El PSOE ha decidido pasar a la ofensiva judicial en aquellas causas que afectan al partido, al Gobierno y al entorno familiar del presidente del Gobierno. Después de haber estado a la defensiva a la espera del transcurso de los casos en los que organizaciones de ultraderecha están personadas como acción popular, o han presentado directamente las querellas, y tras las declaraciones el comisionista Víctor de Aldama, y a la vista también de la precipitación con que actúan los jueces en esos procesos, el PSOE ha decidido personarse en los procesos abiertos en los que el conseguidor está procesado, el caso Koldo-Ábalos y el del fraude de hidrocarburos.
Con su personación como acusación popular, el PSOE pretende estar informado de primera mano y al mismo tiempo que el resto de las partes de las diligencias del juez y de los documentos que pueda recibir, lo que cobra especial relevancia desde el momento que Víctor de Aldama ha salido de la cárcel por decisión del juez, a petición de la fiscalía anticorrupción por la promesa de colaborar con la justicia en todos los casos que le afectan mediante la presentación de pruebas. Que los partidos políticos actúen como acusaciones particulares provoca siempre de un debate jurídico-político intenso, porque en la mayoría de los casos, como está acreditado, su labor, más que ayudar a resolver los pleitos con prontitud consiste en poner trabas a su desarrollo, pero mientras no se legisle en contrario se convierte en una estrategia de defensa más. Depende ahora de los titulares de los juzgados dos y cinco de la Audiencia Nacional, el primero que investiga el caso Koldo, y el segundo la trama de hidrocarburos, aceptar la petición del PSOE
Tras el fracaso de las iniciativas judiciales contra el juez Juan Carlos Peinado que instruye la denuncia contra Begoña Gómez que pretendían que se cerrara el caso. Tanto Sánchez como su esposa consideraban que se trataba de una investigación prospectiva, pero resultó avalada por la Audiencia de Madrid. El defensor de Begoña Gómez ha pedido que acudan a declarar destacados gestores de la Universidad Complutense, que en su paso por la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid no aportaron ninguna prueba sobre actuaciones delictivas de Begoña Gómez en los dos presuntos delitos por los que está siendo investigada últimamente, intrusismo profesional y apropiación de un software de la Universidad. Es de esperar que el juez se muestre tan diligente como siempre.
La justicia, tan lenta en tantas ocasiones, parece en estos días que sufre un ataque de rapidez inusitado y una epidemia de filtraciones. En el proceso contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el juez del Supremo que lo instruye ha llamado a declarar casi por la vía de urgencia al secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, por unas informaciones y una inusitada actuación del político madrileño sobre los correos electrónicos que desvelaban el fraude fiscal del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que de paso pueden salpicar a La Moncloa. Rapidez también en la filtración del informe de la UCO que apunta a la actuación 'preminente' de García Ortiz en todo ese proceso, pero que lo mismo sirve para inculparle que para exculparle porque nada le incrimina directamente. Y extremada rapidez para poner en libertad a De Aldama, sin que el fiscal general tuviera noticia de lo que iba a hacer su subordinado de la fiscalía anticorrupción.