El ruido no llegará a La Moncloa, pero la calle empieza a llenarse de manifestaciones de protesta contra el gobierno.

Empezaron con la vivienda, luego se van sumando gradualmente los profesionales de la Sanidad, preparan manifestaciones los funcionarios y no falta mucho para que también lo haga el sector educativo. La mayoría de los españoles ha comprendido de la peor manera posible, en su propia economía, en su propia calidad de vida, que este gobierno es incapaz de resolver los problemas cotidianos. Sus proyectos, sus promesas, son palabras que se lleva el viento.

La vivienda es inalcanzable para los ciudadanos de clase media. No hace tantos años, personas con una vida sin lujos y salarios poco más que de supervivencia, con el tiempo lograban alquilar o comprar una vivienda. Hoy, sus hijos y nietos, en el mejor de los casos comparten casa con otros en igual situación o siguen viviendo con sus padres, sin perspectivas de tener casa propia en un futuro próximo. Ante sus propios ojos, desalmados que conocen la laxitud de las leyes españolas sobre la okupación, viven bajo techo desde hace años en viviendas que no son suyas, sin que esas leyes supuestamente progresistas logren expulsarlos y las viviendas sean devueltas a sus dueños.

La Sanidad, con espléndidos profesionales en la pública y en la privada, se resiente de la falta de personal y medios. Transferida a las comunidades autonómicas, el gobierno central sin embargo es quien decide sobre el número de plazas de mir y, por tanto, sobre la ampliación de plantillas. La pública es excelente, pero la falta de personal convierte en agotadoras las jornadas, que además se incrementan con guardias que no cotizan como horas extras.

La campaña del gobierno contra las universidades privadas se convierte en una burla cuando medio gobierno y el propio presidente han conseguido sus títulos en universidades privadas. Los datos indican además que los titulados en las privadas tienen un 30 por ciento más que los de las públicas de incorporarse al mundo laboral, y con mejores salarios. Porque saben las empresas que es falso que se compren títulos en las privadas, y el nivel de exigencia es máximo.

El gobierno central ha demostrado su incapacidad o indiferencia -que es peor- para dedicar el máximo esfuerzo a resolver con urgencia asuntos tan graves como los efectos de la dana; por no mencionar que en La Palma todavía hay docenas de familias alojadas en barracones. Mientras, la corrupción aparece con toda su crudeza en círculos del poder, y la reacción del sanchismo es desacreditar a los jueces y utilizar al Tribunal Constitucional para echar abajo sentencias que perjudican a personas del círculo familiar o político del presidente de gobierno.

Las decisiones arancelarias de Trump van a hacer aún más difícil la vida de los españoles, pero no podrán ser excusa de las apreturas económicas de las familias: este gobierno, que tanto presume de considerar prioritario el bienestar social, ha fracasado con medidas absolutamente inadecuadas. Con el agravante de que se sabía que eran inadecuadas.