La Consejería de Industria, Empleo y Comercio vuelve a poner en el punto de mira a los sindicatos y anuncia que auditará los «gastos desmesurados» de estos en el programa de visitas en Prevención de Riesgos Laborales en Castilla y León. Un extremo que avanzó el director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, Fernando de la Parte, durante su intervención en la Comisión del ramo en las Cortes autonómicas, donde también explicó que desde la Consejería se investiga igualmente el «modo» en que el Serla cambio de su anterior sede a la actual y pasó de pagar un alquiler de 28.000 a 50.000 euros con un contrato de quince años. «No dudo de la necesidad, criticó su fase obstruccionista», sentenció De la Parte en su respuesta a una pregunta de la procuradora del PP Paloma Vallejo sobre los programas de seguridad y salud laboral.Intervención que aprovechó para volver a arremeter contra los sindicatos a los que acusó de estar en una «fase obstruccionista» por haber eliminado sus subvenciones.
«Las subvenciones a los sindicatos eran la prioridad de la Consejería», sentenció en referencia a la anterior gestión en Industria, Comercio y Empleo antes de que este departamento haya pasado a ser gestionado por Vox en el reparto de consejerías del Gobierno de coalición con el Partido Popular. Así, defendió que el ahorro en «gasto político» con la eliminación de subvenciones a los sindicatos se ha reinvertido en programas e incentivos en materia de seguridad, salud y bienestar laboral en cuya estrategia se ha introducido la salud mental, lo que calificó de una «novedad». En esa línea de ataque a los sindicatos, afirmó que, tras suprimir sus subvenciones, están «estorbando» lo que afirmó que «perjudica» la seguridad y salud laboral, según informa Ical.
De la Parte se detuvo en facilitar datos de algunos de los programas, como le pidió la procuradora del PP, entre ellos reflejó la retirada en dos fases de 465.000 metros cuadrados de amianto y añadió que esperan convocar una tercera fase en este mismo mes, ya que han sido 185 las empresas que han solicitado la ayuda con una media de 18.000 euros. También, mencionó el programa de seguridad rural con las diputaciones y el Consejo Comarcal de El Bierzo que ha beneficiado a un millar de agricultores con subvenciones de entre 3.000 y 15.000 euros. Además, manifestó que 200 empresas han solicitado ayudas para poner en marcha planes de salud psicológica y mental.
De la Parte defendió que la seguridad en el trabajo es una prioridad de la Consejería que dirige Mariano Veganzones y subrayó que el presupuesto ha crecido nueve veces al pasar de los 5 millones en 2021 a los 25 millones entre 2022-2023. Ese incremento ha sido posible al suprimir «gastos políticos» a los sindicatos y reinvertir ese ahorro en formación y en prevención de riesgos laborales sin las «costosas» visitas de los representantes de los trabajadores. El director general recordó que la Consejería ha reducido su aportación al Serla hasta los 400.000 euros y ha ofrecido al Serla que se traslade a las oficinas de Empleo en Valladolid y ahorre el gasto en el alquiler. Algo por lo que mantiene una pugna con los sindicatos, que acusan a Empleo de «hostigamiento» y de incumplir con derechos laborales.