Dos meses y cinco reuniones plenarias después, los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial, por fin, han sido capaces de ponerse de acuerdo en la persona que ha de presidir el tribunal Supremo y el órgano de gobierno de los jueces después de los cinco años en que la institución ha estado secuestrada por la decisión del PP de que no cambiara su signo ideológico, como correspondía a la conformación del Congreso. Finalmente, una mujer, Isabel Perelló, adscrita a Juezas y Jueces para la democracia, de carácter progresista y moderada, será la primera que preside la institución, y ha de dirigir una carrera profesional que está integrada ya por más juezas que jueces.
En cuanto a las formas, tan importantes en el mundo de la justicia, la elección de Isabel Perelló supone que la apertura del año judicial en presencia del rey va a contar con una presidenta del TS de iure, después de que desde 2019 los presidentes del CGPJ que hablaron ante Felipe VI lo hicieran estando en funciones, y en los últimos años rodeados de una fuerte polémica por el bloqueo al que estaba sometido. Presentarse ante el rey sin un presidente, después de que se llegara a un acuerdo sobre el sistema de elección de los vocales elegidos a medias por el PP y el PSOE habría sido incomprensible, y de ahí las febriles negociaciones de última hora en la que Isabel Perelló apareció como nombre de consenso. Por el camino se han quedado jueces y juezas del Supremo con un currículo extraordinario. Que ese haya sido el motivo de la tardanza en la elección de la presidenta del TS solo se puede admitir con muy buena voluntad, cuando era evidente que cada bloque votaba a sus candidatos. Si, en efecto, el nombramiento se ha producido sin injerencias de los partidos políticos será la mejor de las noticias.
A pesar de los bloqueos previos y la falta de acuerdo actual, la presidencia del CGPJ será ejercida por una mujer de carácter progresista que tendrá en sus manos el voto de calidad para desempatar en el caso de votaciones enconadas, y de quien dependerá fijar la actividad del órgano de gobierno de los jueces que previsiblemente ya no hará informes que nadie le ha pedido en contra de decisiones del Gobierno. A lo largo de los últimos años, quienes defendían la despolitización de la justicia han utilizado el CGPJ como tercer cámara que ha tenido una intensa actividad política. Aunque el CGPJ ha comenzado con el tropiezo de la tardanza en la elección de su presidenta -todos estaban de acuerdo en que fuera una mujer- , en sus manos está demostrar que los cambios introducidos en la elección de los vocales servirá para despolitizar la justicia, lo que comenzará a verse cuando el CGPJ ya en el uso de todas sus facultades comience con el nombramiento de los jueces que deben cubrir el centenar de vacantes que se han producido desde que la modificación de la ley del Poder Judicial impidió que ejerciera esa función.
El nombramiento de Isabel Perelló, avalado por los diez vocales del sector conservador y seis del progresista -otros cuatro votaron a Ana Ferrer- es el primer paso para que el CGPJ recupere el prestigio perdido y dilapidado a lo largo de los últimos años. La nueva presidenta del CGPJ está avalada por su trayectoria profesional y el respeto de sus compañeros por su desempeño en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo. No era la candidata preferida del Gobierno, pero cuenta también con su respaldo.