Los siete universitarios del programa Campus Rural del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que han realizado sus prácticas en la Mancomunidad de Tierras Altas de Soria finalizan el próximo viernes su estancia en esta comarca.
El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, invitado por el presidente de la mancomunidad, José Ramón Ruiz Sastre, ha visitado hoy en San Pedro Manrique la sede de esta asociación de municipios para conocer de primera mano las impresiones de estos estudiantes y cómo se ha desarrollado un programa que ha tenido muy buena acogida en Soria y que permite a los universitarios realizar prácticas en municipios de zonas rurales con menos de 5.000 habitantes.
En la Mancomunidad de Tierras Altas están los siete jóvenes mencionados. Concluyen la estancia en esta comarca el 31 de agosto. Algunos desarrollan sus prácticas desde el 1 de junio y otros, desde el 1 de julio. Durante estos dos o tres meses, según los casos, han recibido una prestación económica de 1.000 euros brutos mensuales por estudiante, junto a los gastos de seguridad social, sin ningún coste para la mancomunidad.
Estos estudiantes, que comparten una casa rural facilitada por la mancomunidad, proceden de seis universidades diferentes. Dos de ellos cursan Arquitectura y Derecho, respectivamente, en la Universidad de Castilla-La Mancha. Hay una estudiante de Sociología de la Universidad de Barcelona y otra de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.
En la Universidad de Zaragoza cursa el doble grado de Geografía y Ordenación del Territorio otro de los participantes. Y otra de estas alumnas estudia el doble grado de Sociología y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Por último, en la Universidad de Alcalá de Henares estudia Arquitectura y Urbanismo el séptimo de los jóvenes que están en Tierras Altas.
Voluntarios y con iniciativa
Según el presidente de la Mancomunidad, todos estos universitarios se han mostrado "muy voluntariosos y con mucha iniciativa". Con esta predisposición, "han rendido a un gran nivel realizando cometidos muy distintos". Los alumnos de Arquitectura han colaborado con el arquitecto de la mancomunidad en la redacción de proyectos muy variados.
Los alumnos de Derecho han ayudado al secretario en la redacción de los pliegos de las numerosas convocatorias que ha habido que licitar, sobre todo con subvenciones conseguidas por la Mancomunidad procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España que se sitúan en el entorno de los cinco millones de euros.
El alumno de Geografía y Ordenación del Territorio ha colaborado en el estudio de los pastos de la comarca y ha supervisado las fichas del proyecto de Transferencia de conocimiento de pastores senior a junior. Se trata de unas becas que la Mancomunidad financia también dentro de un proyecto para futuros emprendedores que cuenta con el apoyo del MITECO.
Gracias a estas becas los pastores con ganadería extensiva que aún quedan en esta comarca y están próximos a la jubilación puedan transferir sus conocimientos para que no desaparezcan y facilitar que los jóvenes tomen el relevo de estas explotaciones.
Por último, las universitarias que cursan Sociología han colaborado con los estudios sociológicos que realizan los agentes de desarrollo de la mancomunidad y han participado en las muchas variantes del Plan Integral de Desarrollo Inteligente y Sostenible de las Tierras Altas (PIDISTA). Este plan ha recibido igualmente subvenciones para la innovación territorial, la reactivación de la actividad socioeconómica y la lucha contra la despoblación del Ministerio para la Transición ecológica y el Reto Demográfico.
Es un proyecto que trata de asentar las bases del desarrollo integral de Tierras Altas para generar nuevas oportunidades en el territorio que contribuyan al freno y reversión de la alta despoblación de la comarca. Se pretende actuar simultáneamente sobre dos circunstancias que se retroalimentan entre sí como son la pérdida de oportunidades laborales y la merma de los servicios públicos.
Campus Rural
A falta del balance definitivo del programa, a 15 de julio, a Soria habían llegado veinte alumnos a ocho localidades diferentes. Era la cuarta provincia española que más estudiantes del Campus Rural había recibido. Sólo la superaban Murcia (27), Almería (23) y Alicante (22). Navarra también había recibido a veinte alumnos.
De este primer balance provisional, en que se contabilizan datos de 28 de las 41 universidades participantes en la iniciativa impulsada por el MITECO, se deduce que de los 404 estudiantes que ya ocupaban entonces, a mediados de julio, su plaza, 146 son hombres (36%) y 258, mujeres (64%). Por estudios, destaca la rama de ciencias sociales, jurídicas y humanidades, que copa un 65% de las prácticas, frente al 35% que suponen las ingenierías y las titulaciones vinculadas a ciencias de la salud.
Las prácticas formativas pueden durar de dos a cinco meses entre mayo y noviembre de 2024. No tiene coste para la entidad, aunque se valora la oferta de soluciones habitacionales para los alumnos. Estos alumnos pertenecen a universidades de toda España. Cada universitario percibe por estas prácticas 1.000 euros mensuales y se ofertaron inicialmente 750 plazas.
Campus Rural es una iniciativa promovida por el MITECO, en colaboración con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Este programa ofrece a los estudiantes de cualquier titulación de las universidades españolas participantes la oportunidad de realizar prácticas formativas en entornos rurales y áreas con riesgo de despoblación.
El objetivo principal del programa es contribuir al reequilibrio territorial incentivando la llegada de capital humano a los espacios más despoblados para dinamizar su tejido productivo, social e institucional. Además, Campus Rural ofrece una experiencia vital, en la que se generan nuevas formas de arraigo y vínculo, que favorecen la actividad y la creación de oportunidades de empleo en el territorio.
Las prácticas académicas se realizan en entidades cuyas dependencias o actividades estén ubicadas en dichas zonas de vulnerabilidad territorial, ya se trate de ayuntamientos, mancomunidades y otros organismos públicos, así como empresas, asociaciones, cámaras de comercio y fundaciones sin ánimo lucro.