El concejal popular Saturnino de Gregorio y la portavoz del PP, Belén Izquierdo, han vuelto a arremeter contra el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Soria por el caso de la quinta planta de Pajaritos II, insistiendo en que tenían conocimiento de esta modificación antes de la sanción y estaban en contacto con la empresa constructora, Domus Nebrija, según los mensajes de Twitter de un potencial comprador que han presentado en su comparerencia, según ha adelantado EL DÍA DE SORIA en su edición impresa y digital. "Ya hay dos setencias claras, rotundas y contundentes que dicen que el ayuntamiento ha errado por todas partes. Aquí sí que tiene que pasar algo", sostiene Izquierdo, que prefiere esperar a que termine el proceso contencioso antes de iniciar acciones penales porque sería algo que "hay que tener muy claro y contar con los indicios suficientes, hay que fundamentar las demandas y tener respeto a la justicia". "Si vemos indicios, nos nos temblará la mano, porque hemos sido los únicos que hemos ido a los tribunales", apuntan en relación a Podemos. Sobre si aparece algún nombre de miembros del equipo de Gobierno en estos mensajes, los populares lo niegan pero sí creen que "había una relación estrecha entre ayuntamiento y constructora" desde noviembre de 2021 y que el equipo de Gobierno "se autoinculpa" por las contradicciones en su actuación.
Saturino de Gregorio desgranó todo el proceso asegurando que a los miembros del equipo de Carlos Martínez "les falla la memoria". "Dicen que sancionaron a la empresa cuando tenían conocimiento y no es cierto porque ya hay un informe policial de mayo de 2022 y no hacen nada". El por entonces concejal de Ciudadanos pidió una comisión de investigación, rechazada por PSOE y Podemos porque creían que con una monográfica ya era suficiente. Además, asegura que se demuestra con los mensajes de Twitter entre la empresa y el potencial comprador, porque Domus Nebrija estaba pendiente de la modidicación y hacía referencia a la permuta y ofreció ya la quinta planta como vivienda. Los populares apuntan que la empresa ha reconocido que "han tenido conversaciones al más alto nivel" y "se recoge en el procedimiento, en el expediente administrativo y judicial", sobre la construcción de la quinta planta sin licencia y sin estudio de detalle aprobado.
Cuando se abrió el primer expediente se comenzó a derribar asumiendo que era ilegal. "Volvieron a acudir la Policía Municipal y los servicios técnicos y estaban los precintos rotos. Había luces en la quinta planta y estaban trabajando", explica De Gregorio insistiendo en que un año antes de que se destapara todo el equipo de Gobierno ya estaba al tanto y sabía que esa planta ilegal se iba a destinar a viviendas. "Todos los jueces han visto las imágenes de ese uso como vivienda, lo que se avala por los correos de la empresa. No pueden decir que no han tenido conocimiento, había un informe policial y el concejal de Urbanismo, Luis Rey, lo tenía que saber", reiteran reclamando nuevamente su dimisión.
El concejal niega que no se hayan preocupado por los vecinos y las familias con niños que, si se llega a demoler la planta, puede que tengan que ser desalojados, ya que se reunieron con el abogado de alguno de ellos y dicen estar pendientes y estar ahí para lo que quieran. "Pero no podemos legalizar lo ilegalizabe y dejarlo pasar porque sería abrir el melón", indican diciendo que están analizando cómo se podría ejecutar, "porque a lo mejor no es tan grave".