«Nuestro objetivo es proteger a las mujeres de Castilla y León de la lacra que supone la violencia de machista». La Junta de Castilla y León abre la puerta a los grupos parlamentarios para que «enriquezcan» con sus aportaciones la nueva ley de Violencia de Género que el Ejecutivo autonómico pretende aprobar con el «mayor consenso posible». Normativa que Alfonso Fernández Mañueco tiene atada tras el pacto de mínimos alcanzados con todos los partidos menos Vox durante la ronda de reuniones celebrada en los últimos días. «Queremos lograr ese gran pacto por las mujeres de Castilla y León», verbalizó por la vicepresidenta y consejera de Familia, Isabel Blanco, durante su intervención sustituyendo a Carlos Fernández Carriedo –presente en una reunión en Madrid con el ministro de Economía– tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. No quiso poner plazos la vicepresidenta a la aprobación de la norma e insistió que esa potestad corresponde al Legislativo, donde ya se ha cerrado el plazo de presentación de enmiendas el pasado 28 de marzo.
Blanco tendió así la mano a los distintos grupos parlamentarios para que aporten sus planteamientos a una ley que, recordó, se configuró dentro del Diálogo Social y ha pasado ya por el Consejo Económico y Social, el Consultivo, o la Federación Regional de Municipios y Provincias. A esto se le suma que el pasado 1 de abril el PSOE su proposición de ley en esta materia y registró sus enmiendas al proyecto de la Junta. «Ya lo dijo el presidente de la Junta, el objetivo es proteger a las mujeres».
Reparto de menas
Más beligerante se mostró Blanco con el Gobierno central tras la convalidación en el Congreso del Real Decreto para el reparto de menores migrantes no acompañados. «Nosotros acataremos la ley, pero estamos preparando el recurso ante el Tribunal Constitucional», advirtió la vicepresidenta, que confirmó la interposición de este recurso que había adelantado hace semanas el presidente Alfonso Fernández Mañueco. «Es una norma injusta, impuesta y que invade competencias propias de las comunidades», enumeró Blanco para argumentar la postura contraria de la Junta, a los que añadió que se ha sacado adelante «sin negociar» con las autonomías y está configurada «para satisfacer a sus socios separatistas».
«En este caso mercadea con los menores que están en Canarias y eso no es aceptable», abundó durante una intervención en la que volvió a exigir al Gobierno central una «política migratoria de Estado desde el diálogo y la colaboración con las comunidades». Frente a esta petición de Castilla y León, Blanco lamentó que el Ministerio actúa «mediante la imposición y la cesión permanente a los chantajes separatistas».