Lo que está ocurriendo en el mundo demuestra a las claras la importancia de la política y cómo ésta condiciona todas las áreas de la sociedad, incluyendo la economía. La política tiene peso sobre la vida… y sobre la muerte. Las exasperantes secuelas de la tragedia valenciana acreditan, en efecto, que la política puede provocar consecuencias funestas.

La exconsejera de Interior de Valencia, Salomé Pradas, ha dicho, en el marco del proceso judicial abierto, que de emergencias no sabía nada. Para justificarla, Mazón ha señalado que su currículum no era peor que el de su homóloga antecesora en el gobierno socialista de Puig.

La debacle valenciana es un utilísimo manual de instrucciones de lo que hay que hacer. Una de esas cosas seria revisar la capacitación de ciertos cargos políticos regionales con responsabilidades graves. Pongamos un caso: en 1997 se estableció que los subdelegados del Gobierno fueran funcionarios, con un nivel de cualificación básico, de modo que no cualquiera pudiera asumir esta responsabilidades de alto rango en una provincia. Hablamos de fuerzas de seguridad y procedimientos de salvaguarda de los ciudadanos y sus bienes.

Pues bien, ¿ha llegado el momento de que algunas instancias de la administración autonómica sean reguladas por normas homologadas que garanticen la cualificación de quienes son nombrados por criterios dispares? Sabido es que en las designaciones locales suelen influir cuestiones de partido, equilibrios provinciales, el sexo u otros factores de mucho fuste pero escaso aprovechamiento.

El caso de Salomé Pradas es paradigmático: una licenciada en Derecho, de alentadora carrera política, pero sin preparación no ya en emergencias, sino incluso en situaciones de apuro y conmoción.

Pues eso: no todo el mundo vale para todo, ni sirve el escudo argumental de que para eso están los técnicos, porque ni las responsabilidades son solo de los funcionarios ni su mando y coordinación son innatos. Se impone una redistribución de estas competencias, incluso volviendo a diseñar el reparto autonómico, en aras de la eficiencia.

Queda demostrado: la cercanía al ciudadano es el objetivo, pero no siempre el método. Y la democracia es el procedimiento, no el pretexto. Cualificación y calidad son causa y efecto.