Día glorioso hoy para Santiago Abascal, anfitrión en Madrid de los dirigentes de los partidos englobados en Patriotas por Europa, el tercer grupo del Parlamento Europeo. Un total de 11 formaciones de extrema derecha son parte de ese grupo y entre sus figuras se cuentan desde el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, hasta Marine Le Pen -hoy la figura francesa que cuenta con mayor respaldo en votos-; pasando por la alemana, Alicia Weidel, del creciente AfD, y Matteo Salvini de La Liga, entre otros. La cumbre anterior de la ultraderecha europea se celebró en París en noviembre y allí se eligió a Abascal, por unanimidad, presidente de Patriotas. Es la razón de que fuera invitado a la toma de posesión de Donald Trump el pasado 20 de enero.

Desde que alcanzó el liderazgo de esta formación, el dirigente de Vox dedica gran parte de su actividad política a su nuevo papel europeo. Sin escaño en la Eurocámara, ha centrado en esa institución el lanzamiento del grupo, pero también de Vox. Con un objetivo claro que se ha convertido en su prioridad: convertirse en el segundo partido parlamentario del organismo.

Ahora, el primer puesto lo ocupa el PPE con 188 escaños, seguido del grupo socialdemócrata con 136 y, a continuación, Patriotas con 86. Abascal está empeñado en alcanzar un acuerdo con ECR -Conservadores y Renovadores por Europa- en el que se encuentra Fratelli d'Italia, de Giorgia Meloni. Si se lograra la fusión, automáticamente se formaría un grupo parlamentario que podría convertirse efectivamente en el segundo del Parlamento, siempre que todos los eurodiputados de las dos formaciones se avinieran a formar parte de un proyecto común.

En la UE es un hecho incuestionable el auge de los partidos de extrema derecha, que han logrado ganar elecciones o formar coaliciones con gobiernos centristas en países impensables por su tradición de centroizquierda. De hecho, los comicios que se celebran en Alemania dentro de dos semanas podrían marcar un hito en ese sentido, dada la decadencia de la socialdemocracia.

A esa tendencia está empeñado con entusiasmo Abascal, que sigue con interés máximo lo que recogen las encuestas, las cuales coinciden en la subida importante de Vox en las próximas elecciones. Con naturalidad, los analistas hacen las cuentas dando por hecho que el declive del PSOE llevaría a un futuro Gobierno de coalición del PP con Vox.

El problema tiene nombre 

Bambú es la calle en la que se encuentra la sede nacional de Vox, y de la misma manera que cuando se quiere hablar de las Ejecutivas de PSOE y PP se dice Ferraz y Génova, decir Bambú significa decir la Ejecutiva nacional de Vox.

Esta agrupación tiene una estructura presidida por Abascal con Ignacio Garriga como secretario general y 17 vocales que se ocupan de distintos departamentos, con Pepa Millán como figura destacada por su cargo de portavoz en el Congreso. Sin embargo, es público que Abascal cuenta con media docena de personas que son las que ejercen el poder en el partido, con cargos de asesores del presidente. Con la excepción de dos vocales, Jorge Buxadé, eurodiputado, pero sobre todo muy influyente en las decisiones sobre cualquier asunto que se presente en el partido, y Montserrat Lluis, responsable de las relaciones con los dirigentes regionales. 

Sin formar parte de la dirección nacional, dos son las personas que, nunca desde el primer plano, son los que ejercen el mando del partido. Sus decisiones no se discuten y son de la más absoluta confianza de Abascal: Kiko Méndez Monasterio y Gabriel Ariza.

Este núcleo de poder provocó la dimisión de dos de las figuras más completas del partido, las que más lo prestigiaron por su eficaz trabajo parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros y Macarena Olona.

La primera en irse fue Olona. La obligaron a presentarse candidata a la Presidencia de la Junta andaluza pero, además, la obligaron también a ponerse a disposición de lo que decidieran Kiko Monasterio y su equipo. Los resultados no fueron los esperados. Dimitió con ruido contando en un libro las interioridades de Vox. 

Pocos meses después era Espinosa de los Monteros quien se marchaba. No lo contó en un libro pero las razones eran las mismas. Su mujer, Rocío Monasterio, aguantó más tiempo porque pensaba que podría imponer su criterio desde la oposición a Díaz Ayuso, pero fue inútil, intentaron dictarle líneas de actuación que no estaba dispuesta a seguir. Y se fue. 

Gallardo no acepta órdenes

El goteo continúa, con más o menos intensidad, en diferentes regiones, hasta que los últimos días una última crisis se ha llevado por delante a una de las figuras más conocidas y polémicas del partido, Juan García-Gallardo, que ocupaba el cargo institucional más importante de Vox: vicepresidente de la Junta de Castilla y León.

Cuando Vox presionó a Feijóo  sin éxito para que no apoyara medidas relacionadas con la política migratoria, Bambú se tomó una decisión que provocó polémica interna: romper los gobiernos de coalición. El PP no demostró excesiva preocupación, consideró incluso que le venía bien.

Desde entonces las deserciones han sido constantes, aunque sin excesiva relevancia. Hasta la semana pasada. Dos procuradores de las Cortes de Castilla y León fueron expulsados del partido por discrepancias con las instrucciones emanadas de Bambú. Gallardo se negó a firmarlas, lo que fue considerado como un apoyo a los disidentes y no aceptación de la autoridad de la dirección, con lo que anunció su dimisión y que abandonaba la política para retomar la abogacía.

Los sondeos siguen siendo buenos para Vox y es indudable que Abascal fortalece su figura como líder de Patriotas, aunque también tiene riesgos la alianza con dirigentes de la ultraderecha europea. Meloni, por ejemplo, tiene mejor cartel, pero Orbán es considerado un político del ala más dura de la ultraderecha, con tendencias dictatoriales y denuncias de corrupción. 

Abascal, sin embargo, tiene en él a uno de sus aliados más firmes. Por razones políticas, ideológicas, pero también económicas: para la campaña del 2023, un banco húngaro cercano a Orbán concedió a Vox dos créditos de casi 10 millones para financiar su campaña. Nada ilegal, fueron incluso declarados al Tribunal de Cuentas, pero no todo el mundo en Vox aceptó la operación: en cierto sentido, Vox quedaba condicionada en el futuro por lo que decidiera Viktor Orbán.