Conforme se van conociendo más detalles del caso del rey emérito Juan Carlos I, cada vez se le hace más difícil al Ejecutivo de Sánchez no «perturbarse», como lo demostró ayer en la conferencia de prensa junto al primer ministro italiano. Las declaraciones de ayer son duras, rotundas y hasta premeditadas para intentar levantar un cortafuegos entre el monarca actual y su padre. El presidente del Gobierno evitó recurrir a la «presunción de inocencia» o a que «la justicia actúe». Esta vez incluso espoleó a aquellos medios de comunicación por la publicación de las informaciones «inquietantes y perturbadoras» sobre el trasiego de millones de euros que supuestamente el rey de la Transición recibió de Arabia Saudí y envío a un banco suizo.
Desde que Zarzuela se viera salpicada por la corrupción en el caso de Iñaki Urdangarín, Felipe VI no ha escatimado en distanciarse y condenar comportamientos ilícitos de su familia ante el temor del aumento del desprestigio de la institución. Desde que llegara al trono, el rey ha puesto la ejemplaridad como uno de los pilares de su mandato. Conocedor de la corriente antimonárquica en plena crisis socioeconómica, no le quedó otro camino que reforzar aún más los lazos con la ciudadanía para potenciar la imagen monárquica, cada vez más en decadencia. El despegue de partidos republicanos en las urnas, como Podemos -ahora en el Gobierno-, y la influencia aún más decisiva de las formaciones independentistas no hacen sino dificultar la posición de Pedro Sánchez ante un escenario más complejo no solo en lo político, sino también en el ámbito judicial.
Los asuntos turbios del antiguo jefe del Estado aterrizan justo en un momento convulso en lo sanitario y en lo económico y dan alas a aquellos que abogan por un cambio de modelo en lo institucional sin constatar el papel que le concede la Constitución al rey de España en representatividad y que «arbitra y modera las instituciones», como ha ocurrido en estos últimos cuarenta años. Hasta ahora los principales partidos de gobierno, PSOE y PP, siempre han mantenido una línea de defensa y de protección ante la figura de Juan Carlos I que, tras la caída de Botswana y el caso de Urdangarín, empezó a menguar.
Por eso resulta llamativa la contundencia con que por primera vez un presidente del Gobierno se pronuncia sobre las sospechas de corrupción del monarca. Más allá del debate de la inviolabilidad, el mensaje de Sánchez recuerda a esa frase que el propio afectado diluyó en uno de sus mensajes navideños: «la ley es igual para todos». Lo que es evidente es que ese muro que protegía a la monarquía ya se ha derribado.