La respuesta que dio el Fiscal General del Estado a la fiscal jefe de Madrid, que le preguntaba si él, Álvaro García Ortiz, había filtrado los correos de la pareja de Ayuso, pasará a la historia. Vaya si importaba esa filtración que informaba sobre las negociaciones de Alberto González Amador y su abogado con la fiscalía para llegar a un acuerdo de conformidad… Tiene tanta importancia que echa abajo toda la estrategia del gobierno, acusando a Ayuso y su gabinete de difundir bulos y de ser los auténticos filtradores.

Con seguir el minutado de lo ocurrido, y las declaraciones de una y otra parte, cualquiera puede hacerse una composición de la historia. Sobre todo cuando el líder del PSOE madrileño, Juan Lobato, fue el primero en sospechar que le querían utilizar en una maniobra de muy dudosa legalidad y acudió a un notario para que levantarse acta de las llamadas y mensajes que había recibido. Sospechó ante la insistencia de que interviniera en la asamblea parlamentaria madrileña para dar cuenta del acuerdo de conformidad que intentaba el novio de Ayuso, apoyándose en que ya lo habían publicado varios medios. Lo que era falso en ese momento.

La fiscal Almudena Lastra ha puesto algunas piedras sobre la tumba de García Ortiz, pero también las ha puesto el fiscal del caso, Julián Salto. Una y otro han contado detalles coincidentes que demuestran los nervios del fiscal general para que se publicaran informaciones que dañaban a Ayuso por persona interpuesta, su pareja; pero intentando al mismo tiempo que no cayeran sospechas de que García Ortiz era quien daba las instrucciones de filtración; porque, al hacerlo, incurría en delito por revelación de secretos. De hecho, es por lo que está imputado por el Supremo.

El gobierno mantendrá su estrategia de acusar de politización a los jueces que cumplen su trabajo, así como a los fiscales que no dudan en dar con todo lujo de detalles cuál fue el papel del Fiscal General en aquellas horas y qué órdenes impartió cuando sus subordinados ofrecían resistencia.

Por mucho que Moncloa niegue y siga negando, hay hechos incuestionables: entre ellos destaca el borrado del teléfono de García Ortiz para que desaparecieran las llamadas y mensajes recibidos en aquellos días críticos. Un borrado que indicaba que quería eliminar cualquier pista que pudiera implicarle. Cuando se estrecha el cerco y el juez solicita a la UCO que profundice en sus investigaciones, se publica que el fiscal general ha pedido información a la policía sobre la manera de obtener información de un teléfono "borrado".

El simple hecho de ser imputado por su vinculación con un caso tan sórdido, llevaría a cualquier Fiscal General a presentar su dimisión. García Ortiz aguanta porque cuenta con el apoyo del gobierno. Debe pensar que es por afecto, por lealtad. Pero infinidad de españoles creen que Sánchez lo mantiene y le anima a seguir porque es su escudo de protección.

Si cae tan altísimo alto cargo, podría producirse el desmoronamiento de un monumental castillo de naipes.