La supresión de las reglas fiscales –límites de déficit público, deuda pública y regla de gasto– durante los momentos más duros de la pandemia no se tradujo en actuaciones irresponsables económicamente hablando por parte de los ayuntamientos de Castilla y León, que actuaron con «responsabilidad fiscal» en la ejecución de los presupuestos de 2020 y 2021, sin aumentar la deuda y cumplieron con el pago a proveedores.Así lo sentencia el informe 'Análisis del impacto en la situación económico-financiera del sector público local de Castilla y León de la suspensión de las reglas fiscales, ejercicios 2018-2021', presentado ayer  en la Comisión de Economía de las Cortes por el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia.

El objetivo de esta fiscalización, como explicó, era realizar un análisis de la evolución de los datos de ejecución presupuestaria y de las principales magnitudes presupuestarias, a raíz de la pandemia, así como evaluar el impacto que la misma y la derivada suspensión de las reglas fiscales ha tenido en el sector público local. Como antecedentes, Amilivia recordó que el estado de alarma declarado por la pandemia supuso la posterior suspensión de las reglas fiscales acordada por el Gobierno, lo que incidió en la ejecución presupuestaria y en menores ingresos por una menor actividad, si bien subrayó que las reglas de gasto desaparecen en 2024.

En este periodo, todas las entidades, a nivel agregado, el impacto presupuestario se produce, no tanto en los ingresos, que se mantienen en 2020, como en los gastos, que disminuyen un 1,9% rompiendo la tendencia de crecimiento del año anterior, de un 3,6%. En 2021, los gastos crecen un 10,8% y los ingresos un 6,3 por ciento. En 2021, explicó, la tendencia de crecimiento del gasto se da en todos los grupos de entidades, resultando un porcentaje muy elevado en los ayuntamientos menores de 1.000 habitantes, donde se eleva en torno a un 20 por ciento.

El informe determina igualmente que los niveles de endeudamiento de las principales entidades locales no aumentaron a raíz de la pandemia covid-19, ni como consecuencia de la consiguiente suspensión de las reglas fiscales, manteniéndose dentro de los límites de la normativa reguladora de las haciendas locales.

1.319 millones de remanente

Al cierre de 2021, el remanente de tesorería para gastos generales agregado de los ayuntamientos y diputaciones ascendió a 1.319 millones. Con carácter general, a pesar de la suspensión de las reglas fiscales, las entidades locales han actuado con responsabilidad fiscal en la ejecución de los presupuestos de 2020 y 2021. Por otra parte, la deuda de las diputaciones con respecto a sus ingresos se sitúa en niveles muy moderados a fin del ejercicio 2021, que van desde el 0 por ciento de la de León, Soria y Zamora y el 1,1 por ciento de la de Salamanca, al 32,8 por ciento de la de Burgos, muy lejos en todo caso de los límites legalmente previstos.

Finalmente, el presidente del Consejo de Cuentas recomendó que todos los ayuntamientos y diputaciones deberían actuar con una «especial responsabilidad fiscal» en la liquidación del presupuesto del ejercicio 2023 y en la aprobación del presupuesto de 2024, teniendo en cuenta la perspectiva de recuperación de un escenario de estabilidad presupuestaria y regla de gasto.