El Impuesto sobre el Patrimonio, que en Castilla y León incluye solo a quienes poseen fortunas a partir de 700.000 euros (sin contar el valor de la vivienda habitual hasta 300.000 euros), corresponde en Soria a 310 declarantes, un aumento de casi un 4% si se tiene en cuenta que eran 296 en 2018 y 298 en 2019, antes de la pandemia. Sin embargo, el número de lo que podríamos llamar grandes fortunas, alcanzó en el año 2013 los 329 declarantes y en 2015 los 323 en la provincia de Soria, en un análisis con los datos de los últimos diez años. La caída se registró en 2014 y de 2015 a 2018, aunque después se ha registrado una recuperación. Se trata de estadísticas sobre el periodo voluntario de declaración, es decir, sin sumar los que se incorporasen después, que sí se computan en la estadística estatal pero dentro del dato nacional y del autonómico; y sin tener que esperar actuaciones posteriores de la inspección ni computar correcciones o declaraciones presentadas fuera de plazo.
En cuanto a la recaudación de este impuesto en la última década, actualmente se sitúa en Soria en los 1.108.210 euros, con un aumento del 19% desde los 896.000 euros recaudados en 2019 y una cifra muy por encima de los 825.080 de 2017. Puede deducirse también que es lo que ha crecido la fortuna de este colectivo en estos años.
Aunque el número de declarantes ha ido cayendo desde 2015 y en 2020 se recupera, en las cantidades recaudadas en plazo voluntario se observa una clara tendencia al alza desde 2017, a pesar del bajón registrado ese año, hasta los 825.000 euros, y en 2013, hasta los 790.000 euros. En la actualidad, sin embargo, se supera ya el millón de euros desde después de la pandemia de covid. En definitiva, la provincia de Soria aporta casi el 3%de la declaración en periodo voluntario de este impuesto y las declaraciones suponen un 4% del total. En esta evolución en Castilla y León, el número de declaraciones descendió significativamente en 2017, para recuperarse, sobre todo, en 2020, 2021 y 2022. En la evolución del importe, se ha aumentado desde 2017, aunque con un ligero bajón en 2021.
Según la Memoria de la Gestión Tributaria de Castilla y León en 2022, el año pasado se presentaron 7.596 declaraciones del Impuesto sobre el Patrimonio, con una recaudación de 39, 2 millones de euros, lo que es un 9,61% más que el año anterior; y se gestionaron 14 liquidaciones por todos los conceptos, con un total a ingresar de 5,27 millones de euros. En cuanto a la evolución, el gravamen por este impuesto se eliminó de 2009 a 2011 y desde que se restableció el número de liquidaciones se ha mantenido en una línea similar todos los años, con un ligero aumento del 3,26% de 2012 a 2022, al pasar de 7.356 a 7.596. El importe de las autoliquidaciones ha supuesto un incremento del 28,52%, al pasado de 30,5 millones en 2012 a 39,2 millones en 2022.
el impuesto. El llamado Impuesto sobre el Patrimonio, cedido por el Estado a las comunidades autónomas, lleva tiempo además bajo los focos por el debate sobre si las diferencias entre territorios alientan competencia y cambios de residencia fiscal; sobre todo, desde que Madrid decidió bonificarlo al 100%, a cuya estela se sumó Andalucía el año pasado y ahora Extremadura. Galicia también lo bonifica, pero el 25%, mientras otras comunidades han optado por alterar las escalas de gravamen o el patrimonio neto a partir del cual se está obligado a pagar. En Castilla y León continúa en 700.000 euros, el mismo listón fijado por la norma estatal cuando se decidió recuperar este tributo; Vox aboga por su eliminación, mientras el PP, sin decir sí o no, lo mantiene tal cual.
Este impuesto es un tributo de devengo anual, que grava el patrimonio neto de las personas físicas a 31 de diciembre de cada año, entendiendo por patrimonio neto el conjunto de bienes y derechos de contenido económico pertenecientes a una persona física, con deducción de cargas y gravámenes que disminuyan su valor, así como de las deudas y obligaciones de las que debe responder. La gestión está compartida con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) y las declaraciones se presentan junto a las del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).La inspección de tributos del Estado puede realizar actuaciones de comprobación e investigación al comprobar el IRPF, sin prejucio de las facultades de gestión e inspección de la comunidad.
más de 7.500. Según los datos a nivel autonómico de la Agencia Tributaria, en Castilla y León el número de grandes fortunas aumenta un 2%, lo que son 149 declarantes más que en 2019, dentro de un colectivo cuyo patrimonio neto, dentro del mismo intervalo de tiempo, ha pasado de 18.113 a 19.356 millones, un 6,8%.
De la Memoria de la Gestión Tributaria 2022, publicada por la Junta de Castilla y León, se desprende que de total de 7.596 personas ricas en la comunidad, aportan un mayor número Valladolid (1.713), Burgos (1.352), León (1.373) y Salamanca (1.291), frente a Palencia (460), Zamora (432), Segovia (385), Soria (310) y Ávila (280). En cuanto a la recaudación, en concordancia con los datos anteriores, se posicionan en primer lugar Valladolid (10,7 millones de euros), Burgos (8,8 millones), León (8,1 millones) y Salamanca (4,9 millones), seguidas de Palencia (1,7 millones), Zamora (1,4 millones), Segovia (1,3 millones), Soria (1,1 millones) y Ávila (911.000 euros).
Valladolid, en los primeros puestos en los dos apartados, registra un aumento de 65 declarantes de patrimonio más que en 2019, tras pasar de 1.652 a 1.713 (3,93%) los declarantes de este impuesto en el periodo voluntario. Asimismo, dado que las grandes fortunas vallisoletanas generaron el 26,61% de la recaudación de Castilla y León en el último ejercicio contabilizado, bien puede deducirse que les corresponde en torno a 5.152 millones de los citados 19.356 de patrimonio neto de la Comunidad; de media estimativa, rondan los tres millones por cabeza. Y la fortuna de este colectivo en su conjunto habría crecido casi un 30% desde 2019, teniendo en cuenta en este caso que la recaudación ejecutiva ha crecido desde entonces, en comparación con 2022, un 28,91%. Valladolid volvió a superar los once millones de recaudación anual a través de este impuesto y es la provincia de la Comunidad que más aporta por esa vía, rebansando tal cantidad por segundo ejercicio consecutivo, pero con un notable aumento de los cobros en periodo voluntario. Dentro del periodo voluntario de 2021, en Valladolid se contabilizaron, concretamente, 1.717 declaraciones de este impuesto que de inicio generó así una recaudación de 9,3 millones, una cifra que (tras inspecciones y demás) acabó por elevarse a 11,5 millones. En 2022, mientras, ya de primeras, con 1.713 declarantes (cuatro menos) se alcanzaron 10,7 millones (1,4 más), y finalmente 11,2 (0,3 menos).