un lado, la destrucción de cientos de millones de etiquetas ya impresas y, por otro, nuestra incapacidad para imprimir nuevas etiquetas a tiempo para cumplir con el nuevo plazo reglamentario», ha subrayado el presidente de la CEEV.
Así las cosas, el sector europeo del vino trabaja «intensamente» y con la «mayor celeridad» para que la CE rectifique «urgentemente» estas guías de aplicación, en línea con las preocupaciones manifestadas ya por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo y varios Estados miembros (entre ellos España, Italia, Francia y Portugal), que han comunicado oficialmente su apoyo a la interpretación del sector a través de una carta alentada también por otros miembros comunitarios.